El primitivo –por salvaje– saqueo que las mineras canadienses y estadounidenses hacen en México bajo la complacencia y complicidad de las dos últimas administraciones federales –panistas– se define y resume en una palabra: insensatez.

Insensatez poliédrica y multidimensional que es y será muy gravosa para el país y para las áreas huéspedes de los proyectos de explotación, que no se recuperarán ni en décadas. Basta con asomarse a la inmensa cantidad de material académico y periodístico publicado en los países cuyos gobiernos han cometido la estulticia de otorgar concesiones a ese tipo de empresas.
Por lo pronto, como ya han denunciado diversas ONG, la mina se encuentra a escasos tres kilómetros de la nucleoeléctrica Laguna Verde. Esto es, 13 kilómetros adentro de la zona reservada de seguridad. La explotación minera está pensada para 10 años. En ellos se harán explotar más de 5 mil 500 toneladas de explosivos al año, casi 17 toneladas diarias, a tres kilómetros de un reactor nuclear ya de suyo cuestionado por años.
Entre otros venenos, serán usadas mil 500 toneladas de cianuro. El terreno de operaciones de la mina abarca 55 mil hectáreas. Además del acaparamiento de agua que dejará sedientas a las poblaciones cercanas, las afectaciones ocurrirán en muchos otros aspectos. Frente al peso de la administración federal, los otros niveles de gobierno se muestran francamente omisos. Eso explica el porqué ni Salud ni Medio Ambiente locales hacen nada. Mala cosa.
La irracionalidad es de tal magnitud que la empresa Goldgroup y su filial Minera Cardel pagarán a la Federación la ignominiosa cantidad de 15 pesos con 72 centavos anuales por hectárea por el uso del suelo. Entre los municipios de Actopan y Alto Lucero repartirán la casi intolerable cifra de 43 mil 500 pesos anuales.
Se les concesionaron 55 mil hectáreas; pagarán entonces la vejatoria cantidad de 864 mil pesos anuales repartidos entre los dos municipios, al tiempo que la empresa apunta a obtener 100 mil onzas (alrededor de 2 mil 835 kilogramos) de oro anuales a partir de fines de este año. Las cifras que proporciona Goldgroup son inferiores a los precios y cotizaciones reportados por las agencias y bolsas internacionales. Pero si, como se especula, el oro cae en 2012 a mil 500 dólares por onza, eso significa que la minera obtendrá una ganancia mínima de 150 millones de dólares por año. Más de mil millones de dólares durante ocho años de vida de la mina. Pero, eso sí, repartirán entre dos municipios 864 mil pesos. Devastarán la zona como ya lo han hecho en San Luis Potosí y en otros muchos lugares del país y del continente.
Ha pasado más de una década desde que estos negocios mineros se dispersaron por Latinoamérica. En todos ellos han devastado y abandonado los países sin cumplir sus compromisos de amortiguamiento ambiental que, por lo demás, son del todo ridículos. Otorgar a estas alturas concesiones para minería metálica a cielo abierto es traicionar deliberadamente los intereses del país y los gobernados. Sólo se explicaría por la existencia de grandes vetas de corrupción en un gobierno que probadamente y en diversos temas ha demostrado su impasibilidad ante los intereses nacionales y el sufrimiento humano.
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