Técnicos de Autoridad Nacional del Agua afirman que las tarifas que se pagan “no compensan el impacto”
Domingo 20 de noviembre de 2011 – 12:50 pm
NELLY LUNA AMANCIO
“Tenemos una política de concesión de derechos mineros que se superpone a las cabeceras de cuenca en el país”, dice con preocupación Jorge Benites, ingeniero y director de Conservación y Planeamiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Y es que más del 60% de las fuentes de agua del país se encuentran delimitadas por los 48 mil denuncios mineros registrados.
Los recientes conflictos en Cajamarca y Apurímac revelan esa desconfianza de las comunidades ubicadas alrededor de los proyectos mineros respecto a la disponibilidad y calidad de agua. Dudan de los estudios de impacto ambiental (EIA), de la imparcialidad de las autoridades, del impacto económico real sobre las poblaciones, de la intensidad del daño a los ecosistemas.
Estos conflictos socioambientales tienen un mismo origen: la explotación minera en las cabeceras de cuenca, lugar donde se encuentran las fuentes de agua dulce que abastecen a las poblaciones de la costa y sierra del Perú. El proyecto Conga (minera Yanacocha) busca, por ejemplo, convertir una laguna de la cabecera de Cajamarca en un enorme tajo minero y otra en un lugar de acopio de desmonte.
Detrás de estas protestas se debate algo más que la viabilidad de un proyecto: el futuro de las fuentes de agua. Esta semana el presidente Ollanta Humala respaldó el proyecto Conga, pero aseguró, a su vez, que se garantizará la disponibilidad y calidad del agua. ¿Es posible esta convivencia?
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