• Fuente: Proceso
  • 21 marzo 2013
  • Empresarios carboneros de Coahuila pretenden limpiar su historial de trabajadores muertos y heridos para renovar sus contratos con la CFE
    • Foto: Vanguardia/Especial

    MÉXICO, D.F.- El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y su hermano, el exgobernador Humberto, dijeron, por separado, que en la minería carbonífera se había metido el narco. El 20 de agosto, el gobernador Rubén, sostuvo que se había planteado el reto de ordenar el sector, pero al mismo tiempo, rechazó el cierre de los pocitos y pidió trabajar en el reforzamiento de las medidas de seguridad.

    En los meses siguientes iniciaron los trámites para la renovación contractual. Conforme al Manual de Asignación de Contratos, publicado en enero de 2011 en el Periódico Oficial de Coahuila, en el comité no figuran la STPS ni el IMSS, ni la secretaría de Hacienda.

    Dicho manual y la conformación del comité de asignación, hace posible que se mantenga en la opacidad cómo se obtienen 2.57 millones de toneladas de 71 empresas, ni cómo se cumple con casi 800 mil toneladas más, pues el contrato de Prodemi con CFE es por 3.3 millones de toneladas. La STPS detectó que existen 48 contratistas con pocitos clandestinos, que venden a las proveedoras de Prodemi, pero el Gobierno del Estado desestimó la información.

    Revelaciones

    La STPS pidió el listado de las 71 empresas que tienen o tendrán contrato con la CFE, a fin de realizar un operativo de inspección. APRO obtuvo el listado tras las inspecciones y el resultado fue revelador:

    En el contrato de 2010, se asignaron 2.15 millones de toneladas de carbón y había mil 849 trabajadores registrados en el IMSS; ahora, para el nuevo contrato, se asignan 2.57 millones de toneladas, pero sólo hay mil 308 trabajadores registrados en el IMSS.

    Lo anterior es posible a través de las 71 empresas que Prodemi pretende contratar, de las cuales 23 carecen hasta de registro patronal y, por lo tanto de trabajadores registrados en el IMSS. Se trata de las empresas Black Fossil; Carbonífera La Moderna; Excamin; Genaro Quiroga Rivera; Impulsora JBN; Grupo Empresarial MG; Minera Don Beto; Fósiles Minerales y Minera Carbonífera Mupo.

    También Drumak; Fósiles Industriales; Logística y Recursos Comerciales; Mex Monclova; Dinsa; Comercializadora de Minerales y Derivados La Encantada; Fénix Tecnoservicios; Minerales y Transportes; Fosiles Industriales; Logística y Recursos Comerciales; Mex Monclova; Fluorita de Múzquiz; Impulsora Especializada en Desarrollo Carboníferos y, Carbonífera Morín.

    Al realizar la búsqueda de las empresas que no tienen trabajadores en el IMSS, y contrastarla con el listado de las 71 empresas, APRO encontró que 18 de éstas tienen menos de 15 trabajadores registrados, siendo que esa es la cantidad mínima para operar un pocito conforme a la reglamentación vigente.

    En su operativo, la STPS detectó datos falsos. Minera Agropecuaria Ejidal La Angostura; Minera Internacional de México; Minera 2G; Minera La Misión, y Pech&Mining, dieron ubicaciones de pocitos donde no existen, pero la Prodemi las dio por buenas.

    Peor aún. Debido a la falsa información que proporcionaron las empresas a la Prodemi, la STPS encontró que 32 empresas no tenían antecedentes de inspección ni historial de capacitación, adiestramiento ni verificación de condiciones generales de trabajo.

    Actos corruptos

    Este año hay elecciones municipales en Coahuila. En Progreso, el exalcalde Federico Quintanilla quiso ser candidato del PRI por segunda ocasión, pero no lo logró. Hace unos meses, el 25 de julio, en uno de sus pocitos de carbón murieron siete trabajadores.

    Conocido como Lico, el político es dueño de Minera El Progreso, y de Rodamientos y Equipos de Sabinas, en la que murió un trabajador en 2010. Su actividad empresarial acumula ocho muertos en dos años.

    El domicilio legal de sus empresas es el mismo que el de Operadora Industrial Minera, pero en los trámites para ser proveedor de Prodemi aparece otro representante. La Prodemi considera darles un contrato a cada una que, entre las tres, suman 45 mil toneladas de carbón. Las tres, tienen sanciones pendientes de la STPS.

    Entre las empresas que la Prodemi desea mantener en su padrón, se encuentran varias de las que tuvieron siniestros con saldo de muertos y heridos. De las 71 empresas del listado, 37 tienen sanciones pendientes por infracciones graves a las normas de seguridad e higiene.

    Las sanciones del trabajo, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, deben ser cobradas por el estado o el municipio, pero los poceros tienen influencias, como en el caso de Lico Quintanilla, o de la familia González Garza, por ejemplo. Los González Garza, son propietarios de varias empresas mineras algunas en asociación con la familia Montemayor Seguy, la familia de Rogelio, el exdirector de Pemex.

    En mayo de 2011, 14 carboneros murieron en un pocito, propiedad de los González Garza-Montemayor. El alcalde de Sabinas es Jesús María Montemayor, hijo de uno de los accionistas.

    Aun cuando hay empresas en investigación federal por vínculos con el narco se les asignará contrato. Entre esas está Grupo Empresarial MG, cuyo representante fue detenido por el ejército en Saltillo, en abril de 2012, y presentado como operador de Los Zetas.

    También Impulsora JBN, así como Minera Carbonífera Las Cuatas, cuyo representante es Joel Bermea Castillo, hermano de José Reynol, propietario de Carbonífera La Mariana, quien fue detenido por la Marina.

    A las numerosas irregularidades en que incurren 69 de las 71 empresas, en materias de trabajo, seguridad social, seguridad laboral, e incluso, fiscal y penal, se suman los contratistas con minas clandestinas, como aquella en que quedó discapacitado Javier Alejandro Álvarez, y que, sin tener contrato con Prodemi, abastecen a las mineras que si son proveedoras de carbón para generar electricidad.

    Al olvido

    Con multas impagas y teniendo como único cliente al Gobierno de Coahuila, nadie cobra las multas y nadie las paga. Mucho menos se abren averiguaciones previas por las muertes.

    Son los casos de Alvaram de Agujita, de Vanessa Álvarez, en cuyo pocito murió un trabajador el 1 de mayo de 2012. La STPS emitió una sanción en abril de 2012.

    Carbonífera Manantial, representada por Genaro Garza Guerra, es dueña del pocito Los Sabinos, donde se registró un accidente con saldo de un muerto en diciembre de 2007.

    Otro caso es Minera Díaz, propiedad de Jesús Díaz. En febrero de 2012, cuatro de sus trabajadores sufrieron un accidente en el trayecto al pocito. Murió un trabajador y un menor de edad quedó lisiado. De los cuatro obreros, tres no estaban registrados ante el IMSS.

    También Minera Zeduvik, que tenía un pocito clandestino en el que, en 2009, tuvo un trabajador muerto que no tenía registro en el IMSS.

  • Fuente: Proceso

kg

 

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