Posted on 5 septiembre 2011 by revistaminera|
Ciudad Bolívar.- La inmediata declaración de libre acceso a la mina Manaima ubicada en la población de La Paragua o en su defecto la aprobación dé una prórroga de explotación artesanal que caduque a finales del año en curso, fue exigida este sábado al presidente Chávez y las autoridades del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), por un nutrido grupo de mineros que desde hace 12 días vienen pernoctando en la Plaza Bolívar de esa localidad, luego de que presuntamente fueran sacados de forma arbitraria y violenta por funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional.
Estos señalamientos fueron hechos por algunos voceros del sector, horas después de la realización de una protesta pacífica, la cual se desarrolló en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de La Paragua, municipio bolivariano Angostura, con la finalidad de manifestar su inconformidad ante algunas irregularidades que se vienen registrando en la zona desde hace varios días atrás; así como para llamar la atención del Ejecutivo Nacional, en cuanto a las problemáticas que con el paso de los años siguen afectando a los mineros artesanales de la entidad y por ende de la necesaria toma de decisiones o la creación de políticas acertadas para su solución final.
Así lo informaron Janeth Ramos, Nilsa Bicuña, Ángela Cortés, Melvin Bolívar y Ángel Hernández, al tomar la vocería de un grupo de aproximadamente 4.000 mineros que venían realizando la explotación del preciado metal en la mima de Manaima, ubicada a pocas horas del centro urbano, los cuales indicaron de manera progresiva se han venido instalando en la plaza mayor de la localidad, a medida que han venido siendo sacados del área por efectivos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, a quienes sindicaron de estar cometiendo presuntos abusos de autoridad y violación de sus derechos fundamentales.
Problemas puntuales
Tales aseveraciones fueron sustentadas por Janeth Ramos en hechos puntuales como los desalojos de los cuales los mineros artesanales han sido objeto durante los últimos días, por parte de efectivos militares que aseguró “siguen sacando a padres de familias desempleados de la mina para llenarle los bolsillos a algunos mayores, mientras uno aquí afuera sigue aguantando hambre y sin contar con un sitio digno para dormir”, de allí que repudió tales atropellos y subrayó la inconformidad que como venezolanos sienten en este particular.
En este sentido rechazó la fémina que mientras las autoridades competentes les hablan de una supuesta aprobación de la mina libre, al unísono sus compañeros sigan viéndose afectados no sólo por la retención de sus implementos, el maltrato físico y verbal, sino además de algunas acciones que inclusive catalogó de injuriosas, como por ejemplo la difusión de informaciones sobre presuntos actos de vandalismo y saqueo a los comercios del lugar, todo en aras de generar una matriz de opinión desfavorable a un sector que enfatizó “en estos momentos solo le pide de manera encarecida al presidente Chávez libertad de trabajar y procesar en esa mina, pues con esto no se va a perjudicar a nadie”.
Así mismo explicó la entrevistada que esta situación viene afectando a más de cuatro mil personas, de las cuales indicó “la mitad al permanecer escondidos en la zona minera sigue siendo los más perjudicados, pues además de perder sus implementos, vestimenta y comida, están recibiendo el bombardeo de gas lacrimógeno desde los helicópteros militares”.
Estas denuncias fueron convalidadas a su vez por Nilsa Bicuña al aclarar que estas incursiones militares están afectando a un importante grupo de explotadores artesanales de la zona, la mayoría con más de veinte años de trayectoria, por lo que instó al primer mandatario nacional a aplicar los correctivos pertinentes, pues no están dispuestos a seguir durmiendo en la intemperie y padeciendo más calamidades a las vividas desde el 2006 cuando se dio inicio “este nefasto proceso de reconversión”.
Surgen propuestas
No obstante las intervenciones también fueron aprovechadas por algunos de los afectados para proponer a las autoridades algunas iniciativas que consideran favorecerán a todos los involucrados, tal es el caso de Ángela Cortés quien pidió la aprobación de una prórroga de explotación hasta el mes de diciembre en dicha zona, pues así no sólo lograrán llevar el sustento a sus familias, sino además concertar los acuerdos con unos entes gubernamentales, con los cuales se conoció han venido reuniéndose y procesando algunas tramitaciones en los últimos días, pero de no recibir una respuesta satisfactoria mañana, los llevará a buscar las salidas por sus propias manos.
Con esto se dejó por sentado la espera paciente que hasta mañana harán de una propuesta formal por parte del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), pues de no ser a partir del martes estarán coordinando algunas acciones de protesta pacífica y otras medidas como la toma de la mina Manaima, en una decisión que justifican en algunas palabras dichas por el presidente Chávez, en torno al derecho de los venezolanos a acceder a las minas, siempre y cuando las actividades sean artesanales y no deterioren el medio ambiente.
Recomiendan revisión
Es así como los declarantes inclusive conminaron al dignatario nacional a que se traslade a la población de La Paragua a constar no sólo las precarias condiciones en las cuales se ven obligados a vivir este significativo número de ciudadanos, básicamente debido a que se encuentran desempleados, sino también a revisar las actuaciones militares enmarcadas en el Plan Caura, el cual a juicio de Melvin Bolívar, desde su creación ha venido a traer hambre al sector, pese a estar amparados por el Art. 70 de la constitución, por ello cuestionó el carácter permisivo que las autoridades han demostrado en cuanto a los atropellos propinados por los funcionarios contra los mineros artesanales, quienes enfatizó “también somos parte del pueblo venezolano y contribuimos con nuestros votos a llevarlo al puesto donde hoy está”.
De igual manera denunció Bolívar la supuesta participación que las autoridades militares de la zona tuvieron en cuanto a la emisión de algunas órdenes, por medio de las cuales las ventas de alimentos, entidades bancarias y los demás establecimientos comerciales fueron cerrados y el servicio eléctrico suspendido en las inmediaciones de la plaza central de La Paragua, para que los mineros luego de 12 días de pernocta en el lugar no puedan adquirir alimentos y otros insumos requeridos, inclusive para un grupo de niños que acompañan a sus padres en este periodo de espera.
Por ello culminaron los declarantes emplazando al presidente Chávez, así como a la directiva del Mibam y los demás entes con competencia como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y a las mismas autoridades del municipio bolivariano Angostura, a desarrollar políticas que le generen reales beneficios a un sector que de acuerdo a lo indicado por Ángel Hernández, en el 2006 dejó todo para darle un voto de confianza al Gobierno nacional y en segundo lugar a hacer pronunciamientos pertinentes, pues hasta el momento las denuncias realizadas no son tomadas en cuenta, a su criterio “gracias a
Vigilancia redoblada
Aunque el ambiente se mantenía calmado en el caso urbano de La Paragua, en la entrada del pueblo los efectivos militares realizaban minuciosas revisiones de los equipajes y documentación de las personas que entraban y salían de la localidad.