Fuente: Elpais.cr  |  2011-12-24

 

Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr) 

San José, 24 dic (elpais.cr) – Dos abogados ambientalistas que derrotaron en los tribunales de Costa Rica a la transnacional canadiense Infinito Gold, anunciaron que cobrarán por costas legales cien millones de colones a la empresa minera, afincada en Crucitas.

“Ellos destruyeron el ambiente, contaminaron, perdieron el pleito en los tribunales”, aseguró a Elpais.cr Álvaro Sagot Rodríguez,  abogado y académico de la Universidad de Costa Rica.

Aclaró que si ellos no hubieran generado todos los problemas, “nosotros no hubiéramos intervenido contra ese proyecto de minería de oro a cielo abierto”.

En Crucitas de San Carlos, provincia de Alajuela, la transnacional canadiense ha pretendido construir una mina de oro a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.

Sagot ahondó en que “durante un año se estudio el expediente para llegar a un debate en el Tribunal Contencioso Administrativo, hicimos investigaciones, cerramos nuestras oficinas, pagamos nuestra comida, combustible, depreciación de vehículos, financiamos de nuestra bolsa muchos gastos. Ellos destruyeron el ambiente, fueron condenados y deben pagar. No el Estado costarricense, no los costarricenses”, aseveró.

Además, recordó que también debieron reunirse en múltiples ocasiones y estudiar la apelación de Infinito Gold ante la Sala Primera, un mamotreto de más de mil 200 folios, al que le hicieron una ampliación de cien más.

Explicó también que en todo ese proceso debieron invertir mucho tiempo para demostrar irregularidades en los permisos, en la ilegalidad del decreto Ejecutivo que declaraba el proyecto de Interés Público y Conveniencia Nacional.

Sagot informó al Elpais.cr que este viernes presentó junto con Bernal Gamboa, el otro abogado litigante, un acto preparatorio para la ejecución de sentencia.

Indicó que se solicitó al Tribunal ejecutor de la sentencia solicitar al Consejo Nacional de Rectores (Conare), la integración de una comisión multidisciplinaria para evaluar los daños al recurso hídrico, la biodiversidad, entre otros.

Consideró que dentro de un plazo de unos cuatro meses esa comisión deberá dar un informe al Tribunal.

Aclaró que las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que podrían ser las encargadas de la evaluación son cuestionadas porque el Sinac-Minaet fue parte del proceso a favor del proyecto minero Crucitas.

El Sinac y el Estado costarricense no han sido condenados a pagar costas, ya que participaron como coadyuvantes en el proceso. Igualmente, no podrá cobrar honorarios el abogado Edgardo Araya, quien fungió como coadyuvante en el proceso en representación de la Unión Norte por la Vida (Unovida).

Por otra parte, Sagot rechazó críticas de un sujeto de apellido Trejos, quien ha acusado de “tagoretes” a los abogados ambientalistas por el cobro de las costas. Inclusive, el mensaje ha sido enviado a teléfonos celulares.

“Eso lo pagará la empresa, no los costarricenses”, insistió Sagot, quien mencionó que entre diversas medidas precautorias se ha solicitado la congelación de cuentas, el embargo de un depósito de 600 mil dólares entregado a la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), entre otras.

“Con todo eso deberá responder la empresa minera para enfrentar la reparación del daño ambiental y las costas del proceso judicial”, resaltó.

Entre tanto, la máxima cabeza de Infinito Gold, su presidente y CEO, John Morgan, anunció en Canadá que la empresa aceptó un préstamo por 830 mil dólares, de parte de Exploram Enterprises Ltd., su principal accionista para enfrentar compromisos hasta mediados de enero del 2012.

Nota de Redacción: Por error de comunicación en la nota “Abogados ambientalistas solicitan ejecutar sentencia minera Crucitas” (http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/59872), divulgada este viernes se utilizó información originada en un borrador, y no en el texto corregido presentado por los abogados antimineros este viernes a las 11:15 de la mañana ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/59938