EN LAS PROVINCIAS DE AYABACA Y HUANCABAMBA (REGIÓN PIURA),
SAN IGNACIO Y JAEN (REGIÓN CAJAMARCA)
Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP)
Septiembre 2010
Los abajo firmantes, nos dirigimos a los actuales gobiernos provinciales (2007-2010) de Ayabaca y Huancabamba (Piura), San Ignacio y Jaén (Cajamarca) y los candidatos para las respectivas alcaldías provinciales (2011-2014); los actuales gobiernos regionales (2007-2010) de Piura y de Cajamarca, y los candidatos para las respectivas presidencias regionales (2011-2014); el Ministerio de Ambiente (MAM), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Agricultura (MINAG) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); y a la comunidad internacional, para señalar lo siguiente:
1. En el Perú, existen grandes áreas de territorio que deberían estar exentas de explotación minera por su alto valor ecológico, cultural y socio-económico.
En ese sentido, observamos con preocupación la expansión minera en las provincias de Jaén, San Ignacio, Ayabaca y Huancabamba que ya tienen el 25% del total de su territorio concesionado para actividades mineras. Parte de esas concesiones corresponden al proyecto minero de cobre y molibdeno ‘Río Blanco’, y a lo que sería un posible distrito minero que estaría ubicado entre los distritos de El Carmen de la Frontera (Huancabamba), Pacaipampa y Ayabaca (Ayabaca); y que comprende los territorios de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta. Los estudios científicos realizados, hasta el momento, concluyen que el proyecto Río Blanco y el distrito minero pueden tener un impacto ambiental negativo.
En las cuatro provincias, los Andes del Norte y la Ceja de Selva, existen ecosistemas únicos como los bosques de neblina y los páramos que son esenciales para la provisión de agua que se utiliza para el consumo humano y el desarrollo de actividades económico-productivas. Además, estos ecosistemas ayudan a preservar especies en peligro de extinción como el Oso de Anteojos, el Tapir Andino, el Majaz, entre otros. Asimismo, estos ecosistemas albergan una enorme cantidad de flora endémica, como el árbol del Romerillo.
De realizarse la actividad minera en estos ecosistemas y con ella excavaciones, explosiones y la destrucción de la cubierta vegetal, el ciclo hidrológico sería afectado. Asimismo, aumentaría la probabilidad de desastres aguas abajo, lo que podría agudizarse si consideramos los fenómenos naturales a los que suelen estar expuestas estas zonas, como sismos y el fenómeno de ‘El Niño’.
2. Considerando que los bosques de neblina y los páramos son generadores de agua para la región de Piura y de las provincias de Jaén y San Ignacio en la región de Cajamarca, su destrucción, la sobreexplotación y contaminación de los sistemas hidrológicos que en ellos se originan, afectaría significativamente la producción agraria que abastece el mercado local e internacional. Más aún si consideramos que Piura es una región que presenta problemas de disponibilidad del recurso. En ese sentido, solicitamos que se tome en cuenta el valor de los servicios ambientales que brindan los páramos y bosques de neblina.
3. El desarrollo de la agricultura orgánica y las nuevas iniciativas de biocomercio son oportunidades económicas potenciales y reales (por ejemplo, la producción de café orgánico para el mercado internacional), que pueden ponerse en riesgo si se desarrolla una actividad extractiva de alta intensidad como la minería.
En resumen, el proyecto minero Río Blanco y la probable creación de un distrito minero, no garantiza la sostenibilidad del medio ambiente, por sus posibles impactos a corto y largo plazo en una zona agro-exportadora y de megadiversidad biológica, como las nacientes del río Chinchipe (cuenca Amazónica) y las nacientes de la cuenca del río Quiroz (cuenca Pacífica). De igual manera, otros proyectos mineros en las cuatro provincias pueden tener impactos graves. En estos casos, consideramos que no es posible una convivencia sostenible entre agricultura, minería y medio ambiente.
4. Es necesario también tener en cuenta que la población de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera han rechazado pacífica, democrática y mayoritariamente la realización de actividades mineras en su territorio, como demuestran los resultados de las consultas vecinales efectuadas el 16 de septiembre del 2007 (el 97% de la población votante, en promedio, estuvo en contra).
5. Además, se debe tomar en cuenta que la presencia de la empresa Río Blanco, en tierras comunales, ha sido considerada ilegal por la Defensoría del Pueblo en el 2006 y por el Grupo de Trabajo de Ambiente y Ecología de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República en el 2008.
El proyecto minero Río Blanco y el proceso de expansión minera en las cuatro provincias no respeta el modelo de desarrollo elegido por las poblaciones locales. Además, es motivo de conflicto social, lo que ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos, incluyendo muertos, torturados, discapacitados y perseguidos a raíz de la protesta social.
6. De igual manera, rechazamos toda actividad minera informal en las cuatro provincias, que viene generando conflictos socio-ambientales con la complacencia de los gobiernos locales, regionales y nacional, y con el apoyo de las empresas mineras dueñas de las concesiones.
Ante lo expuesto:
– Demandamos que, a nivel provincial y regional, se tomen las acciones necesarias para la creación de zonas libres de minería, tanto minería ‘formal’ como ‘informal’, dentro de las cuatro provincias Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio y Jaén.
– Además, pedimos que aumenten los esfuerzos de los gobiernos provinciales y regionales para priorizar el desarrollo de las actividades agropecuarias orgánicas y el ecoturismo, como actividades económicas sostenibles. Asimismo, solicitamos que los gobiernos provinciales avancen con mayor celeridad y decisión política con el proceso de zonificación ecológica y económica (ZEE), así como con el Ordenamiento Territorial (OT), reconociendo el rol fundamental de las comunidades y rondas campesinas en dicho proceso.
– Pedimos que, a nivel nacional, se impulse la declaración de ‘zonas libres de minería’ en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio y Jaén, teniendo en cuenta las características particulares de los territorios y la realización de los estudios correspondientes; y que se amplíe el Catastro de Áreas Restringidas a la Actividad Minera, incorporando áreas en las que el desarrollo de la actividad minera no es ambientalmente viable. Además pedimos que se declare la moratoria del otorgamiento de concesiones en las cuatro provincias hasta determinar los usos adecuados de los territorios; que se revise las concesiones otorgadas en las cuatro provincias y de su concordancia con los planes de ordenamiento territorial y desarrollo local. Con urgencia solicitamos que se promulgue una Ley de Consulta Previa que respete el consenso y acuerdo al que llegaron las poblaciones indígenas (comunidades campesinas y nativas) a nivel nacional.
– Solicitamos que, a nivel internacional, los movimientos sociales y la comunidad internacional se solidaricen con esta declaración, y que velen por la protección de los derechos humanos. Además, les pedimos exhortar al gobierno peruano para que respete el modelo de desarrollo con cultura e identidad de las poblaciones locales y se preserven los páramos y bosques de neblina por los servicios ambientales que brindan.
Declaran sus territorios ‘zonas libres de minería’:
Comunidades Campesinas y Nativas
Federación Provincial de Comunidades Campesinas (FEPROCCA) – Ayabaca
Comunidad Campesina de Segunda y Cajas – Huancabamba
Comunidad Campesina de Yanta – Ayabaca
Comunidad Campesina de San Miguel de Tabaconas – San Ignacio
Rondas Campesinas
Comité Ejecutivo Provincial de Rondas Campesinas Pacíficas Democráticas y Autónomas de Ayabaca – sede Hualcuy
Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba – sede Huancabamba
Federación Subregional de Rondas Campesinas y Urbanas de Jaén y San Ignacio – sede Jaén
Federación Provincial de Rondas Campesinas de San Ignacio – sede San Ignacio
Apoyan la declaración:
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI)
Red Regional Agua y Desarrollo – Piura
Central Piurana de Cafetaleros (CEPICAFE) – Piura
Central Fronteriza Norte de Cafetaleros (CENFROCAFE) – Jaén
Pidecafé – Piura
Asociación ‘Promoción de la Gestión Rural, Económica y Social’ (PROGRESO) – Piura
Frente de Defensa del Medio Ambiente – Huancabamba
Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro (FREDEMAVA) – Ayabaca
Colectivo por Ayabaca – Ayabaca
Colectivo Ciudadano ‘Piura, Vida y Agro – Godofredo García Baca’ – Piura
Centro Provincial Ayabaquino A.H. 4 de Octubre – Ayabaca
Movimiento Jacis – Piura
Colectivo Comunal de Reflexión Sechura – Sechura
Oficina del Medio Ambiente (VIMA) – Jaén
Asociación de Canchaqueños Residentes de Piura – Piura
Siguen firmas