Por: Jorge Castillo
Foto: Christopher Dami?n
Ilegal, la instalación de mineras e hidroeléctricas en la Sierra Norte, señalan organizaciones indígenas
Actualizado: 20, Marzo 2013

El gobierno de Rafael Moreno Valle impulsa a empresas extranjeras y nacionales para la explotación minera e instalación de hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla, acusaron activistas indígenas.

Las organizaciones indígenas de la Sierra Norte exigen a Rafael Moreno Valle se pronuncie en contra de la instalación de por lo menos siete mineras y plantas hidroeléctricas en Puebla, a las que ha dado apoyo, ya que aseguran son concesiones ilegales.

Una de estas empresas mineras, la canadiense Almaden, por medio de su página de internet, informa de supuestos apoyos para lograr la aprobación de la población para hacer trabajos en el subsuelo de Ixtacamaxtitlán.

En su página de internet en inglés www.almadenminerals.com, destacan que la “zona Ixtaca” es un nuevo descubrimiento de Almaden con el potencial de convertirse en una de clase mundial, proyecto minero de oro y plata.

En el espacio de la web, los empresarios se promocionan acompañados por la esposa del gobernador de Puebla, Martha Ericka Alonso de Moreno Valle, en la donación de sillas de ruedas en una comunidad de escasos recursos, el 23 de abril de 2012.

“Están dando espejitos para explotar las tierras, dicen que construyen escuelas, que hasta dan teléfonos celulares, pero todo son migajas a las afectaciones que van a hacer en la zona”, señaló Ana Rita Herrera Cortés, activista de la comunidad.

Situaciones como ésta se registran en por lo menos cinco municipios de las zonas más pobres de Puebla, donde, con la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales, están logrando su objetivo de extraer minerales en terrenos privados.

“Tendremos en unos años que lavar nuestro café con agua con cianuro”, señaló Alonso Aco Cortés, productor del aromático en la cuenca Cozoltepec-Huitzilan, en la sierra poblana.

Mineras, con el morenovallismo
Almaden Minerals presume, en su página de internet, una foto con Ericka Alonso, donde entregaron sillas de ruedas a personas de escasos recursos en la Sierra Norte.

Asimismo, presumen que los pobladores agradecen los apoyos recibidos como son la construcción de un cuarto para una escuela en Santa María Zotoltepec, baños públicos, mantenimiento a inmuebles o reforestación en las poblaciones donde trabajan.

Para ello, utilizan fotografías donde se ven unos cuantos padres de familia acompañados de sus hijos en el preescolar de la comunidad, con pancartas de agradecimiento por la construcción de una habitación extra.

“En colaboración con la fundación Silla de Ruedas, Almaden ayudó a patrocinar la compra de más de 260 sillas de ruedas, las cuales fueron distribuidas en Puebla, Veracruz y Oaxaca en abril de 2012”, dice su texto, acompañado por una foto con la esposa del mandatario poblano.

Un año antes, el 14 de abril de 2011, cuando Moreno Valle tenía poco más de dos meses en el cargo, firmó el convenio con Grupo México, evento en el que aseguró Moreno Valle que impulsaría la inversión en desarrollo sustentable y energías alternativas.

El convenio “Generación de energía limpia” fue firmado con Xavier García de Quevedo, presidente de Minera México y miembro del Consejo de Administración del Grupo México.

Se anunció que Grupo México invertiría dos mil millones de pesos para generar 320 megawatts de potencia eléctrica a través de la construcción de cuatro presas termoeléctricas que estarán situadas en el interior del estado.

Incluso, Moreno Valle afirmó que la derrama económica llegará a zonas marginadas del estado, a través de la apertura de los caminos a los puntos de construcción de la obras, en el consumo de los materiales y mano de obra de las regiones donde se edificarán las plantas de generación de energía limpia, y en consumir energía eléctrica más barata.

Surgió de los mismos activistas la versión de que hubo manejo de influencias para este acuerdo al sugerir que Rafael Moreno Valle Suárez, papá del gobernador del estado, estaba detrás del acuerdo millonario.

Incluso, el periodista Fermín García, en el periódico La Jornada, señaló que exservidores públicos de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT) fueron testigos de cómo el papá del gobernador fue quien directamente presentó a los representantes de Grupo México ante funcionarios de la dependencia.

“Luego de la supuesta intervención de Moreno Valle Suárez, funcionarios de la SSAOT tuvieron acceso a aviones y helicópteros para realizar vuelos en las zonas susceptibles de ser utilizadas para la instalación de las hidroeléctricas y, de esa manera, les ofrecieran información y acercamiento con las autoridades municipales a los directivos del Grupo México. Pese a que, para ese entonces, dicho grupo empresarial todavía no tenía ni los permisos, no habían presentado los proyectos en cuestión a las poblaciones afectadas ni había entregado los estudios de impacto ambiental.

”Una segunda versión que ofrecieron exfuncionarios de la sSAOT es que se cree que otro político que intervino a favor del Grupo México fue el actual senador Javier Lozano Alarcón, quien siempre ha mostrado una cercanía a los intereses de Germán Larrea Mota Velasco.

”Para el caso de Puebla, Javier Lozano aprovechó su buena relación con el gobernador Rafael Moreno Valle y con los propietarios de Grupo México.”

Explotación de la sierra
El problema en Olintla es el más grave, pero no el único, donde pobladores tratan de evitar la explotación mineral de parte de grandes empresas extranjeras y nacionales.

Los activistas de distintos organismos no gubernamentales se han unido y formado en el grupo Serranos Unidos en Resistencia Indígena, con el objetivo de coordinar la lucha contra las concesiones mineras.

Han emprendido un viacrucis para tratar de convencer “por las buenas” a autoridades federales y estatales, con un sinfín de oficios enviados a distintas dependencias.

Hasta el momento, todas estas peticiones por escrito han encontrado oídos sordos, por lo que las empresas han podido iniciar sus trabajos violando, en algunos casos, acuerdos internacionales firmados por México en materia de medio ambiente, aseguraron.

La exigencia mayor es la de anular las concesiones que se han entregado a mineras y para la instalación de hidroeléctricas en todo el estado, ya que, aseguran, son totalmente ilegales, ya que jamás se consultó a las poblaciones.

Raymundo García López, secretario de Serranos Unidos en Resistencia Indígenas, indicó que los proyectos son únicamente en beneficio de las empresas privadas, con la excusa, como en el caso de Puebla, de crear las Ciudades Rurales.

“Están violando acuerdos y leyes internacionales para cuestiones similares, por lo que exigimos la cancelación de los permisos otorgados para explotar, minar e instalar hidroeléctricas.”

”Ni el gobierno estatal ni el federal han consultado a los pueblos ni comunidades indígenas (…) la primera etapa de nuestra lucha es que el gobierno respete lo que firmó con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).”

Sin permisos
Antes de terminar su administración, el ahora exdelegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Manuel Beristaín Gómez, afirmó que ninguno de los proyectos de hidroeléctricas en Puebla cuenta con autorización de la dependencia.

La única concesión autorizada por la federación corresponde al proyecto «Central Hidroeléctrica Atexcaco» del grupo Ferrominero, y fue dada a nombre de la Compañía Energía Mexicana SA de CV.

Las otras siete plantas, que se encuentran en proceso aún, no tienen permiso de la Conagua para la explotación de los ríos para la generación de energía eléctrica.

Las empresas interesadas deben presentar un permiso de la Comisión Reguladora de Energía y el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Si no hay MIA, no hay concesión”, sentenció Beristaín Gómez, al mencionar que, si bien se tienen algunas solicitudes de permisos para implementar estos proyectos, aún están en trámite.

Cabe destacar que sólo dos de proyectos de construcción de plantas hidroeléctricas en Puebla cuentan con Manifiestos de Impacto Ambiental aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Así lo refirió Silvia Villaseñor Pineda, coordinadora en Puebla del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) e integrante del Consejo Tiyat Tlali en defensa de la vida y el territorio.

Indicó que las empresas privadas que buscan impulsar estos proyectos ya comenzaron las gestiones de compra de tierras en los poblados cercanos a los ríos, como una forma de ganar tiempo y ahorrarse dinero, señaló.

Solamente la planta de Comexhidro, en el municipio de Ahuacatlán, y el proyecto de Grupo Ferrominero en el río Coyolapa, en las comunidades de Zoquitlán y Tlacotepec, en la Sierra Negra, tienen autorización de la Semarnat para la explotación de afluentes.

La dependencia federal rechazó en dos ocasiones el MIA presentado por Grupo México para la construcción de una planta en Xochicuautla.

La contaminación
Desde finales del 2012, diversas organizaciones civiles anunciaron su apoyo a los indígenas totonacas, como la Universidad de la Tierra en Puebla, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, entre otros.

Incluso, el Frente de Organizaciones Obreras, Campesinas y Sociales del estado de Puebla (FOOCS) advirtió al gobierno morenovallista que si este proyecto se lleva acabo, será el comienzo del ecocidio de la Sierra Norte de Puebla.

El activista e indigenista Gerardo Pérez Muñoz denunció que el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, liberó en el último año de su gobierno 312 concesiones para la apertura de minas a cielo abierto, entre ellas las de Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla y Zautla, en el estado de Puebla.

Afirmó que entre estos “Proyectos de muerte” está la instalación de una hidroeléctrica, en el municipio de Olintla; un gasoducto que atravesará terrenos de cultivos de 20 comunidades rurales poblanas, y que alimentará a una termoeléctrica en Huexca, en el vecino estado de Morelos, que estará a escasos kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl.

La advertencia
Silvia Villaseñor, una de las activistas, informó que los indígenas de Olintla se niegan a comercializar sus tierras a nadie, porque ellos se dedican a la actividad agrícola y no quieren por nada permitir la entrada de una hidroeléctrica, además de que se está afectando la ecología de la zona. Advirtió que están realizando los amparos correspondientes, mientras organismos internacionales protectores de los derechos indígenas han volteado los ojos a Puebla y darán postura posteriormente.