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Rosario Ibarra Rosario Ibarra

H e tenido conocimiento de la situación de violaciones a los derechos humanos en contra de los ejidatarios del ejido La Sierrita de Galeana, Tlahualilo, Durango debido al incumplimiento y violación al contrato de ocupación temporal que suscribieron dicho ejido y la empresa minera Excellon de México, filial de la trasnacional canadiense Excellon Resources desde el 18 de abril de 2008 y, por otro lado, los actos de intimidación y hostigamiento que han recibido de parte de autoridades estatales para desistir de sus demandas, motivo por el cual el pasado 8 de julio decidieron cerrar la entrada de la mina como medida de presión para exigir el cumplimiento de sus demandas y el respeto a sus derechos humanos en la defensa de su tierra y recursos naturales.

El ejido ha intentado de buena fe resolver, desde noviembre de 2011, la serie de incumplimientos y violaciones a dicho contrato, y sostuvo dos reuniones el 12 y 27 de junio con el fin de resolver dicho conflicto. Sin embargo, la empresa se negó a cumplir con las cláusulas violadas y a mejorar la relación entre ambas partes por medio del diálogo.

Los ejidatarios de La Sierrita cuentan con la mejor voluntad para resolver el conflicto y buscan que la relación entre ambas partes se dé en un marco de justicia, equidad y respeto. Sin embargo, Excellon de México, al faltar a la reunión acordada el 6 de julio, ha mostrado el poco interés y desdén que tiene para resolver las demandas de los ejidatarios.

Como se puede imaginar, el descontento social es mayor, por lo que me parece preocupante el clima de tensión que se pueda generar debido a la falta de atención de parte de las autoridades estatales y de los directivos de la minera canadiense. Frente a esta situación es que me parece urgente una intervención del gobierno que ayude a destensar la situación y que al mismo tiempo asegure el respeto a los derechos humanos de los integrantes del ejido. Es de alarmar la manera en que Excellon amenaza con criminalizar a los ejidatarios, asegurando que el cierre de la mina es ilegal y que cuenta, para tal propósito, con el apoyo del gobierno federal y estatal, pero no ofrece ninguna salida satisfactoria que asegure la solución al conflicto.

Hice llegar un exhorto al gobernador de Durango para tomar las medidas que juzgue pertinentes para salvaguardar los derechos humanos de los ejidatarios, haciendo un enérgico llamado a la minera Excellon de México para que mediante el diálogo se desahoguen las demandas del ejido en un cabal cumplimiento y respeto a los derechos humanos.

De la misma manera que la denuncia anterior, se recibió una de los académicos Rolando José Luis Santos Orcillez, Carlos Juventino Cáceres Martínez, José Manuel Green Olachea, César Arturo Ruiz Verdugo, Rubén Salmerón, Humberto González Galván, Amadeo Peralta Adame, Héctor Manuel Santiesteban Oliva, Héctor Murillo Aguilar, Gilberto Piñeda Bañuelos, Rodolfo Moreno Garibay y Carlos Villavicencio Garayzar, y el abogado defensor Iván Castro Beltrán de la Universidad Autónoma de Baja California, quienes han sido víctimas de una campaña de represión y hostigamiento de parte de las autoridades y el sindicato de esta casa de estudios, coartando su derecho de expresión y manifestación.

Tienen razón quienes afirman en apoyo a ellos que no solamente resulta en agravio a sus derechos humanos, sino un oprobio que en una institución que debe ser garante de la pluralidad de pensamiento y de la tolerancia, esencia fundamental de toda universidad, sean las propias autoridades quienes pretendan silenciar voces disidentes.

Por todo lo anterior, desde este medio y por mi tarea dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y como defensora de los mismos, es mi derecho exigir el cese de esta arbitraria utilización del sistema legal para reprimir la disidencia.