Opinion
ANTERO FLORES-ARÁOZ E. (*)
Las contradicciones en la temática minera, son preocupantes y acreditan que falta desde el Estado acciones de difusión de sus beneficios, con lo que se podría prevenir la conflictividad existente.
Las contradicciones a las que nos referimos son muchas. Una de las más notorias es por un lado la exigencia de nuestras comunidades andinas para que se les dote de servicios públicos como agua, desagüe, electricidad, así como escuelas, postas médicas y caminos. Sin embargo se oponen a la minería que es la actividad que más recursos aporta al Estado, con los cuales se solventa todo ello. En buena cuenta, quieren las obras pero impiden la actividad con la cual se consiguen los recursos para ellas. ¡De locura!
Otra de las contradicciones es la actitud de los gobiernos sub-nacionales y locales, que también exigen al gobierno nacional la transferencia de mayores recursos para sus jurisdicciones, pero al mismo tiempo algunos de ellos se suman –cuando no la propician directamente– a la protesta antiminera, que es de donde provienen mayormente los ingresos reclamados.
Es común denominador de gobiernos regionales y locales, que las protestas en sus jurisdicciones no son de su responsabilidad y le endilgan el lío al gobierno central, dejando pasar al toro con el capote de su indiferencia.
También existe contradicción entre la actitud del Gobierno Central con las empresas mineras, pues mientras por un lado les exige más aportes a la caja fiscal, sea mediante impuestos, cooperación voluntaria y gravámenes de dudosa legalidad, e incluso la responsabilidad social, por otro lado las desampara frente al ataque artero de quienes pretenden que el Perú siga postrado en el subdesarrollo para tener campo fértil donde germine su prédica violentista, que sólo trae odio y miseria, a lo que lamentablemente se prestan algunas ONG disfrazadas de defensores del medio ambiente.
También las contradicciones provienen del ciudadano común y corriente, que a veces le reclama al Estado mano dura contra quienes transformaron la protesta pacífica –a la que tienen derecho aunque no necesariamente la razón– en manifestaciones violentas y a menudo delincuenciales. La contradicción es que el mismo ciudadano que reclama mano dura, demanda que prosigan infructuosamente mesas de diálogo, conciliaciones y el asambleísmo, mientras el país se cae a pedazos.
Debe terminar el Estado con el doble discurso y las señales ambiguas, desterrar el falso mito de que la moderna minería se parece a la antigua depredadora del medio ambiente, y alertar sobre muchas de las protestas que en el fondo espantan a la minería formal cumplidora de sus obligaciones, pero permiten a la informal continuar con sus nefastas actividades.
El Estado tiene también que advertir que algunas de las protestas contra la minería, esconden la verdadera intención de quienes las promueven, que no desean la presencia del Estado, ya que cuando hay minería formal el Estado está presente, y tal presencia perturba el indeseable avance del narcotráfico y del contrabando, entre otras ilícitas actividades.
(*) Ex Parlamentario y ex Ministro
http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LROpinion03&td=20&tm=11&ta=2011