Ayer realizaron nuevo paro cívico en algunas localidades mineras

MARÍA RAMÍREZ CABELLO |  ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

viernes 11 de noviembre de 2011  12:00 AM

Ciudad Guayana.-Pequeños mineros del sur del país realizaron un nuevo paro cívico en protesta por el decreto Ley que reserva al Estado la exploración y explotación del oro.

Trabajadores dedicados a esa actividad y comunidades indígenas marcharon desde El Callao hasta Tumeremo, para realizar una asamblea pública en esa localidad, a los fines de exponer la incertidumbre que les genera la vigencia de ese instrumento.

El directivo de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Sifontes y presidente de la Cámara de Turismo, Oscar Mota, aseguró que el paro se cumplió en un 100%. En Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana, algunos comercios mantuvieron cerradas sus puertas.

La paralización se hizo desde las seis de la mañana. Todos los municipios al sur de Bolívar han sentido el efecto de este Decreto que condena a la pequeña minería.

El presidente de la Cámara de Comercio del municipio El Callao, Simón Alexander, indicó que en esa localidad no hubo paralización de las actividades comerciales pero apoyaron la protesta con una gran caravana hasta Tumeremo. Son más de 400 vehículos que participan en esta caravana en rechazo a la nacionalización del oro.

La Cámara de Comercio del municipio Sifontes y la Central Única de Mineros del Sur acordaron enviar un manifiesto al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en torno a la nacionalización de la minería aurífera.

Aseguran que el oro siempre ha sido un producto propiedad de la nación y estatizar algo que siempre ha sido propiedad del Estado no tiene sentido jurídico.

El Decreto Ley establece medidas punitivas de prisión para los pequeños mineros de hasta seis años que no acaten esta disposición gubernamental, entendiendo que esta nueva legalidad limita y penaliza actividades que desde siempre eran aceptablemente lícitas en un nuevo marco jurídico que deja a libre interpretación de los funcionarios encargados de aplicarlo; situación que no compartimos.

Los mineros califican como inconcebible que el nuevo instrumento plantee un capital de 55% para el Estado y un 45% para el pequeño minero en la composición de las empresas mixtas, cuando a éste previamente le confiscan todos sus bienes y lo obligan a negociaciones operativas en términos de indefensión jurídica.

Propuestas enviadas

En el documento, los mineros solicitan una revisión y corrección del Decreto 8.413, publicado en la Gaceta Oficial N 39.759 del 16 de septiembre de 2011. Asimismo, piden la instalación de mesas de trabajo urgentes con los pequeños mineros y organismos oficiales a fin de analizar, discutir y darle aportes para organizar la pequeña minera en Venezuela.

Proponen además los pequeños mineros del estado Bolívar, una prórroga de seis meses para la aplicación del Decreto y exhortan a que se aproveche este nuevo marco jurídico para que el Estado tenga la obligación de asistir a los pequeños mineros desde el punto de vista técnico y financiero y promover la supervisión permanente del aspecto ambiental.

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