La minería es asunto de utilidad pública

Por Juan Manuel Aguilar de la Peña
Lunes, 30 de Julio de 2012 | 06:02

Fue interesante asistir la semana recién concluida a una jornada de discusión entre especialistas poblanos en planeación del territorio, que trataron el asunto referido a la explotación de recursos mineros en el territorio del estado de Puebla.Los comentarios fueron abordados desde la visión de tres plataformas: Una de ellas fue la inquietud social de habitantes del municipio de Tetela; otra fue el rol que juega el gobierno del estado; y otra más fue el contexto legal que se relaciona con la actividad. Las conclusiones preliminares de la reunión trajeron nuevos escenarios de observación del tema, que en síntesis me permito compartir con mis respetados lectores.

En primer término se reconoció que la actividad minera se encuentra comprendida en el artículo 27 de la Constitución General de la República, que concede a la nación la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, la cual tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, correspondiéndole el dominio directo de los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales utilizados en la industria.

Para reglamentar la actividad minera se expidió la Ley Minera, cuyas disposiciones son de orden público dejando su aplicación a la Secretaría de Economía de la federación. Esta ley previene que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias son de utilidad pública y que serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que ella misma establece.

Es así que en el contexto de la ley, parecería que la prevalencia de la actividad minera sobre cualquier otro uso, concede inquietantes facilidades a los particulares para que basados en sus capacidades financieras, puedan repartirse el territorio nacional sin más limitaciones que las distribuciones de los minerales descritas por la Carta Geológica de México, generada a instancias del Servicio Geológico Mexicano. Y debe ser así cuando en la misma ley se conceden atribuciones a la Secretaría de Economía para resolver sobre las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la ley.

Lo interesante sería conocer los criterios asumidos por el Consejo de Recursos Minerales al promover la prospección y explotación de ciertos materiales en regiones tan social y ecológicamente vulnerables como las del norte del estado de Puebla, cuando la Carta Geológica identifica potencial de aprovechamiento similar en otras latitudes con menos complicaciones socioeconómicas, ecológicas y ambientales.

Desde otra plataforma de observación, se destacó que la normatividad ambiental nacional y estatal no constituyen instrumentos suficientes para identificar y valorar en todo sus alcances los efectos nocivos de ciertas actividades mineras sobre los ecosistemas, ya que sólo previenen efectos lineales sobre los recursos bióticos de las actividades en el predio, soslayando los efectos sobre otros elementos del sistema más allá del mismo, tales como los vinculados a las actividades económicas y culturales de las comunidades en pobreza que serán indirectamente perturbadas por la alteración física derivadas de las actividades de explotación y beneficio.

La amenaza que cubre el territorio en términos de las previsiones de la ley minera, merece una intervención firme y decidida del gobierno estatal, además del análisis y propuesta en su caso surgida del compromiso de los diputados federales poblanos. Inquieta por dar un ejemplo, que el artículo 19 confiera derechos a las concesiones mineras, de disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie que amparen, o de obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros.

Se reconoció pues, que es importante obtener más información de la Secretaría de Economía de la federación sobre el tema de la minería en Puebla y su ley, así como la política que se actualmente se ha adoptado para impulsar la actividad, de manera que puedan evaluarse realmente las implicaciones para nuestra entidad federativa. Esta acción puede abrir las posibilidades de definir nuevas formas de proteger las condiciones de bienestar de muchos poblanos, algunas en equilibrio y otras, las más, francamente en crisis.