Antonio Rebolledo
El Diario/Enviado | 01-09-2012 | 00:20
Buenaventura— Tres zafarranchos entre ejidatarios y pobladores locales
reventaron ayer una reunión que sostendrían ambos grupos con
autoridades federales y estatales para determinar la sustentabilidad
ecológica de los proyectos de exploración polimetálica “5 de Mayo” y
“Pozo Seco” a cargo de la empresa Minera Cascabel, perforaciones que
se realizan a 15 kilómetros al noroeste de esta comunidad.
En los tres enfrentamientos entre las 12:00 y las 16:00 horas, la
policía municipal de Buenaventura no intervino para separar a los
grupos en conflicto que por el lado de los ejidatarios sumaban
alrededor de cien, y por los comuneros, pobladores y ejidatarios a
favor de la minera se contaban en más de cuatrocientos.
Los funcionarios del gobierno federal y estatal fungirían en la
reunión como mediadores en el conflicto que suma ya dos meses y que
ayer en una de sus jornadas cruciales de mediación concluyó
preliminarmente en un ultimátum lanzado por el comisariado ejidal
Rafael Armendáriz Ortiz para que en las próximas 72 horas la compañía
de servicios de exploración minera Cascabel retire a su personal y
equipo distribuido sobre cinco mil hectáreas de predios ejidales de
uso común al noroeste de esta cabecera.
El primer enfrentamiento se registró al filo de mediodía, minutos
antes de iniciar la sesión, cuando un grupo de pobladores y
ejidatarios en favor del proyecto minero se manifestaban con pancartas
frente a la sede del comisariado ejidal exigiendo que las labores de
exploración continúen para recuperar el empleo de alrededor de cien
pobladores que desde hace dos meses vieron cancelados sus contratos
por parte de Minera Cascabel, filial de la minera canadiense MAG
Silver, ante la negativa del comisariado ejidal para permitirle
continuar con las perforaciones que suman alrededor de 400 en busca de
vetas de plata, plomo, zinc, oro y molibdeno.
Los manifestantes, con pancartas en mano donde acusaban a algunos
ejidatarios de extorsionar a los directivos de la mina para que
rectifique y aumente los montos que les pagó por la cesión de derechos
de predios de uso común ejidal en caso de empezar a extraer oro en la
zona, se enfrascaron en una discusión a un costado de la plaza central
del poblado.
La discusión y los gritos, en un santiamén se convirtieron en golpes
cuando entre empujones una comunera que exigía la restauración de la
exploración, salió proyectada hacia los manifestantes.
La golpiza duró aproximadamente diez minutos e intervino al menos una
veintena de ejidatarios y otro tanto de comuneros.
En el primero de tres zafarranchos no hubo lesionados, apenas algunos
raspones consecuencia de los puñetazos.
Este primer combate provocó que funcionarios de la Secretaría de
Gobernación y de la Dirección de Minas del gobierno estatal,
suspendieran la reunión informativa y aclaratoria que sostendrían con
dos comisiones de ejidatarios y pobladores, para determinar si la mina
representa o no riesgos ambientales para la zona, mayormente de
producción agrícola.
A la reunión suspendida por no encontrar condiciones adecuadas para su
desarrollo, acudirían también representantes de la empresa minera y
funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa).
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