Ed. Impresa EDITORIAL

Por Redacción Central | – Los Tiempos – 12/03/2012
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• Incorporar el tema en la agenda de las distintas instancias estatales, y afrontarlo antes de que sea tarde debe ser una prioridad
Una serie de notas periodísticas publicadas durante los últimos días en las páginas de este matutino, acerca de los altos índices de contaminación causados por actividades mineras en la mina Asientos (Mizque) y sobre un fenómeno similar en áreas urbanas ocasionado por el mal manejo de metales pesados como el plomo, ha dado dimensión local a un problema que está causando muy serias preocupaciones en muchos países de nuestra región.
En efecto, los casos mencionados por la investigación que mencionamos no son excepcionales ni mucho menos. Por el contrario, noticias provenientes de las más diversas latitudes dan cuenta de casos muy similares. Desde Canadá, pasando por Estados Unidos y México, hasta el sur de Chile y Argentina, a lo largo de todo el continente americano se pueden encontrar estos días conflictos entre empresas mineras y habitantes de las zonas en las que éstas realizan sus actividades. Y aunque en la mayor parte de los casos las disputas se libran en estrados judiciales, son cada vez más frecuentes los que los rebasan y se plasman en violentas medidas de hecho.
Las razones que explican la creciente atención que merece el tema son muy comprensibles. Es que al mismo tiempo que los minerales han alcanzado un altísimo precio en el mercado internacional durante los últimos tiempos, han dado lugar a una extraordinaria intensificación de las actividades mineras en todo el mundo, el aumento del flujo de información sobre los efectos colaterales negativos de las actividades mineras ha multiplicado la consciencia sobre la necesidad de ponerle límites.
Los efectos directos sobre la salud humana, sino sobre otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería a través de la contaminación de las aguas, la degradación de los suelos y la intoxicación de los cultivos son algunos, entre muchos otros, de los efectos más visibles de la contaminación minera.
En nuestro país, precisamente por ser uno de los que más intensamente desarrolla actividades mineras, el problema es especialmente álgido, como lo confirman los estudios que se han hecho sobre el tema que son tantos y tan exhaustivos que no dejan lugar a dudas.
Ante tales evidencias, durante los últimos tiempos se han puesto en vigencia una serie de decretos, leyes y las más diversas normas y reglamentos, con el propósito de buscar un punto de armónico equilibrio entre los cuantiosos beneficios económicos que trae consigo la actividad minera y los no menos grandes perjuicios sobre la salud humana y ambiental. Sin embargo, en muchos casos las buenas intenciones expresadas en los papeles no se han plasmado en hechos concretos.
Que el Estado boliviano, en todas sus instancias, tenga tantas dificultades para regular la explotación minera es comprensible pero no justificable. Es que si bien es innegable que la enorme dependencia de la economía nacional de los recursos mineros hace difícil, por lo menos en el corto plazo, la aplicación de normas muy severas, no es menos cierto que a mediano y largo plazo es insostenible mantener una actitud tan flexible.
Por eso, incorporar el tema en la agenda de los gobiernos municipales, departamentales y del nacional, y afrontarlo antes de que adquiera dimensiones inmanejables, debe ser una de las máximas prioridades.
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20120312/la-contaminacion-minera-en-la-agenda_163650_342712.html