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Meredith de la Garza, Agustín Bravo, y Ariel Ruiz, se pronunciaron ayer en contra de la minería que sea tóxica para el ambiente. (Villafuerte) / El Sudcaliforniano
El Sudcaliforniano
25 de octubre de 2012

Aracely Hernández F.

La Paz, Baja California Sur.- A unas horas de que se celebre la consulta pública de la minera Los Cardones, organismos ambientales advierten que no debe haber ninguna minera tóxica en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna, porque está prohibida esta actividad en el área protegida, ya que es ilegal.

En conferencia de prensa, los representantes de Niparajá, Meredith de la Garza; Agustín Bravo de CEMDA, y Ariel Ruiz Castillo, de Agua Vale más que Oro, refieren que la minería es un mal necesario del desarrollo, el asunto es que dónde debe y no desarrollarse, porque el arsénico es cancerígeno.

«El proyecto de megamina tóxica a cielo abierto denominado Los Cardones no es más que un refrito de los extintos proyectos de Concordia y Paredones Amarillos que pone en riesgo los recursos naturales de Baja California Sur», alertaron las organizaciones.

Según refieren, que la minera liberaría durante el proceso de molienda 67 millones de kilogramos de arsénico, mismos que quedarían expuestos a la intemperie a perpetuidad y como sucedió en la zona de San Antonio y Los Planes, donde actualmente hay alto índice de gente con cáncer, así como de pozos contaminados.

Argumentan los ambientalistas, que el proyecto además de ubicarse en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna, que es principal fuente de agua, también liberaría más de 100 millones de kilogramos tóxicos, entre ellos arsénico para «envenenar a toda la población del país», además de plomo, cromo, uranio, torio, entre otros, todos ellos quedarían almacenados en la presa de jales, afirman ambientalistas.

Advierten que «este no es un problema sólo de autoridades federales, Marcos Covarrubias y Esthela Ponce tienen la facultad y las herramientas legales para apoyar a los paceños, defendiendo la sierra de la minería tóxica. La alcaldesa puede a través del POEL prohibir este tipo de actividades riesgosas y contaminantes, además pueden participar dentro del Procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA) ante la Semarnat emitiendo una opinión en contra, y a la vez negar el permiso de construcción, el gobernador tiene la facultad de opinar dentro del PEIA y no autorizar el uso del suelo, les pedimos que hagan uso de sus facultades para proteger a los sudcalifornianos de los impactos de la minería tóxica», dijo Meredith de la Garza, directora de Niparajá.