Napoleón Gómez Urrutia

Si no hubiera sido por las firmes denuncias sistemáticas que el Sindicato Nacional de Mineros ha venido formulando desde el 19 de febrero de 2006, fecha del homicidio industrial de Pasta de Conchos, éste sería el momento de que el gobierno conservador de Calderón y las empresas que le han dictado la línea en política laboral no hubieran hecho ningún caso a la demanda de instalar condiciones de seguridad industrial y protección a la salud de los trabajadores. Pero, a pesar de sus repetidos mensajes y propaganda de que ya están atendiendo ese delicado tema, es la fecha en que el gobierno y las compañías carentes de ética social no han hecho nada para resolver el grave problema de inseguridad al que se enfrentan los asalariados mineros en virtualmente todos los centros de trabajo del país.

La tragedia de Pasta de Conchos no fue la primera ni sería la última de las que han enlutado a las familias de los mineros. Desde 2006 ha habido, según nuestras inevitables y no deseadas estadísticas, más de 200 muertes de mineros, en percances diversos. La principal causa de ellos es la falta de adecuadas medidas de prevención y de capacitación para los mineros, la cual es responsabilidad plena de las empresas del ramo, no de los trabajadores, según lo ordenan la Constitución, las leyes laborales y los contratos colectivos de trabajo, donde claramente queda a la vista la irresponsabilidad que priva en la operación de esos negocios. La falta de ética de estos empresarios se refleja en la ambición desmedida y la obtención de utilidades a cualquier costo, sin importarles la suerte de quienes, con sus manos, sacrificio y esfuerzo, hacen posible su riqueza.

Estamos en las mismas o parecidas condiciones que cuando la tragedia de Barroterán de 1969, en la que perdieron la vida 153 trabajadores. Las autoridades laborales y los gobiernos de Coahuila se conforman o resignan, sobre todo después de Pasta de Conchos, con meter celeridad a las explicaciones y pretextos sobre los siniestros una vez que ellos ocurren, pero previamente no hacen nada para impedirlos o evitarlos al máximo posible. Es un hecho que mientras en México esta dramática situación empeora cada vez más por la irracionalidad de la explotación minera, en otras partes del mundo ya se han adoptado medidas de seguridad para salvaguardar las vidas de los trabajadores, las cuales funcionan tanto en Canadá y en Estados Unidos, como en Europa.

Como los padres, hermanos o hijos de ese tipo de empresarios no están en la tenebrosa lista de los muertos o los heridos, los funcionarios públicos y esos hombres de negocios consideran que se trata de cifras de muerte naturales, que así ha sido siempre y así tendrá que seguir siendo permanentemente. Las muertes son de los mineros; las ganancias, de los empresarios voraces. El exponente más cruel de esta especie de negociantes, que merecería la Medalla de Oro en la Olimpiada de los Desastres y la Indignidad es el multimencionado Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México y principal responsable impune, con sus socios y accionistas, del homicidio industrial de Pasta de Conchos. Aunque hay otros que le disputan el primer lugar en el siniestro medallero, como Peñoles y Grupo Acerero del Norte.

Antes de éste, hubo a lo largo del siglo 20 otras terribles tragedias en Coahuila, siendo muy notables las de la zona carbonífera en esa entidad, debido a la misma negligencia criminal de las compañías mineras. La más notoria en el pasado fue la ya mencionada de Barroterán, de la misma entidad, en 1969, hace 43 años, que provocó profundo estremecimiento en la sociedad mexicana, pero donde el resultado posterior siguió siendo el mismo. La voracidad de los empresarios mineros se ha impuesto siempre a la demanda del Sindicato Nacional de Mineros y de numerosas voces en la sociedad mexicana, de que se establezcan condiciones adecuadas de seguridad industrial y de salud.

Hoy, 16 de agosto de 2012, hace exactamente 11 días, hubo un percance en la Mina 7 de la empresa Minerales del Norte SA, Minosa, filial del Grupo Acerero del Norte, GAN, que dirige Alonso Ancira Elizondo. Fallecieron seis trabajadores. Después de estas muertes, los mineros, miembros de la Sección Sindical 303, decidieron lanzar un paro y bloqueo de la mina hasta que se mejoren las condiciones de seguridad, no sin antes expulsar a los líderes espurios que les ha endilgado MINOSA mediante amenazas y terrorismo empresarial, y se propusieron buscar su reingreso a plenitud de derechos al Sindicato Nacional de Mineros.

Esto último bastó para que la empresa decidiera cerrar la mina, a la par que lo hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que los trabajadores interpretaron como una amenaza de cierre definitivo del centro de trabajo y su consiguiente desempleo. En vez de atender el problema, la empresa pretendió imponer a los paristas el retorno al trabajo, auxiliada por una abogada de la Pastoral Laboral, de nombre Cristina Auerbach, quien también les exigió el regreso a las labores y reclamó a los propios trabajadores que en todo diálogo no esté presente ningún representante del Sindicato Nacional de Mineros. Cosa que los paristas no aceptaron y siguen firmes en su demanda de que en la Mina 7 de Minosa se establezcan verdaderas condiciones de seguridad para poder volver al trabajo. El hecho objetivo es que esta vez fallecieron seis mineros más y eso tiene sin cuidado ni preocupación a Ancira y sus aliados, para quienes es más importante que el Sindicato Nacional de Mineros no esté presente en el problema, pues saben que en esta organización sí se defienden los intereses de los trabajadores.

Este grave asunto, como todos los anteriores, requiere de una reforma a fondo de las reglas y las condiciones en que operan las compañías mineras en todo el país. Urge penalizar la negligencia criminal y la arrogancia de las empresas que provocan tantas muertes. Ya nadie que tenga la cabeza bien puesta sobre los hombros quiere otro Pasta de Conchos ni otro Barroterán ni otra Mina 7. ¿Cuántas muertes más habrán de ocurrir antes de que el gobierno decida evitar la impunidad y esta guerra de exterminio contra los mineros?

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/16/opinion/020a1pol