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Everardo Hernández/ Pulso

 

Están en riesgo las inversiones mineras en nuestro país ya que con la reforma al artículo 17 de la Constitución, la Ley de Amparo y reglamentos de Minería, las Organizaciones No Gubernamentales y demás activistas, con el solo hecho de argumentar violación a los derechos humanos, podrán parar proyectos de ese tipo, advirtió el especialista en la materia Luis Rodolfo Rodríguez.

Al participar como invitado en un foro de minería, dijo que las empresas del ramo deberán blindarse lo mejor posible, porque el peligro es latente.

El ponente consideró “curioso” que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, impulse la inversión en el sector y por la otra, el Congreso de la Unión con apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apruebe reformas que van desde la propia Constitución Federal hasta la legislación secundaria.

Ello bajo el argumento de “salvaguardar y reconocer los derechos humanos”, aunque, dijo, las empresas están totalmente de acuerdo en que deben protegerse.

Rodríguez González refirió que las reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y entraron en vigor el pasado 4 de octubre.

La reforma abandona el concepto de “garantías individuales” substituyéndolo por el de “derechos humanos”. Dijo que surgen interrogantes tales como ¿Qué violaciones se podrán invocar ahora que la Constitución ya no establece garantías individuales?, ¿Cómo podrán defenderse los inversionistas? y si la invocación de un “interés legítimo” cualquiera podrá impugnar al sector, poniendo en duda la certeza jurídica y la seguridad de la inversión en México.

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