ARTURO BURNES ORTIZ

La minería es una actividad productiva que se apropia de un recurso natural no renovable (salvo a escala geológica) arrancándolo de la corteza terrestre; por tanto depende del carácter geofísico del yacimiento objeto de explotación al tiempo que debe atender a las oscilaciones de la demanda y por ende de los precios internacionales, a los cambios tecnológicos de la industria y de la minería misma y, en su circunstancia actual, al reto de la revolución científico-tecnológica con la aparición de las aleaciones y materiales sintéticos que han reducido drásticamente los requerimientos minerales.

Cualquier análisis de la situación minera en el país y en la entidad zacatecana debe contemplar ese triple ámbito: el histórico, el económico y la problemática ambiental. El análisis de las tendencias de larga duración debe ir de la mano con el estudio de las estructuras, pero hoy esa mirada quedaría trunca si no se integra asimismo la relación entre la minería y la naturaleza, vale decir el impacto y la repercusión ecológico-ambiental.

La preocupación por el impacto ambiental ha destacado los cambios profundos en la explotación del recurso minero, en particular por sus nuevos métodos de contratación de trabajadores, el fortalecimiento de la gran minería privada acompañado de una reducción drástica de la participación estatal en esta actividad, junto con la apertura irrestricta a la inversión extranjera. En la transición al nuevo modelo extractivo jugó un papel importante la introducción del sistema de tajo o a cielo abierto (sobre todo en el oro y el cobre) que permite la extracción de grandes volúmenes de minerales de baja ley a un menor costo y el aumento en la utilización de métodos de beneficio primario más eficientes pero más agresivos para el medio ambiente como la hidrometalurgia, la lixiviación por cianuración que produce soluciones ácidas, la pirometalurgia y la electrometalurgia, etc.

Adicionalmente, la actividad extractiva afecta los suelos por destrucción o contaminación, las aguas superficiales al introducir sólidos en suspensión y contaminación química, las aguas subterráneas por contaminación de los acuíferos, así como la atmósfera al afectar la calidad del aire y aumentar la contaminación acústica. La minería de metálicos es la que tiene efectos más graves en la contaminación de aguas superficiales y subterráneas debido a la dispersión de metales tóxicos y la generación de aguas ácidas de drenaje, caracterizadas por valores de PH muy bajos y por sus elevados contenidos en metales pesados disueltos Recuérdese que en la actividad extractiva los materiales residuales representan más del 95 por ciento del material tratado y se depositan en jales que, con los inevitables escurrimientos, alteran las aguas superficiales y subterráneas. Vale la pena hacer notar, hoy que Zacatecas se erige como el tercer productor nacional de oro, que del conjunto de minerales, la obtención del metal dorado es el que deja más residuos en proporción a su contenido o ley; se estima que en una gran explotación de tajo se pueden generar hasta 250 toneladas de residuos por cada onza de oro que se obtiene.

A pesar de que se reconoce la agresividad a la naturaleza inherente a la actividad minera, ésta continúa porque la demanda de materias primas de origen mineral crece incesantemente. Es más; la sociedad moderna no se concibe sin la obtención de los productos derivados de la explotación del recurso natural. Hay un avance en la prevención y medidas correctivas, al condicionar la concesión de permisos de explotación a la realización de estudios de impacto ambiental, esto es, planes de corrección y remedio incluso desde el momento mismo de la exploración. Por desgracia, hay casos en que se obvian o no se cumplen, por lo que la comunidad aledaña es la que enfrenta el costo ambiental, de salud y económico y se le deja al municipio la tarea de la restauración.

En las 28 entidades federativas donde se identificaron riesgos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios los agrupó en cuatro agentes contaminantes: metales, sustancias químicas, toxinas y emisiones volcánicas. En el mapa de riesgos destacan por la severidad y población afectada: Zacatecas, mercurio y plomo (El Pedernalillo y Nuevo Mercurio); Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Morelos (plomo) e Hidalgo por manganeso (Dirección General, 2002: 2). Por su parte la Semarnat identificó en Zacatecas cinco sitios de gran contaminación: La Zacatecana, Vetagrande, Noria de Angeles, Nuevo Mercurio y Concepción del Oro, todos ellos relacionados con la extracción de minerales desde el mismo siglo 16. Por tal razón, están entre los 297 sitios del país contemplados en el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados. La remediación significa la remoción de los contaminantes del lugar y combatir las causas de la polución, lo cual hasta la fecha no ha sido factible. Desgraciadamente los limitados objetivos  del desarrollo sustentable en su versión oficial se limitan a un conjunto de buenos propósitos que buscan dar paliativos a los efectos negativos del uso capitalista del recurso minero más que como un modelo de desarrollo alternativo.

Sin duda, La Zacatecana y Nuevo Mercurio son dos ejemplos extremos de la escasa preocupación por los efectos ambientales y el rápido agotamiento del recurso natural. El caso de La Zacatecana y su laguna de El Pedernalillo, cercana a la ciudad de Guadalupe, Zacatecas fue calificado como “la peor tragedia ecológica en México” por Buco Lepetic, asesor de las Naciones Unidas y que se pasó casi dos meses estudiando la contaminación en esa comunidad. En la base de este vaso de agua yacen 3 mil toneladas de mercurio (en forma de cloruro orgánico de mercurio, mejor conocido como metilmercurio). Tal cantidad se calcula en base al promedio del contenido de mercurio -400 gramos por tonelada- en sus 8 millones de toneladas de jales. La contaminación en esta comunidad se originó desde los tiempos coloniales por el método de amalgamación por mercurio o azogue. Durante siglos los jales y residuos diversos fueron arrastrados por el agua de lluvia depositándose, antes de la construcción de la presa que dio origen a la laguna, en la cuenca del Arroyo de la Plata constituida por los valles de Guadalupe, Zóquite, Tacoaleche y La Era, principalmente. Nuevo Mercurio es una comunidad del semidesierto situada en el municipio de Mazapil, y es una expresión de esa imagen recurrente en nuestro medio: la de los “pueblos fantasma”, resultado del abandono de las minas al final de su etapa productiva sin que se lleve a cabo la necesaria rehabilitación.

Otra ilustración del camino a recorrer y los obstáculos a sortear para evitar la rapiña y la destrucción de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, garantizar la salud de la población y lograr un desarrollo regional  armónico tiene que ver con la compañía canadiense Golcorp. Esta empresa ocupa el tercer lugar en el mundo y tiene en El Peñasquito, municipio de Mazapil, el proyecto minero aurífero más importante del país, el segundo en América Latina y el tercero a nivel mundial, con una inversión de mil 700 millones de dólares. La extracción se realiza con el sistema de tajo o a cielo abierto, uno de los más agresivos para el medio ambiente. Mención aparte merece la extracción masiva del agua del subsuelo en una región, la del semidesierto zacatecano, que tiene el más bajo índice de precipitación pluvial en la entidad. De acuerdo a Conagua, la Goldcorp extrae 13.7 millones de metros cúbicos al año, un volumen que rebasa la capacidad de recarga de la cuenca hidrológica de los ejidos Cedros y El Vergel y que es de 10 millones de metros cúbicos anuales.

¿Hay salida a la relación prepotente y agresiva de la minería con la naturaleza? En los países industrializados o desarrollados la conciencia ecológica ha dado lugar a la búsqueda de mecanismos de control de los efectos nocivos derivados de la actividad extractiva. Ahí aparecen los primeros códigos ambientales y los primeros grupos ecologistas y recuérdese que en el marco de la mundialización exacerbada llamada globalización, se impone la tesis de que una empresa es competitiva cuando tiene un buen desempeño ambiental tanto por los procesos que utiliza en sus actividades como por las características de sus productos finales. Las estrictas normas legales existentes en esos países obligan a la recuperación y reconversión de los terrenos minados a su estado original (lo que no siempre es factible) o, al menos, a su reutilización en actividades necesarias o atractivas a la sociedad implicada; por ejemplo, las minas subterráneas agotadas pueden servir de almacenamiento de líquidos o de mercancías secas; establecimiento de viveros de plantas, instalaciones industriales o incluso como atracción turística.

Entre las medidas de rehabilitación están la recuperación de los terreros de jales para rellenar los huecos dejados por el minado subterráneo; la recuperación de efluentes con cianuro mediante agentes químicos o energía solar, la confinación de residuos peligrosos, el uso de agentes biológicos para control de los metales pesados, etc. Pero hay que hacer hincapié en que lo más importante es el control durante el proceso de minado, beneficio y metalurgia, en el que las empresas deben invertir cantidades importantes de capital para establecer controles de las emisiones. Un estudio para Estados Unidos arroja que un 30 por ciento del costo total del proceso de fundición se dedica al control de emisiones. Las medidas van del control de la dispersión de polvos y partículas al filtrado de chimeneas y sobre todo al control de los sedimento con metales pesados y solventes que afectan los sistemas de drenaje. Ahora bien, las medidas se aplican en tanto las leyes ambientales del país sean estrictas y se apliquen intensas actividades de monitoreo. Por eso no es de extrañar que ante el estricto control muchas empresas busquen otros espacios para la explotación de los recursos mineros, es decir otros países con leyes ambientales más flexibles, controles más débiles y costos de producción más bajos en términos de salarios, prestaciones e impuestos.

En México hay una base constitucional de protección al ambiente en el Artículo 27 (control y conservación de los recursos naturales) y en el Artículo 25 (regulación del uso de los recursos productivos en los sectores social y privado). En materia minera los primeros esfuerzos para legislar los aspectos ambientales se remontan a los años 1970 (Ley Federal para prevenir y controlar la Contaminación Ambiental, que rige de 1971 a 1982); le continúa la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982 a 1988 y que culmina en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, modificada en 1996 y que hasta la fecha está en vigor. De ella surgen reglamentos y normas que deben cumplir las empresas mineras para impedir el impacto ambiental en tres rubros: descargas de aguas residuales, contaminación atmosférica y depósito de residuos peligrosos. Los jales son considerados residuos peligrosos que deben contenerse en presas específicas, a una distancia mínima respecto a los asentamientos humanos y a las corrientes y cuerpos de agua.

Toda empresa minera en el periodo previo a la puesta en marcha del proyecto debe cumplir cerca de 30 trámites administrativos vinculados con los impactos ambientales y es el caso de que muchas empresas (sobre todo extranjeras), aceptando que se debe cuidar el ambiente, no cumplen los decretos argumentando que las concesiones son anteriores a los mismos y que obligarían al cierre de las minas, con la consiguiente pérdida de producción y de empleos. Fue el caso de Real de Angeles en Zacatecas, y también está en el origen del conflicto más reciente, en el histórico Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, en donde la New Gold-Minera San Xavier y antes la Metallical Resources -ambas de origen canadiense- han violado sistemáticamente las disposiciones de la normatividad ambiental. Es evidente que en México hay todavía gran descuido al medio ambiente, y la minería invierte poco en la protección ambiental; sus inversiones en este rubro van del 0.5 por ciento al 1.5 por ciento mientras que en Estados Unidos y en Europa las inversiones llegan al 5 por ciento. De hecho, sólo las grandes compañías –nacionales y extranjeras- pueden hacer frente a los gastos que implica cubrir las reglamentaciones en materia ambiental; corporaciones como IMMSA del Grupo México (Cananea y Nacozari, San Luis), Peñoles (Naica, Met-Mex en Torreón, Fresnillo PLC), Corporación San Luis (Durango), Autlán (Molango) ya han concretado proyectos de control de contaminantes.

Pero no basta. Es cierto que la minería siempre será una industria relativamente sucia tanto en la extracción como en el beneficio, pues implica la remoción de cientos de miles (en ocasiones millones) de toneladas de materiales de la corteza terrestre y su posterior procesamiento. El reto es cómo hacer frente a la demanda acrecentada de materias primas y al mismo tiempo minimizar el impacto de la actividad extractiva, tanto en el aspecto de la prevención como en el del remedio. Se trata, en otras palabras, de afrontar el reto del desarrollo sustentable en función de todos los recursos que requiere la sociedad, incluidos el agua y el aire. Estos esfuerzos deben partir sobre todo de los gobiernos en sus tres niveles (local, estatal y federal) pero también las corporaciones empresariales deben responsabilizarse socialmente por los resultados nocivos infligidos al medio ambiente y a la salud derivados de sus actividades.

Si las empresas no se ven obligadas a adoptar esa responsabilidad social con los consiguientes costos, sólo la acción gubernamental puede remediar algo al respecto, especialmente en países como el nuestro en los que la presión social a favor del medio ambiente no es muy fuerte. Dicha acción pública, empero, es muy limitada si no cuenta con la cooperación decidida de todos los agentes productivos, pues el funcionamiento sistémico e integral de la ecología involucra en problemas y soluciones a todas las regiones y a todos los sectores sociales, aunque con una responsabilidad diferenciada, pues no es la misma situación la de los que toman las decisiones en el ámbito político y la clase gerencial de las corporaciones mineras que la propia de los trabajadores y las comunidades que se encuentran en el entorno de los yacimientos. La solución sólo puede surgir atacando el fondo del problema y debe ser tan global y compleja como éste. Para que ese concepto de desarrollo sostenible o sustentable sea factible y sus efectos sean duraderos, la gestión pública y la sociedad deben atender simultáneamente los ámbitos social, económico, ecológico, espacial y cultural.

Visto así, el concepto de desarrollo sostenible y durable con contenido social se traduce en una pluralidad de soluciones locales, propias de cada ecosistema, de cada contexto cultural, de cada sitio; en particular habría que proteger y fortalecer las actividades económicas locales tradicionales dirigidas al mantenimiento de la seguridad alimentaria local de las comunidades arraigadas en la región, respetando su identidad, sus aspiraciones y vocaciones históricamente constituidas.

Ahora bien, ¿hay que esperar todo de las estructuras, del Estado, de las corporaciones? También es responsabilidad de la sociedad civil, de los ciudadanos el exigir que se modifiquen las leyes que favorecen el lucro y beneficio privado por encima del beneficio social o la conservación ambiental. Es importante adquirir conciencia de la peligrosidad de los emplazamientos mineros, de la dimensión que adquieren los problemas de contaminación atmosférica e hídrica y empezar a asumir en serio esa responsabilidad. Esta voluntad de acción puede formar parte tanto de estrategias colectivas de entes organizados como de decisiones individuales (en el plano de la vida mía y de ahora, pues por algo se empieza: quien no puede lo menos no puede lo más) pues no podemos esperar como individuos a que las cosas simplemente sucedan. Eso sí, el Estado como el ente social más general, es el principal convocado para la aplicación de las leyes y normas ambientales, para la regulación y planificación regional y nacional, pues en este ámbito si el Estado no puede nadie puede.

¿Que el panorama es desolador? Sí. Empero, la minería puede desarrollarse de manera respetuosa a condición de que el beneficio social esté por encima del privado. No se rechaza todo proyecto de desarrollo minero per se, sino aquel que atenta contra el entorno y las comunidades posesionarias originales del recurso. La minería es sólo un instrumento para el desarrollo humano y como tal puede utilizarse en forma depredadora o con responsabilidad sustentable; todo depende de quién y cómo la usa.

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