Pide la renta de 800 hectáreas ejidales para su explotación antes de cumplir el contrato

Tampoco ha cumplido con estudio de impacto ambiental; ejidatarios discuten por reparto de dinero

JORGE COVARRUBIAS

Indígenas nahuas de Ayotitlán en la reunión del Consejo de Mayores Foto: FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

La Minera Peña Colorada, que actualmente tiene un contrato de 30 años con el Comisariado Ejidal de Ayotitlán para el uso de 400 hectáreas, se rehúsa a pagar el total de recursos que acordó al hacerse una revisión contractual.

El 8 de noviembre del 2010 en las oficinas de la delegación Jalisco de la Procuraduría Agraria, la empresa firmó un acuerdo en el se comprometía a incrementar el pago de renta anual en siete millones de pesos y a entregar, por única vez, una indemnización de tres millones de pesos en beneficio del “núcleo ejidal”, para hacer un total de 10 mdp.

Juan Mancilla Roblada, presidente del Comisariado Ejidal, informó que de esa cantidad sólo les han reportado seis mdp y el resto lo está condicionando a la renta de otras 800 hectáreas de su territorio para la explotación.

El representante ejidal acudió ayer junto con otros de sus compañeros, y personal de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara (UACI) –que fue en su apoyo– al Registro Agrario Nacional a exigir la expedición de sus credenciales que los certifican como autoridad legítima del Comisariado Ejidal de Ayotitlán, electos en asamblea del 2 de noviembre del 2008.

Jaime Hernández Lamas, responsable de la Línea de Justicia y Autonomía de la UACI dijo que ya no existe ningún impedimento para que el Registro Agrario Nacional reconozca a Roblada, sin embargo, le han dado largas al asunto, y mientras tanto un grupo de ejidatarios se ha aprovechado de la situación para realizar contratos de ocupación temporal de manera fraudulenta, usurpando funciones y dándose atribuciones que nadie les ha otorgado.

El horizonte en el Ejido de Ayotitlán es crítico, se aproxima la renovación del Comisariado Ejidal y su dirigencia es disputada por dos bandos: por quienes son afines a la autoridad moral y tradicional que representa al Consejo de Mayores que ya no desea saber nada de la minera, y por quienes han permitido que la empresa minera se beneficie.

César Díaz, director de la UACI, precisa que las 400 hectáreas de que dispone Peña Colorada sirven para el depósito de material rocoso estéril. Hasta el año pasado la minera les otorgaba a los ejidatarios 380 mil pesos anuales por la renta de estas tierras, y a partir del 2011 con la renegociación del contrato se estipuló que serían siete millones de pesos.

El dinero, sin embargo, en lugar de traer beneficios a la comunidad, ha agudizado los problemas internos del ejido y ha divido a la gente, explica Lamas. El primer pago de seis millones de pesos motivó una larga discusión en una de las asambleas del Comisariado Ejidal, donde se puso sobre la mesa qué hacer con el dinero. Anteriormente se había acordado que ese recurso se emplearía en proyectos de desarrollo social, en la construcción de un centro de salud en la comunidad de Telcruz y una carretera hacia la localidad de La Rosa, o que podría aprovecharse para participar en el programa estatal 3X1 con el propósito de triplicar el recurso.

Al final se pactó que el dinero se repartiera entre los mil 444 ejidatarios de Ayotitlán. A cada uno le tocaron alrededor de cuatro mil 200 pesos. Lamas menciona que la intromisión de la Confederación Nacional Campesina (CNC) lo echó a perder todo.

“El dinero sirvió para polarizar más a la gente”, añade.

Peña Colorada tampoco ha cumplido con un estudio de impacto ambiental que se convino en la revisión contractual, a efecto de analizar si han sobrepasado las 400 hectáreas que tienen en renta, y adoptar medidas que mitiguen la contaminación.

“Se comprometieron a diseñar un proyecto de mitigación de impactos, mismo que no han cumplido, se comprometieron también a desarrollar una evaluación de los proyectos productivos para determinar de qué manera se podrían reestructurar para que los manejaran ellos directamente y no la empresa , tampoco se ha cumplido con esto, y ahora la exigencia de la comunidad es que les paguen el dinero que les deben y que se registre el comisariado para que tenga la personalidad jurídica de poder continuar la negociación con la empresa”, comenta Díaz.

El titular de la UACI describe que en esas 400 hectáreas existe una montaña inmensa de rocas y pasarán cientos de años para que ahí vuelva a crecer alguna planta.

“Se están aterrando ríos, se está desapareciendo la estructura natural de la tierra, se está modificando el paisaje”, advierte.

El ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán es el más grande del país con una extensión de 50 mil 332 hectáreas, de acuerdo a la resolución presidencial de dotación de agosto de 1963. A los ejidatarios les entregaron sólo 34 mil 700 y en hechos reales disponen de 31 mil. Del resto no saben nada, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en el amparo 935/68 que debe reintegrarse el territorio a los ejidatarios.

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2011/03/31/index.php?section=politica&article=003n1pol