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Campesinos Mexicanos en contra de los Goliats de la Mineria

OAXACA, MEXICO (20/07/12) – Durante más de dos décadas en muchas partes de México, las grandes empresas-en su mayoría de propiedad extranjera, pero por lo general con socios mexicanos ricos – se han desarrollado grandes proyectos en las zonas rurales. Llamado megaproyectos, las minas y los esfuerzos de extracción de recursos aprovecharse de las reformas económicas y los tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Haciendo hincapié en la inversión extranjera, aun a costa de la destrucción del medio ambiente y el desplazamiento de personas, ha sido la política de desarrollo de los gobiernos mexicanos desde 1970. Cuando el Partido Acción Nacional derrotó al antiguo partido de gobierno de la Revolución Institucionalizada en 2000, este modelo de desarrollo económico no ha cambiado. De hecho, el PAN sólo se hizo cargo de la administración de esta política de desarrollo, e incluso se aceleró, mientras que en la Cámara de Diputados de México a las dos partes cooperaron para avanzar en sus objetivos.
Pero mientras estos proyectos disfrutar de patrocinio oficial en la parte superior, casi siempre incitan a la oposición local sobre desastre ambiental amenaza o real. Destrucción del medio ambiente, junto con los cambios económicos que se acompañan, hacen que el de las personas de cilindrada. Las familias en las comunidades afectadas por los impactos son arrancados de raíz y comienzan a menudo a emigrar. Sin embargo, los proyectos cuentan con el apoyo oficial, y se defendió contra las protestas crecientes de los agricultores pobres y gente del pueblo por el gobierno federal.
Este modelo económico podría haber cambiado en las elecciones nacionales de México a principios de julio, tuvo un partido que ganó fue cometido en lugar de proporcionar a las comunidades pobres e indígenas, con puestos de trabajo y servicios sociales, a elevar el ingreso rural, y para proteger los derechos laborales y sociales. Este fue el programa propuesto por Andrés Manuel López Obrador, el candidato del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
El PRD no ganó, sin embargo. En cambio, la campaña electoral mexicana parecía cada vez más como las de los EE.UU., en el que los dos partidos conservadores, el PRI y el PAN, fueron alimentadas por enormes contribuciones de las empresas. Cobertura de la televisión pesado por dos redes de empresas cautivas excluidos de la izquierda del todo, mientras que «las encuestas imparciales», anunció la inevitabilidad de la vuelta del PRI. Y al final, una ola de pasada de moda la compra de votos copia de seguridad del circo mediático.

El regreso del PRI al poder no cambia la realidad social de México, sobre todo, no de su empresa, dominado por la política de desarrollo. El costo de esta política se ha convertido en más evidente, y los conflictos en torno a que la más aguda, en las comunidades rurales se enfrentan a enormes proyectos mineros industriales. Bajo una nueva administración del PRI, estos conflictos es casi seguro que propaga, sobre todo dada la historia del partido de usar la fuerza contra los movimientos populares.

En Oaxaca y el sur de México, los crecientes movimientos contra la minería dar un adelanto de lo que está en el horizonte. Fuertes conflictos ya han estallado sobre las minas en Oaxaca, donde en una comunidad de líderes indígenas han sido asesinados y la ciudad profundamente dividida desde que la mina comenzó a funcionar. Las empresas y sus defensores prometen empleos y desarrollo económico. Sin embargo, las comunidades afectadas acusan de que muchas más personas pierden sus empleos y sus medios de subsistencia a causa de sus consecuencias negativas ambientales y económicas.
En Oaxaca, con sede en Vancouver Fortuna Silver, Inc. comenzó a perforar pozos de exploración en un área previamente extraído de San José del Progreso. San José es una ciudad pequeña en el municipio de Ocotlán, una hora al sur de la capital del estado. Sus 1200 habitantes hablan zapoteco, una lengua indígena que ya siglos de antigüedad, cuando los europeos colonizaron México.
Fortuna Silver comenzó la exploración en 2006, y cinco años después de su mina entró en plena producción. De acuerdo con Flavio Sosa Villavicencio, un diputado estatal del Partido del Trabajo (PT), la compañía le dijo que en 2012 Fortuna espera producir 1,7 millones de onzas de plata y 15.000 onzas de oro. Sosa Villavicencio dijo que las ganancias anuales de la mina llegaría a 468 millones de pesos, o US $ 39 millones.

San José del Progreso se encuentra en un valle lleno de pequeños pueblos indígenas, muchos de los cuales ya han perdido más de la mitad de sus habitantes a la migración. En un ambiente de desesperación económica, el dinero de la mina tiene un gran impacto.
Bernardo Vásquez, un oponente de la mina y la directora de la Coalición de personas unidas en el Valle de Ocotlán (COPOVU) explicó a la periodista canadiense Dawn Paley que algunos residentes gozan de los beneficios, mientras que los opositores de las minas organizaron manifestaciones de protesta. La ciudad se dividió, y Vásquez dijo que la división se extendió a las escuelas, el centro de salud, así como a las oficinas municipales.
En 2009, 300 personas bloquearon la mina para más de un mes. Dos veces que el número de policías finalmente cayó sobre los manifestantes con perros, armas de fuego, gases lacrimógenos y un helicóptero. Las personas fueron golpeadas, y arrestaron a dos docenas. En otro enfrentamiento de un año después, el alcalde fue asesinado. Luego, en enero de 2012 un grupo de opositores se enfrentaron a un equipo de trabajo por las tuberías de agua, acusándolos de crear un sistema de agua para la mina. La policía fue llamada de nuevo, y esta vez disparó y mató a Bernardo Méndez, uno de los líderes de COPOVU. Después de eso, el alcalde de la ciudad huyeron, y las oficinas municipales estaban cerradas.
COPOVU líder de Bernardo Vásquez, ingeniero agrónomo, dijo que había sido amenazado al menos una docena de veces por los miembros de un grupo armado en la ciudad, y el estado de Comisión de Derechos Humanos emitió una orden de protección para él. Sin embargo, mientras regresaba a su casa en la tarde del 15 de marzo de 2012, hombres armados detuvieron su camioneta y lo asesinaron. Su hermano Andrés y Canseco Rosalinda ambos fueron heridos y hospitalizados.
Representantes COPOVU Jorge Sánchez y Vásquez Eustasio dijo que el asesinato fue obra de «guardias blancas», o los paramilitares, apoyados por la empresa. «Hemos visto que les dan dinero a la gente de la comunidad que están en contra de nosotros, y crear un grupo llamado» La protección de nuestros derechos. » Estas son personas que ahora tienen los coches nuevos, cuando antes no tenían nada. Ellos son los guardias blancas que asesinan y amenazan «. Fortuna negó su responsabilidad. El CEO de la empresa, Jorge Ganoza dijo a los medios de comunicación canadienses, «Nosotros, como empresa, y nuestro equipo en Oaxaca, están entristecidos por estos actos sin sentido y continuado de la violencia en la ciudad de San José, relacionada con una lucha política de larga data por el poder local . No es de ninguna manera relacionada con nuestras actividades o involucra personal de la empresa. »
Las organizaciones comunitarias y sociales en todo Oaxaca, condenó el asesinato. Servicios párrafo UNA Educación Alternativa AC (Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA) dijo que la violencia era una consecuencia de la política de desarrollo del gobierno. «Oaxaca se ha convertido en un espacio para la experimentación con la imposición de mega proyectos a cualquier costo», dijo ella. «Las ganancias multimillonarias de las grandes empresas mineras, y los costos humanos y sociales, se pagará como siempre por los» conflictos amante de los indios ‘, como ellos llaman despectivamente a quienes defienden sus comunidades. »

El asesinato de Bernardo Vásquez fue condenado también por los líderes de otro pueblo de Oaxaca resiste proyectos mineros, Capulalpam de Méndez en la región de la Sierra zapoteca Juárez. En marzo de 2012, sus líderes municipales exigieron el fin de la actividad minera en el área de la mina de Natividad, y la cancelación de todas las concesiones otorgadas a sus propietarios, otra compañía canadiense llamada Continuum Resources. Entre 2004 y 2006, Continuum Resources fue dado concesiones mineras por 50.000 hectáreas en la Sierra, en su mayoría cubren las tierras comunales.
La mina tenía un impacto ambiental enorme. La mina Natividad abrió sus puertas en 2002. Apenas cuatro años más tarde, en 2006, los problemas del agua creció tan mal alrededor de la mina que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental ordenó a todo el trabajo en la mina para detener. Los líderes comunitarios acusados de la mina de haber dañado los acuíferos de los que dependen, y que 13 fuentes desaparecido. «Una comunidad sin agua no hay vida en el que las generaciones futuras pueden depender», declaró un comunicado común.
El agua en el río local corre amarillo, y tiene un olor terrible, según los residentes Capulalpam. El actual secretario de Bienestar Comunitario, Javier García Juárez, dice que en 2011 algunos de los diques que detienen los estanques de residuos tóxicos procedentes de operaciones de la mina se derrumbó anteriores. Toneladas de residuos contaminados comunal de la tierra que pertenece a la ciudad, y los árboles en el bosque local eran grises teñidas con los productos químicos que se habían utilizado para separar el oro y la plata del mineral extraído de la mina.

Ese impacto fue particularmente devastador para Capulalpam, que fue declarada «pueblo mágico» por el secretario del Gobierno Federal de Turismo. En la Sierra Juárez hay más de 200 especies de orquídeas, incluyendo algunos que están en peligro de extinción. La gente todavía ver jaguares, mientras que los monos, loros y tucanes son comunes, junto con el puma, el venado de cola blanca y la urraca enana.
A pesar de esta diversidad biológica, en 2011, otra compañía minera, Minera Teocuitla, llegaron a la comunidad acompañados por agentes del Departamento de Reforma Agraria. Minera Teocuitla es una subsidiaria de Minerales de Sundance, cuyo modelo de negocio consiste en minas en desarrollo junto a otros proyectos mineros, aunque sean cerrados. La compañía propuso un proyecto de exploración denominado Geranio, directamente al norte de la mina Natividad. Representantes de la mina y el gobierno exigió una reunión con residentes de la comunidad para autorizar un contrato de exploración nueva.
El 10 de abril de 2011, sin embargo, la comunidad zapoteca de la Asamblea General, anunció que no apoyaría el proyecto. «La comunidad de Capulalpam, el ejercicio de nuestros derechos como un municipio indígena y la agricultura, se niega el permiso a las empresas Natividad, Teocuitla Minera Continuum Resources, exploración de Arco o las empresas que utilizan cualquier otro nombre para llevar a cabo la exploración o explotación de minerales en nuestra tierra.»

En Veracruz, una empresa canadiense, Goldcorp recursos, la exploración iniciada a mediados de la década de 2000 por dos grandes excavaciones a cielo abierto a medio camino entre la capital del estado Xalapa y la costa del Golfo. La compañía, con sede en Vancouver, y su filial mexicana, Minera Cardel, SA de CV, se les dio casi una concesión de 20.000 hectáreas por el gobierno federal.
Edgar González Gaudiano publicó un análisis de la mina en el diario local La Jornada Veracruz, en el que se estima que la mina produciría 100,000 onzas de oro al año, con un valor de alrededor de 1.660 dólares la onza a las 2012 los precios, o US $ 166 millones. Goldcorp que opera dos minas a cielo abierto enormes. El mineral se trata con cianuro, un veneno muy potente, para lixiviar el metal. Bonos de cianuro con el oro, esencialmente disolución. Más tarde, el oro se separa, dejando una gran cantidad de cianuro de aguas residuales. Que el escurrimiento se lleva a cabo en grandes estanques al aire libre.
La minería de oro con cianuro es un proceso muy peligroso, sin embargo, más del 90% de todo el oro extraído en todo el mundo se basa en su uso. En Rumania, en enero de 2000 una represa en un estanque como se rompió, y unos 100.000 metros cúbicos de aguas residuales y el lodo tóxico vertido en el río Danubio. La pluma de cianuro viajó aguas abajo, a través de Hungría y la antigua Yugoslavia, hasta el Mar Negro, matando a todo lo que tocaba. Se le llamó la peor catástrofe ambiental desde el accidente nuclear en Chernobyl.
En Caballo Blanco, cada tonelada de mineral que producen la mitad de una onza de oro, por lo que las montañas de cianuro de relaves tratados rápidamente se elevaría alrededor del hoyo y los estanques de aguas residuales. Según el Diario de Xalapa, otro periódico local, la lixiviación del oro se requieren 1,12 millones de metros cúbicos de agua al año, el agotamiento de los acuíferos en los que las comunidades rurales agrícolas dependen.
Un peligro aún mayor podría venir de la planta de México, única potencia nuclear, Laguna Verde, a menos de diez kilómetros de distancia. El mineral se desprendido de la tierra por las explosiones casi continua, con un máximo de cinco toneladas de explosivos al día. Esta sección de Veracruz es geológicamente parte de una región volcánica, que incluye algunos de los más famosos volcanes inactivos de México, incluyendo Orizaba, lejos menos de cien millas, y el Cofre de Perote, que está aún más cerca.
La gente de las ciudades más cercanas a la mina, Actopan y Alto Lucero, dijo que había sido amenazado con hacer que vender sus tierras a Goldcorp. Beatriz Torrez Beristan, activista de la Asamblea de Veracruz y la Iniciativa de Defensa del Medio Ambiente (LA VIDA, por sus siglas en español) informó a La Jornada Veracruz, que en una audiencia pública sobre el proyecto «nos dijeron que tenían miedo, que ‘ d sido intimidados y se vieron forzados a vender sus tierras. No es, sin duda la intimidación aquí, y que están criminalizando la protesta social y ambiental. »

Goldcorp prometió puestos de trabajo, y dijo que el ambiente sería restaurada después de que el oro y los metales se había extraído. «Pero sabemos que esto no puede ser», dijo Torres, reportero de Fernando Carmona. «Es imposible restaurar un ecosistema que ha sido tan dañado. Usted puede cortar un árbol y la otra planta, pero que nunca recuperar la cadena ecológica compleja, con sus muchos árboles, pájaros y el agua.»
En febrero de 2012, un Pacto por un gratuitas de Veracruz de la Minería Tóxica, se firmó en una reunión estatal de activistas ambientales, que se comprometieron a distribuir información precisa acerca de la explotación de los recursos naturales, alertando a las comunidades acerca de las posibles amenazas, la iniciación de acciones legales, y la organización pacífica manifestaciones. Otros grupos se oponen a la mina incluyen REMA (Red Mexicana de Afectados Por La Minería / Red Mexicana de Comunidades Afectadas por la Minería) y RMALC (Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio / Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio) también organizó la oposición al Caballo Blanco .
El daño ambiental de la mina es potencialmente tan grande, que el 28 de febrero el gobernador Javier Duarte de Ocho anunció que se oponía a su funcionamiento. Sin embargo, los municipios y estados no toman las decisiones económicas fundamentales en México. Ese poder está en manos del gobierno federal. Y el 13 de marzo de 2012, Goldcorp anunció que había recibido su primer informe de impacto ambiental de la Secretaría Federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un paso importante hacia la operación de la mina.

La aquiescencia Federal a Goldcorp refleja la política de los cuatro gobiernos anteriores de México de prácticamente regalando la riqueza mineral del país. En 1992 el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari modificó la ley minera del país. Este fue el mismo año en que también cambió la ley de reforma agraria de México para permitir la venta de los antiguos comunales (ejidos) tierras. Ambos eran los cambios necesarios para permitir que las empresas extranjeras a invertir en grandes proyectos en México, y para proteger esas inversiones. Un año más tarde, justo antes del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio entró en vigor, el límite de la cantidad de inversión extranjera que se puede permitir en las industrias «estratégicas» (como la minería) fue eliminado.
Los cambios continuaron bajo los sucesores de Salinas, Zedillo, tanto con el PRI y el PAN, Ernesto, Vicente Fox, el aumento del número de concesiones mineras otorgadas a empresas extranjeras, como Goldcorp, y enormes carteles mineras mexicanas como Grupo México. Los impuestos sobre las operaciones mineras fueron eliminados. Las empresas sólo tuvo que hacer un pago simbólico por cada hectárea de tierra concedida en sus concesiones.
Según Carlos Fernández-Vega, cuya actividad la columna «México SA» («Mexico, Inc.») se ejecuta en el ala izquierda de Ciudad de México La Jornada, la cantidad de tierra dada en concesiones alcanzó 25 millones de hectáreas al final de la presidencia de Fox ‘ en 2006, a continuación, más del doble, a 51 millones de dólares en los primeros cuatro años de su sucesor Felipe Calderón. «En las dos administraciones panistas alrededor del 26 por ciento del territorio nacional fue entregado a consorcios mineros para su exclusivo beneficio», acusa. En 2010, Fernández Vega explica, Calderón concedió 4 millones de hectáreas en concesiones, a cambio de que el gobierno mexicano recibió US $ 20 millones (EE.UU.). Las corporaciones extranjeras y nacionales, dadas las concesiones ganó $ 15 millones en ese año (un aumento del 50% respecto al año anterior). Esas ganancias fueron de 750 veces lo que pagaron por las concesiones.
Fernández Vega basa su columna en un estudio realizado por académicos de México Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en Xochimilco, llamada «Los minerales o de Vida.» La Constitución mexicana, con sus raíces en la Revolución de 1910-20 y el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas, de la década de 1930, propone metas para la minería y otras actividades económicas. Estos incluyen, Bárcenas López y Eslava Galicia estado «, utilizando los recursos naturales para el beneficio social, la creación de una distribución equitativa de la riqueza pública, fomentar la conservación, y el logro de un desarrollo equilibrado para el país que lleva a mejores condiciones de vida para los mexicanos». La nueva ley de minería, sin embargo, dice que cualquier recurso potencial debe ser utilizado, lo que da la explotación de los recursos de la preferencia sobre cualquier otra consideración.

«Los concesionarios pueden exigir que las tierras ocupadas por un pueblo desocupación del inmueble, para que puedan llevar a cabo sus actividades», los dos académicos escriben. «Si la tierra se utiliza para el cultivo de alimentos, que tiene que terminar, para que una mina puede desarrollarse allí. Los bosques y desiertos se encuentran en el mismo riesgo. Este requisito legal se aplica también a los pueblos indígenas. Su tierra utilizada para rituales o con fines sagrados, que contribuir al mantenimiento de su identidad, se puede nivelar o destruidos. Esta disposición viola el Convenio 169 que protege los derechos indígenas. »
Lengua en la ley de minería actual «prohíbe a los estados y municipios de imponer tasas sobre la actividad minera, y por lo tanto los priva de los ingresos procedentes de las actividades que puedan beneficiarlos», concluye el estudio, incluso la prohibición de cobrar honorarios por permisos para el uso de tierra o carreteras.

Las minas prometen puestos de trabajo, pero producen muy pocos, la carga activistas de Oaxaca, mientras que su costo social y ambiental es alta. Minería, que recibe un enorme apoyo del gobierno federal, ocupa únicamente el 0,29% de la población activa de Oaxaca, de acuerdo con «La migración y la pobreza en Oaxaca», un estudio realizado por Ana Alvarado Marguerita Juárez en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Incluso el Secretario del Trabajo de México dice que el salario diario promedio de los mineros en México es de 150 pesos ($ 12,50). Los bajos salarios mineros reflejar el aumento del uso de mano de obra contratada, en el que los trabajadores empleados por empresas de trabajo temporal han sustituido a miles de personas que antes trabajaban directamente para las empresas mineras.
Por otro lado, la agricultura, que sostiene más de la mitad de las familias oaxaqueñas, recibe el apoyo del gobierno muy poco, y los pequeños agricultores reciben casi nada de eso. El beneficio de la minería proyectos, por lo tanto, no a los residentes de las comunidades locales, pero los accionistas de las grandes empresas que ejercen una enorme influencia en el gobierno federal.

Aldo González, dirigente de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) señala que los mega-proyectos de desarrollo promovidos por el gobierno federal, en lugar de la creación de empleo y el aumento de los niveles de vida, que socavan porque están «diseñados desde el exterior , y el impuesto a los territorios indígenas y la intención de beneficiar a los inversionistas en lugar de las comunidades. » Como resultado de ello, dice, «que se han encontrado con protestas por parte de las personas y comunidades cuyas tierras y el agua ha sido tomada.» Dirigentes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales sostienen que este tipo de desarrollo económico no sólo no se detiene el desplazamiento de comunidades, pero en realidad se acelera.

Los líderes González y FIOB predecir esfuerzos aún mayores en toda las comunidades rurales de Oaxaca y el resto de México para encontrar alternativas al desarrollo basado en las minas y los mega proyectos corporativos. Con un gobierno federal se comprometió a impulsar los proyectos de futuro, sin embargo, incluso los conflictos más agudos son inevitables.

Este artículo se basa en la investigación de un nuevo libro que viene de Beacon Press el año que viene, El derecho a permanecer en el hogar, el cual examina los movimientos en México que se oponen al desplazamiento y migración forzada.

MEXICAN FARMERS UP AGAINST CANADIAN MINING GOLIATHS
By David Bacon

Truthout Report

 

 

 

An assembly last fall in Oaxaca of the Binational Front of Indigenous Organizations, calling for a sustainable development policy that would support farmers.

OAXACA, MEXICO  (7/20/12) – For over two decades in many parts of Mexico, large corporations — mostly foreign-owned but usually with wealthy Mexican partners – have developed huge projects in rural areas.  Called mega-projects, the mines and resource extraction efforts take advantage of economic reforms and trade treaties like the North American Free Trade Agreement.
Emphasizing foreign investment, even at the cost of environmental destruction and the displacement of people, has been the development policy of Mexican administrations since the 1970s.  When the National Action Party defeated the old governing Party of the Institutionalized Revolution in 2000, this economic development model did not change.  In fact, the PAN simply took over the administration of this development policy, and even accelerated it, while in the Mexican Chamber of Deputies the two parties cooperated to advance its goals.
But while these projects enjoy official patronage at the top, they almost invariably incite local opposition over threatened or actual environmental disaster.  Environmental destruction, along with accompanying economic changes, cause the dispacement of people.  Families in communities affected by the impacts are uprooted, and often begin to migrate.  Nevertheless, the projects enjoy official support, and are defended against rising protests from poor farmers and townspeople by the Federal government.
This economic model could have changed in Mexico’s national elections at the beginning of July, had a party won that was committed instead to providing poor and indigenous communities with jobs and social services, to raising rural income, and to protecting labor and social rights.  This was the program put forward by Andres Manuel Lopez Obrador, the candidate of the leftwing Democratic Revolutionary Party.
The PRD did not win, however.  Instead, the Mexican election campaign looked increasingly like those in the U.S., in which the two conservative parties, the PRI and PAN, were fueled by enormous corporate contributions.  Heavy television coverage by two captive corporate networks excluded the left entirely, while «impartial polls» announced the inevitability of the PRI’s return.  And in the end, a wave of old-fashioned vote-buying backed up the media circus.

        The return of the PRI to power does not change Mexico’s social reality, especially not its corporate-dominated development policy.  The cost of this policy has become most obvious, and the conflicts over it the sharpest, in rural communities faced with huge industrial mining projects.   Under a new PRI administration, these conflicts will almost certainly spread, particularly given the party’s history of using force against popular movements.

In Oaxaca and southern Mexico, growing anti-mining movements give a preview of what’s on the horizon.  Sharp conflicts have already broken out over mines in Oaxaca, where in one community indigenous leaders have been assassinated and the town deeply divided since the mine began operation.  The companies and their defenders promise jobs and economic development.  But affected communities charge that far more people lose jobs and their livelihoods because of their negative environmental and economic consequences.
In Oaxaca, Vancouver-based Fortuna Silver, Inc. began drilling exploration holes in a previously mined area of San Jose del Progreso.  San Jose is a small town in the municipality of Ocotlan, an hour south of the state’s capital.  Its 1200 residents speak Zapotec, an indigenous language that was already centuries old when the Europeans colonized Mexico.
Fortuna Silver began exploration in 2006, and five years later its mine went into full production.  According to Flavio Sosa Villavicencio, a state deputy from the Party of Labor (PT), the company told him that in 2012 Fortuna expected to produce 1.7 million ounces of silver and 15,000 ounces of gold.  Sosa Villavicencio said annual profits from the mine would reach 468 million pesos, or $39 million.

        San Jose del Progreso lies in a valley filled with small indigenous towns, many of which have already lost more than half their inhabitants to migration.  In an environment of economic desperation, money from the mine has a big impact.
Bernardo Vasquez, an opponent of the mine and director of the Coalition of People United in the Ocotlán Valley (COPOVU) explained to Canadian journalist Dawn Paley that some residents enjoyed the benefits, while the mine opponents organized demonstrations to protest.  The town became divided, and Vasquez said the division extended into the schools, the health center, and to the municipal offices.
In 2009 300 people for blockaded the mine over a month.  Twice that number of police eventually descended on the demonstrators with dogs, guns, tear gas and a helicopter.  People were beaten, and two dozen arrested.  In another confrontation a year later the mayor was killed.  Then, in January 2012 a group of opponents confronted a work crew laying water pipes, accusing them of building a water system for the mine.  Police were called again, and this time they shot and killed Bernardo Mendez, one of the leaders of COPOVU.  After that, the town’s mayor fled, and the municipal offices were closed.
COPOVU leader Bernardo Vasquez, an agronomist, said he’d been threatened at least a dozen times by members of an armed group in the town, and the state Human Rights Commission issued an order of protection for him.  However, while he was returning home on the evening of March 15, 2012, gunmen stopped his pickup truck and murdered him.  His brother Andres and Rosalinda Canseco were both wounded and hospitalized.
COPOVU representatives Jorge Sanchez and Eustasio Vasquez said the killing was the work of «guardias blancas,» or paramilitaries, supported by the company.  «We’ve seen them give money to people in the community who are against us, and create a group called ‘Protecting Our Rights.’  These are people who now have new cars, when before they had nothing.  They are the guardias blancas who kill and threaten.»  Fortuna denied responsibility.  The company’s CEO Jorge Ganoza told Canadian media, «We, as a company, and our team in Oaxaca, are saddened by these senseless and continued acts of violence in the town of San José, related to a long-standing political struggle for local power.  It is in no way related to our activities or involves company personnel.»
Community and social organizations throughout Oaxaca condemned the assassination.  Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Services for an Alternative Education, EDUCA) said the violence was a consequence of the government’s development policy.  «Oaxaca has been converted into an arena for experimentation with the imposition of mega projects at any cost,» it stated.  «The multimillion profits of the big mining companies, and the human and social costs, will be paid as always by those ‘conflict-loving Indians,’ as they insultingly call those who defend their communities.»

The murder of Bernardo Vasquez was also condemned by the leaders of another Oaxacan town resisting mining projects, Capulalpam de Mendez in the Zapotec Sierra Juarez region.  In March 2012, its municipal leaders demanded an end to the mining activity in the area of the Natividad mine, and the cancellation of all the concessions given to its owners, another Canadian company called Continuum Resources.  Between 2004 and 2006 Continuum Resources was given mining concessions for 50,000 hectares in the Sierra, most covering communal lands.
The mine had a huge environmental impact.  The Natividad mine opened in 2002.  Just four years later, in 2006, water problems grew so bad around the mine that the Federal Prosecutor for Environmental Protection ordered all work at the mine to stop.  Community leaders accused the mine of having damaged the aquifers on which they depend, and that 13 springs disappeared.  «A community without water has no life on which future generations can depend,» a communal statement declared.
Water in the local river runs yellow, and has a terrible smell, according to Capulalpam residents.  The current Communal Welfare secretary, Javier Garcia Juarez, says that in 2011 some of the dams holding back ponds of toxic residue from earlier mine operations collapsed.  Tons of waste contaminated communal land belonging to the town, and trees in the local forest were stained grey with the chemicals that had been used to separate gold and silver from the ore extracted from the mine.

        That impact was particularly devastating for Capulalpam, which was declared «a magical town» by the Federal government’s Secretary of Tourism.  In the Sierra Juarez there are over 200 species of orchid, including some that are in danger of extinction.  People still sight jaguars, while monkeys, parrots and toucans are common, along with pumas, white-tailed deer and the dwarf magpie.
Despite this biodiversity, in 2011 another mining company, Minera Teocuitla, arrived in the community accompanied by agents of the Agrarian Reform department.  Minera Teocuitla is a subsidiary of Sundance Minerals, whose business model involves developing mines next to other mining projects, even closed ones.  The company proposed an exploration project called Geranio, directly north of the Natividad mine.  Mine and government representatives demanded a meeting with community residents to authorize a new exploration contract.
On April 10, 2011, however, the Zapotec community’s general assembly announced it would not support the project.  «The community of Capulalpam, exercising our rights as an indigenous and farming municipality, refuses permission to the companies Natividad, Minera Teocuitla, Continuum Resources, Arco Exploration or companies using any other name to carry out exploration or exploitation of minerals in our land.»

In Veracruz, a Canadian corporation, Goldcorp Resources, initiated exploration in the mid-2000s for two huge open pit excavations halfway between the state capital Xalapa and the Gulf coast.  The company, with headquarters in Vancouver, and its Mexican subsidiary, Minera Cardel SA de CV, were virtually given a concession of 20,000 hectares by the Federal government.
Edgar González Gaudiano published an analysis of the mine in the local newspaper La Jornada Veracruz, in which he estimated that the mine would produce 100,000 ounces of gold a year, with a value of about $1660 an ounce at 2012 prices, or $166 million.  Goldcorp would operate two huge open pits.  The ore would be treated with cyanide, a strong poison, to leach out the metal.  Cyanide bonds with the gold, essentially dissolving it.  Later the gold is separated out, leaving a large amount of cyanide-laced wastewater.  That runoff is held in huge open-air ponds.
Gold mining with cyanide is a very dangerous process, yet more than 90% of all gold extracted worldwide relies on its use.  In Romania in January 2000 a dam on one such pond broke, and about 100,000 cubic meters of toxic wastewater and mud poured into the Danube River.  The plume of cyanide traveled downstream, through Hungary and the former Yugoslavia, to the Black Sea, killing everything it touched.  It was called the worst environmental catastrophe since the nuclear meltdown in Chernobyl.
At Caballo Blanco, each ton of ore would produce half an ounce of gold, so mountains of cyanide-treated tailings would quickly rise around the pit and the wastewater ponds.  According to the Diario de Xalapa, another local newspaper, leaching out the gold would require 1.12 million cubic meters of water per year, depleting the aquifer on which rural farming communities depend.
An even greater danger might come from Mexico’s only nuclear power plant, Laguna Verde, less than ten miles away.  The ore would be broken loose from the earth by virtually continuous explosions, using up to five tons of explosives a day.  This section of Veracruz is geologically part of a volcanic region that includes some of Mexico’s most famous dormant volcanoes, including Orizaba, less than a hundred miles away, and the Cofre de Perote, which is even closer.
People from the towns closest to the mine, Actopan and Alto Lucero, said they’d been threatened to get them to sell their land to Goldcorp.  Beatriz Torrez Beristan, an activist with the Veracruz Assembly and Initiative in Defense of the Environment (LA VIDA, in its Spanish acronym) reported to La Jornada Veracruz that in a public hearing on the project  «they told us they were afraid, that they’d been intimidated and felt forced to sell their land.  There is definitely intimidation here, and they’re criminalizing social and environmental protest.»

        Goldcorp promised jobs, and said the environment would be restored after the gold and metals had been extracted.  «But we know that this can’t be,» Torres told reporter Fernando Carmona.  «It’s impossible to restore an ecosystem that has been so damaged.  You can cut down a tree and plant another, but you’ll never restore the complex ecological chain, with its many trees, birds and water.»
In February 2012, a Pact for a Veracruz Free of Toxic Mining was signed at a statewide assembly of environmental activists, who committed themselves to distributing accurate information about the exploitation of natural resources, alerting communities about potential threats, initiating legal actions, and organizing peaceful demonstrations.  Other groups opposed to the mine include REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería/ Mexican Network of Communities Affected by Mining) and RMALC (Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio/ Mexican Action Network on Free Trade) also organized opposition to Caballo Blanco.
Environmental damage from the mine is potentially so great that on February 28 Governor Javier Duarte de Ocho announced he was opposed to its operation.  But municipalities and states don’t make the basic economic decisions in Mexico.  That power is in the hands of the Federal government.  And on March 13, 2012, Goldcorp announced it had received its first environmental impact report from the Federal Secretariat of the Environment and Natural Resources (Semarnat), a major step towards operating the mine.

Federal acquiescence to Goldcorp reflects the policy of Mexico’s four past administrations of virtually giving away the country’s mineral wealth.  In 1992 Mexican President Carlos Salinas de Gortari modified the country’s mining law.  This was the same year that he also changed Mexico’s land reform law to allow the sale of former communal (ejido) lands.  Both were changes intended to allow foreign corporations to invest in huge projects in Mexico, and to protect those investments.  A year later, just before the North American Free Trade Agreement took effect, the ceiling on the amount of foreign investment that could be allowed in «strategic» industries (like mining) was eliminated.
Changes continued under Salinas’ successors, with both the PRI’s Ernesto Zedillo and the PAN’s Vicente Fox increasing the number of mining concessions given to foreign corporations like Goldcorp, and to huge Mexican mining cartels like Grupo Mexico.  Taxes on mining operations were eliminated.  Companies only had to make a symbolic payment for each hectare of land granted in their concessions.
According to Carlos Fernandez-Vega, whose business column «Mexico SA» («Mexico, Inc.») runs in the leftwing Mexico City daily La Jornada, the amount of land given in concessions reached 25 million hectares at the end of Fox’ presidency in 2006, and then more than doubled, to 51 million in just the first four years of his successor Felipe Calderon.  «In the two PAN administrations about 26 percent of the national territory was given to mining consortiums for their sole benefit,» he charges.  In 2010, Fernandez Vega explains, Calderon granted 4 million hectares in concessions, in exchange for which the Mexican government received $20 million (U.S.).  The foreign and domestic corporations given the concessions made $15 billion that year (a 50% increase from the previous year).  Those earnings were 750 times what they paid for the concessions.
Fernandez Vega based his column on a study by Mexican academics Francisco López Bárcenas and Mayra Montserrat Eslava Galicia of the Autonomous Metropolitan University (UAM) in Xochimilco, called «Minerals or Life.»  The Mexican Constitution, with its roots in the Revolution of 1910-20 and the nationalist government of Lazaro Cardenas of the late 1930s, puts forward goals for mining and other economic activity.  They include, Barcenas Lopez and Eslava Galicia state, «using natural resources for social benefit, creating an equitable distribution of public wealth, encouraging conservation, and achieving a balanced development for the country leading to improved conditions of life for the Mexican people.»   The new mining law, however, says any potential resource must be utilized, which gives the exploitation of resources preference over all other considerations.

        «Concession holders can demand that land occupied by a town be vacated, so that they can carry out their activities,» the two academics write.  «If land is used for growing food, that has to end so that a mine can be developed there.  Forests or wilderness are at the same risk.  This legal requirement also applies to indigenous people.  Their land used for rituals or sacred purposes, which contribute to maintaining their identity, can be leveled or destroyed.  This provision violates ILO Convention 169 that protects indigenous rights.»
Language in the mining law now «prohibits states and municipalities from imposing fees on mining activity, and therefore deprives them of any income from those activities that might benefit them,» the study concludes, even prohibiting them from charging fees for permits for the use of land or roads.

The mines promise jobs, but they produce very few, Oaxacan activists charge, while their social and environmental cost is high.  Mining, which receives enormous support from the Federal government, employs only 0.29% of Oaxaca’s working population, according to «Migration and Poverty in Oaxaca,» a study by Ana Marguerita Alvarado Juarez at the Autonomous University Benito Juarez of Oaxaca.  Even the Mexican Secretary of Labor says the average daily wage for miners in Mexico is 150 pesos ($12.50).  Low mining wages reflect the increased use of contract labor, in which workers employed by temp agencies have replaced thousands of people who formerly worked directly for the mining companies.
On the other hand, farming, which sustains over half of Oaxacan families, gets very little government support, and small farmers receive practically none of it.  The mining projects benefit, therefore, not the residents of local communities, but the shareholders of large corporations who exercise enormous influence on the Federal government.

        Aldo Gonzalez, a leader of the Union of Organizations of the Sierra Juarez of Oaxaca (UNOSJO) points out that the mega development projects promoted by the Federal government, instead of creating employment and rising living standards, undermine them because they are «designed from outside, and imposed on indigenous territories and intended to benefit investors instead of communities.»  As a result, he says, «they have been met with protests by people and communities whose land and water has been taken.»   Leaders of the Binational Front of Indigenous Organizations contend that this kind of economic development not only doesn’t stop the displacement of communities, but in fact accelerates it.

        Gonzalez and FIOB leaders predict even greater efforts throughout rural communities in Oaxaca and the rest of Mexico to find alternatives to development based on mines and corporate mega projects.  With a Federal government committed to pushing those projects forward, however, even sharper conflicts are inevitable.

This article is based on research for a new book coming from Beacon Press next year, The Right to Stay Home, which examines the movements in Mexico oppsoing displacement and forced migration.

 


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