Trasnacionales pagan 5 pesos por concesión minera

Ene 22, 2012


22 enero de 2012
Contralínea 268

Erika Ramírez
La extracción de cualquier metal precioso o mineral mexicano cuesta de 5 a 111 pesos
a las compañías del sector, por hectárea concesionada. Lejos de los precios del
mercado internacional de oro, plata, cobre, carbón, estas empresas –trasnacionales,
la mayoría de capital canadiense– encuentran en México una fuente de
enriquecimiento, con un marco jurídico laxo. El país está regalando su riqueza
minera, señalan legisladores
Compañías extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de metales preciosos
en México pagan al gobierno federal entre 5 y 111 pesos cada semestre, por hectárea
concesionada. La recaudación por este concepto alcanza poco más de los 500 millones
de pesos por año. Iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que
establece los montos de cobranza, permanecen en la congeladora de la Cámara de
Diputados.

Las iniciativas de reforma congeladas en el Congreso de la Unión se refieren a los
artículos 262 y 263, pues son los que, principalmente, marcan los montos que deben
de aportar los concesionarios de las minas mexicanas, así como sus obligaciones. El
primero de éstos obliga a pagar los derechos sobre la minería a aquellas compañías
que desempeñen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias
o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera.

El artículo 263 indica que los titulares de concesiones y asignaciones mineras
pagarán cada semestre por cada hectárea o fracción concesionada o asignada el
derecho sobre minería, de 5 a 111 pesos de forma progresiva. Las cuotas durante el
primer y segundo año de vigencia son de 5.08 pesos; el tercero y cuarto año, 7.60
pesos; el quinto y sexto, 15.72 pesos; séptimo y octavo, 31.62 pesos; el noveno y
onceavo, 63.22; y a partir del décimo, 111.27 pesos.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que la actividad
minera recaudó 575 millones 828 mil 700 pesos, de enero a septiembre de 2011, de
acuerdo con el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas
públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.

Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en
la Cámara de Diputados, indica que esta ley “está regalando un recurso no renovable
como es el minero. El cobrar por hectárea y no por el valor de la extracción, como
se hace en los demás países del mundo, habla de un entreguismo del Estado mexicano”.

Luis Enrique Mercado Sánchez, integrante de la Comisión de Economía por el Partido
Acción Nacional, comenta que es necesario realizar reformas a la Ley Minera para
hacer más eficientes a las empresas y establecer mecanismos de protección al medio
ambiente, así como actualizar los trámites y las tarifas que cada concesión debe
cubrir ante el Estado mexicano.
Las concesiones

Datos de la Dirección General de Minas –dependiente de la Secretaría de Economía–
indican que de 2000 a 2009 se han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas
para la exploración y explotación de minas mexicanas. Con estas cifras se puede
calcular que los pagos por este concepto podrían ir de 264 millones 131 mil 108.51
pesos a 5 mil 785 millones 407 mil 174.12 pesos por semestre.

Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que el
cobro por las concesiones fue de 575 millones 828 mil 700 pesos, de enero a
septiembre de 2011. Así lo indica el listado de Recaudación del Gobierno Federal por
sector económico, publicado en el documento Informes sobre la situación económica,
las finanzas públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.

Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, urge a
que sean aprobadas las iniciativas presentadas ante la Comisión de Hacienda, para
que el cobro del derecho sea proporcional al valor de la extracción. Éste, explica,
puede ir del 3 al 7 por ciento, según el metal que se extraiga. La época de La
Colonia, agrega, “fue más generosa con México; en esos tiempos se construyeron
haciendas, templos; ahora sólo queda devastación”.

Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, señala: “Los pagos son bajos, sí. Hay que
modificarlos, así como los derechos. Olvidémonos de que sean extranjeras o
mexicanas; tratemos de que cumplan la ley”.

Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
considera que “el atractivo que han tenido las trasnacionales es el marco jurídico
laxo que hay en nuestro país: pagan muy poco en derechos, las normas ambientales no
son respetadas y las condiciones laborales para los mineros son mínimas, esto hace
que sin lugar a dudas haya mucho interés por invertir”. El legislador, integrante de
la fracción del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, agrega que “desde el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari la minería dejó de ser un sector reservado a
la nación; ahora, está abierto a la inversión mixta y privada y es un potencial que
se está desperdiciando”.
Las iniciativas

El 19 de mayo de 2010, los perredistas Agustín Guerrero Castillo y Claudia Edith
Anaya Mota presentaron ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa
con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de las
leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal.

En ésta se propone “la creación de un derecho adicional sobre la minería, que se
fijaría en una tasa de 3 por ciento sobre el valor nominal anual de la producción
minera total. La base de cálculo sería el último dato anual disponible que haya
calculado la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Minas. Este
valor ascendió, en 2006, a 100 mil 633 millones de pesos, lo que significa que se
podrían recaudar por este nuevo derecho unos 3 mil millones de pesos”.

Además, promueve la creación del Fondo de Participaciones en el Derecho Adicional a
la Minería, para distribuir los recursos de esta actividad a todas las entidades
federativas, con énfasis en las que lleva a cabo “predominantemente la actividad
minera nacional”.

Jaime Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, también
presentó una iniciativa el 6 de septiembre de 2011, en la que solicita se hagan las
modificaciones de Ley de Minería para “garantizar los derechos colectivos que se
reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
convenios internacionales, ratificados por el Senado, a los pueblos y comunidades
indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales y, para restringir
la minería a cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro”.

El panista Luis Enrique Mercado adelanta que será en este periodo de sesiones en que
su partido presentará una iniciativa para realizar reformas a la Ley Minera.

Minas, atractivo trasnacional

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las compañías con mayor presencia en
México son la australiana Azure Minerals, Ltd; y las canadienses Almaden Minerals,
Ltd; Dia Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; Goldcorp Inc, entre otras.

Almaden Minerals se estableció en el país en 1992, después de haber trabajado en
México en la década de 1970. Entre los proyectos de esta empresa, se encuentra la
adquisición de la mina de oro en La Trinidad, Sinaloa. Actualmente realiza
perforaciones en la llamada zona Ixta, en Puebla, para la extracción de oro y plata,
indica el portal de internet de la compañía.

Dia Bras Exploration es otra de las empresas canadienses interesadas en la búsqueda
de plata, cobre y oro, así como de metales básicos como el zinc y el plomo. El
atractivo que encuentra es que en la actualidad México es el primer productor de
plata en el nivel mundial, con un registro histórico de producción de más de 10
millones de onzas de plata y de cierre actual producción anual de sobre 100 millones
de onzas. “La mayoría de los depósitos son de alta calidad y susceptibles de bajo
costo”.

De acuerdo con su página de internet, políticamente, el país es uno de los más
estables de América Latina, “con estructuras fiscales favorables y un firme
compromiso del gobierno para el desarrollo de los recursos naturales”.

Pediment Gold Corp es otra de las trasnacionales interesadas en extraer metales
preciosos de las minas nacionales. Entre sus proyectos se encuentran la mina de El
Castillo, en Durango; el proyecto de San Antonio, en Baja California Sur, y La
Colorada y La Fortuna, en Sonora. Esta empresa se constituyó en 1983, y tiene su
sede en Vancouver, Canadá.

Goldcorp indica en su información corporativa que mantiene cuatro proyectos
importantes en el país: El Sauzal, productor de oro, en Chihuahua; la mina
Peñasquito, que espera se produzca un promedio anual de 500 mil onzas de oro, 28
millones de onzas de plata, 450 millones de libras de zinc y 200 millones de libras
de plomo; El Camino Rojo, productora de oro y plata, y Los Filos, actualmente la
mayor mina de oro en México.

La Revista Mexicana de Estudios Canadienses estima que “casi todo el territorio
mexicano se encuentra mineralizado, y se calcula que el 85 por ciento de las
reservas minerales aún no han sido explotadas”.

México, indica la publicación, “continúa siendo un país líder en la economía
internacional en la producción de plata, estroncio, celestita, bismuto y sulfato de
sodio […] La industria minera es, además, proveedora de insumos para un gran número
de ramas productivas de la economía, y un factor importante en la promoción del
desarrollo regional”.

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