Regina Martínez

29 de febrero de 2012 •
Estados

(apro).- El Congreso de Veracruz exhortó al presidente Felipe Calderón para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat,) niegue la autorización del proyecto Caballo Blanco impulsado por la minera canadiense Candymin, S.A. de C.V. en las inmediaciones de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

La Diputación Permanente aprobó un punto de acuerdo signado por todos los grupos legislativos integrantes de la Junta de Coordinación Política, en el que solicitan al Ejecutivo federal negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que obra en poder de la Semarnat desde el 15 de diciembre de 2011.

Según el punto de acuerdo, a través de este proyecto la empresa de origen canadiense pretende explotar a cielo abierto minerales de oro y plata en el municipios de Alto Lucero “mediante el uso de explosivos”, cuya extracción se haría por lixiviación en montones “con aplicación de cianuro de sodio”.

Ante ello, los coordinadores de los grupos legislativos del PRI, PAN, Nueva Alianza y PRD-Movimiento Ciudadano, consideraron que dicho proyecto minero es inviable tanto en materia ambiental, como jurídica y de seguridad para los habitantes de la zona y de la entidad veracruzana.

Luego de “analizar” la documentación allegada por la priista Ainara Rementería Coello, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, a petición de diversas organizaciones civiles, académicos y expertos en materia ambiental, la Junta de Coordinación Política determinó sumarse al rechazo del proyecto minero.

El proyecto, señalaron los legisladores, “encuentra oposición de parte de pobladores de la zona, académicos, investigadores y científicos que advierten los riesgos que se corren”, entre otros, “por su ubicación, ya que se expone a los efectos de fenómenos meteorológicos frecuentes, como huracanes y nortes, así como su cercanía a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde”.

Destacaron que, acuerdo con los expertos, existe la posibilidad de que estos fenómenos meteorológicos aumenten en intensidad y frecuencia, “como consecuencia del cambio climático”, situación que la empresa no menciona en la MIA.

También expusieron su preocupación en el sentido de que en la explotación a cielo abierto de los minerales se empleen explosivos y cianuro de sodio, “lo que inquieta a los pobladores por las detonaciones que ya se realizan y por el peligro de que contaminen gravemente los mantos freáticos y las aguas superficiales de la región”.

Esta situación, se señala en el punto de acuerdo aprobado, causaría perjuicios a las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de la zona y, sobre todo, “a la vida misma de las comunidades afectadas, que es inconcebible sin el agua”.

“Se asienta que no existen sobre el particular análisis técnicos, científicos o jurídicos que al efecto deberían formular, en su caso, la Comisión Federal de Electricidad, la nucleoeléctrica de Laguna Verde, Petróleos Mexicanos, así como la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, incluso se habla de una necesaria intervención de la Agencia Internacional de Energía Atómica para validar la viabilidad del proyecto”, subrayaron.

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