Miércoles 21 de Marzo de 2012 16:19 |

Escrito por Zapateando |

La lucha en Veracruz contra el racismo ambiental.

Una creciente y plural fuerza social se enfrenta a la empresa GoldGroup Mining, que intenta imponerse violando leyes y destruyendo el medio. La apuesta es: el cianuro o la vida.Fotos: Majloc- AEX. Marcha contra minas (zapateando.wordpress.com)

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Veracruz, México.– La voracidad de las mineras canadienses, que ya ha destruido el cerro de San Pedro en San Luis Potosí y otros lugares como la mina El Carrizalillo en Guerrero, tiene hoy en la mira al estado de Veracruz.

A pesar de ser un estado sin vocación minera y cuyas actividades son agropecuarias, pesqueras, turísticas, relacionadas con la tierra, el agua y con su patrimonio natural -destacando la captación del agua- e histórico -por los vestigios de las civilizaciones olmeca, totonaca y de algunas que no se conocen suficientemente, como El Tajín-, hoy es un territorio explorado por los buscadores de oro.

El caso que ha despertado un movimiento de resistencia ciudadana, joven, alegre, creativa, es el de la mina “Caballo Blanco”, el primer proyecto de la empresa canadiense GoldGroup Mining a través de su firma legal ad hoc Candymin S.A. de C.V. y con un nombre falsamente local, “Minera Cardel”.

Las exploraciones de esta empresa, que iniciaron en sigilo en 2001, hoy causan escándalo por la violación a los derechos humanos de los veracruzanos, por transgredir leyes ambientales y por pretender hacer tajos a cielo abierto para explotar oro, plata y cobre, utilizando un procedimiento prohibido en muchos países -como los de la Unión Europea e incluso en el país sede de la minera, Canadá-, la lixiviación en solución de cianuro de sodio.

Los cerros que están ya en exploración son La Paila, Las Cruces y Bandera (en los límites de dos municipios del centro de Veracruz, Alto Lucero y Actopan) pero otros proyectos de empresas canadienses hacen el camino político y de simulación jurídica para extraer los mismos metales en Las Minas, Perote, en los límites con Puebla, e incluso en lo que queda de la selva de Los Tuxtlas, una zona decretada Reserva de la Biosfera.

Las violaciones a elementales normas de ética y de derecho configuran lo que podría llamarse racismo ambiental: usar tecnología obsoleta, rechazada en países cuyas poblaciones se consideran con plenos derechos humanos, en un país vulnerable cuyos gobiernos federal, estatales y municipales privilegian los intereses de las transnacionales por encima de la vida, la salud, el medio ambiente y el futuro de los pueblos, comunidades y seres vivos todos.

Reunión informativa en Alto Lucero: ¿seguridad para quién?

El sigilo con el que avanzó la empresa canadiense en su proyecto se rompió en 2011, cuando los defensores del medio ambiente en el centro de Veracruz fueron alertados por sus pares en otros estados de que la minería tóxica estaba enclavada en Alto Lucero y Actopan.

Las denuncias iniciales resaltaron la cercanía –entre tres y 2.5 kilómetros- de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. La Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida) dio a conocer públicamente la existencia de esta amenaza; el eco de su voz llegó a las organizaciones del resto del país a través de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).

La estrategia inicial fue oponer los argumentos técnicos, científicos y jurídicos mediante los recursos que marca la ley, por lo que en cuanto se enteraron de que la empresa ingresó –el último día hábil de diciembre de 2011– su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la fase de explotación, presentaron escritos ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exigiendo una consulta y un reunión informativa pública.

En ese caminar, el grupo inicial de defensores del territorio veracruzano –que ha defendido también los ríos, en un contexto de ciento doce presas hidroeléctricas proyectadas para la entidad– fue sumando aliados dentro y fuera del estado: en Veracruz, a algunos académicos que han revisado técnicamente los documentos de la empresa y han evidenciado omisiones, falsas declaraciones, inconsistencias y errores; a ciudadanos y ciudadanas que participan en la defensa de los derechos humanos y contra la violencia, como la Asamblea Estudiantil Xalapeña, las comunicadoras con perspectiva de género de Circe Radio, el Colectivo por la Paz Región Xalapa, y también a jóvenes, artistas, comunicadores y más gente que prefiere la vida que el cianuro.

En lo nacional cuentan con la ANAA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), especialmente los integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier, de San Luis Potosí, y el movimiento ciudadano que se opone al proyecto minero La Pitaya, en Baja California Sur.

Como estrategia para que la reunión informativa tuviera el menor riesgo para la empresa, la Semarnat dispuso como sede el salón social del palacio municipal de Alto Lucero, cuyo presidente municipal, Lucio Castillo Bravo, ha reconocido públicamente haber recibido más de trescientos mil presos de Minera Cardel para reparación de caminos averiados por lluvias.

En esa reunión, realizada el 22 de febrero y por cuyo formato legal la empresa debe responder a las preguntas de los ciudadanos que presentan sus objeciones, hubo dos grupos de participantes vigilados por policías con armas de alto poder y por un camión de militares afuera del palacio municipal. Por la minera participaron empleados de la empresa que expusieron el proyecto e hicieron una apología, además de trabajadores de la fase de exploración que dijeron que necesitan desesperadamente los empleos y minimizaron no solamente el valor ambiental de la región, sino –asumiendo el racismo ambiental– la capacidad de los pobladores de cuidar la naturaleza.

Frente a ellos, los opositores a la mina (incluidos estudiantes, representantes de las Madres Veracruzanas Antinucleares, pobladores y especialistas en la flora y la fauna) mostraron que el MIA tiene fallas, desde la inconsistencia en las escalas usadas en sus mapas y los cálculos, hasta deliberadas omisiones técnicas y jurídicas. El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable núcleo Veracruz pidió a la Semarnat un resolutivo de “no aprobado” para el MIA de explotación. Sus argumentos recogieron los que diversas voces críticas han ido construyendo: la amenaza a la seguridad del estado y del país por conjuntar en un radio de pocos kilómetros la planta nuclear, ductos de Pemex, cables de alta tensión y una carretera muy transitada, y pretender sumar a ello los explosivos y el uso de cianuro en la mina.

Los expertos consultados expresaron que el MIA minimiza u omite la afectación a flora y fauna, que incluyen especies protegidas por normas especiales, entre ellas la emblemática Cycada Dioon Edule, con valor arqueobotánico por haber convivido con los humanos desde tiempos muy antiguos y haber sido comidas sus semillas junto con el maíz; y otras especies, como los encinos tropicales, relictos de la última glaciación, además de la fauna no solamente local, sino incluyendo a las aves rapaces migratorias que forman el fenómeno de interés mundial llamado “Río de Aves”.

El análisis de este consejo refutó el señuelo de la empresa canadiense. No garantiza muchos empleos, los cuales serán muy pocos, con bajos salarios y sin garantías de derechos laborales, temporales y, la mayoría, indirectos; por ello, el consejo afirmó que “la afectación ambiental planteada es significativa e irreversible, mientras que las propuestas de el MIA para prevención, mitigación y compensación son improbables, dejándole a la sociedad y al estado significativos pasivos ambientales, como afectaciones importantes potenciales a la salud pública”.

Festival en Xallitic: la lucha contra las minas es por la vida.

Las fuerzas sociales y artísticas que se fueron sumando a la defensa del medio ambiente están convergiendo en el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica, cuyo mayor acierto ha sido sacar el tema del círculo de enterados y lograr una sólida posición en la opinión pública del estado. Han usado las herramientas de comunicación a su alcance: un blog, las redes sociales, la transmisión en radio por internet y video streaming.

El pacto se dio a conocer en la ciudad de Xalapa el 25 de febrero, en el espacio tradicional de la Plaza Xallitic, con la palabra de defensores del territorio veracruzano y también del FAO -de San Luis Potosí- y de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán -que resisten a la mina canadiense Cuzcatlán, en Oaxaca-.

La música, de la trova al rock, pasando por la chunchaca y el reggae, más actividades de teatro, danza y poesía, además del posicionamiento del pacto, mostraron la cara juvenil y rebelde del movimiento antiminero en Veracruz.

En entrevista, Bernardo Vázquez Sánchez, de San José del Progreso, Oaxaca, expresó: “Los pueblos están haciendo lo suyo; la clase media no ha sido capaz de ser sensible a estas cuestiones, en parte porque los medios de comunicación difunden lo contrario a la verdad de las luchas sociales”.

En este caso, la difusión en las redes sociales, medios alternativos e incluso por medio de boletines, entrevistas y ruedas de prensa en los medios industriales, ha logrado que el rechazo a la mina Caballo Blanco sea conocido como una postura bien fundamentada, a grado tal que al día siguiente del festival, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte –quien jamás ha sido precisamente un ambientalista– declaró que rechaza el proyecto.

La minera canadiense sigue trabajando, talando, haciendo explosiones y construyendo estanques para agua; solamente espera la aprobación por la Semarnat del MIA de explotación para comenzar a lixiviar. Pero la licencia social la ha perdido; mejor dicho, nunca la alcanzó.

Marcha en Veracruz. Crece la resistencia a la minería tóxica

A partir de esas acciones, el rechazo a la mina Caballo Blanco ha crecido; pero no solamente por las declaraciones de desaprobación entre la clase política y empresarial, que disciplinadamente esperó la voz del gobernador y la ha secundado. Sobre todo, ha crecido entre las organizaciones ciudadanas, con la espontaneidad y frescura de una sociedad amenazada en su futuro pero no resignada, sino expresiva y participante.

La marcha de aproximadamente doscientas personas en la ciudad de Veracruz, el 25 de febrero, es la muestra de este rechazo creciente. Con una coordinación mínima y la difusión a cargo de los recursos y medios de los colectivos de Veracruz y de Xalapa se logró una convocatoria ciudadana exitosa, que fue lanzada por un medio alternativo: la radio por internet Actores Sociales. La marcha reunió a los grupos ya movilizados en Xalapa, como LaVida y la AEX, con los grupos y colectivos de la ciudad de Veracruz que defienden su entorno agredido: los manglares, los árboles de parques como el Díaz Mirón (talados) y el Parque Zamora (de donde partió la caminata), y el arrecife frente al puerto, amenazado por la ampliación de las instalaciones portuarias. Al día siguiente ya había en Facebookuna convocatoria para otra marcha, esta vez en la ciudad de Orizaba.

La empresa ha tenido un discurso público, para consumo de sus inversionistas, en el que minimiza las declaraciones de rechazo del gobierno estatal, expresando su confianza en el aval de la Semarnat y ocultando la existencia del rechazo social creciente. En lo menos público pide a sus socios y amigos enviar al gobierno estatal correos electrónicos en apoyo a la mina para que el rechazo gubernamental no siente “un mal precedente”.

En Xalapa, el 14 de marzo, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, los opositores a la minería tóxica presentaron la denuncia popular ampliada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) delegación Xalapa, en la que se pide la suspensión y clausura del proyecto en su fase de exploración, así como anular la autorización de impacto ambiental para la exploración porque la empresa violó las leyes ambientales y el resolutivo de la Semarnat que autorizó la exploración al abrir caminos que dijeron que no abrirían, construir estanques de agua no declarados en el MIA y arrancar plantas protegidas por normas: Cycada Dioon Edule, endémica y en peligro de extinción, y Zamia Loddigesii, no endémica y amenazada, ambas en la NOM059-SEMARNAT-2010. Denunciaron además que la empresa no cuenta con el permiso de cambio de uso de suelo forestal, el cual debe ser aprobado por la Semarnat con la anuencia del Consejo Estatal Forestal.

En tanto, las movilizaciones continúan; esta vez a iniciativa de la AEX, que está convocando a un Carnaval por la Soberanía Ambiental para el viernes 23 de marzo a las 12:00 horas, con puntos de partida simultánea en la explanada de Humanidades, en la escalinata de la Rectoría de la Universidad Veracruzana y en las oficinas de la delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), sita en la avenida Lázaro Cárdenas 1500, esquina con la avenida Central, colonia Ferrocarrilera, en Xalapa.

La minera y el gobierno federal apuestan al tiempo y al desgaste, a que la mina Caballo Blanco siga excavando y sus opositores se enfrenten a hechos consumados. Los defensores del territorio apuestan por crecer, sumar y extender la oposición por todo el estado, y hacer realidad una gran fuerza social con el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica.

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