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20 de abril de 2013 Número 67
Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
Carlos Rodríguez Wallenius Profesor investigador de la UAM-Xochimilco
En México se vive un verdadero boom minero, impulsado por la gran demanda internacional y los altos precios de los minerales (la plata subió 800 por ciento en diez años), lo que invita a las grandes corporaciones a obtener ganancias extraordinarias, es decir, réditos mayores a los que usualmente se obtienen en otras ramas productivas. Y no es para menos, pues los gobiernos neoliberales (desde Salinas hasta la fecha) han puesto todas las condiciones para que los capitales mineros inviertan en nuestro país: modificaciones a la Ley Minera en 1993 y a la Ley de Inversión Extranjera en 1996, que facilitaron a las empresas extranjeras tener propiedades y concesiones en minas. También desde 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió las puertas a las compañías estadounidenses y canadienses.
Esta base normativa creó las condiciones para que desde los primeros años del siglo XXI se instalaran y expandieran una importante cantidad de mineras, sobre todo provenientes de Canadá. Ello se refleja en el espectacular incremento de la producción de minerales (el oro creció 266 por ciento en la década reciente), y en su propagación en casi todo el territorio nacional: en la actualidad hay 732 proyectos en exploración y por desarrollarse, 75 por ciento de ellos son canadienses, aunque también se ha dado un crecimiento de empresas mexicanas. De igual manera, se expresa en que las corporaciones tienen concesionado para exploración o explotación el 25 por ciento del territorio nacional.
Un elemento que facilitó la expansión de la minería en la mayor parte del territorio nacional es la liberación de las concesiones, que permite apropiarse de los subsuelos y de los minerales que existan en él. Las concesiones para realizar obras de exploración, explotación y beneficio tienen una duración de hasta 50 años, prorrogables otros 50. Además pueden aprovechar cualquier mineral que encuentren y hasta los veneros y escurrimientos de agua que provengan de la explotación minera son para las empresas.
El colmo es lo que el Estado mexicano cobra por los derechos de concesiones y asignaciones mineras: en el mejor de los casos van al erario público 222.54 pesos por hectárea concesionada al año, una verdadera bicoca para la magnitud del negocio.
Sin embargo, para las comunidades, los ejidos y las poblaciones rurales donde se asientan las actividades mineras y se remueven las toneladas de tierra, donde se contamina y destroza el entorno, los beneficios son mínimos, básicamente se reducen a la renta de las tierras en las que se realiza la actividad minera, y los apoyos y ayudas a la comunidades cercanas a las minas.
Respecto a la renta de tierras, resulta el principal mecanismo de distribución de recursos, puesto que los terrenos no son comprados por las empresas; los campesinos siguen siendo sus dueños (o del agujero que quedará). Los precios puedan variar mucho, por ejemplo en la minas de El Filo-Bermejal, en Mezcala, Guerrero, después de intensas movilizaciones de los ejidatarios de Carrizalillo, el precio de la renta pasó de mil 400 pesos a 32 mil anuales por hectárea. Pero en otras zonas la cosa está más triste: en la mina El Peñasquito, en Zacatecas, la explotación más grande de oro del país, la empresa GoldCorp logró convencer a los ejidatarios a rentarles 4 mil 700 hectáreas por unos cien millones de pesos por un periodo de 30 años.
El otro mecanismo es el de apoyos, ayudas o donaciones a las comunidades, que incluyen construcción y reparación de obras de infraestructura e iglesias, así como el patrocinio de festividades religiosas, escolares y deportivas. Estos apoyos son sumamente discrecionales pero multipublicitados por las empresas. Un ejemplo es el ejido La Griega, en Chicomuselo, Chiapas; allí la empresa Blackfire se comprometió a mejorar los caminos, hacer un tanque de agua, una clínica médica y una escuela, todo por trabajar en 284 hectáreas.
Si comparamos los ingresos que tienen las empresas por la venta de los minerales producidos en las minas frente a los gastos transferidos a las comunidades (tanto renta de tierras como apoyos diversos), se puede observar la expresión descarnada del despojo: GoldCorp da el 2.9 por ciento en la mina El Filo-Bermejal; Blackfire pretendía otorgar el 1.25 por ciento de sus ganancias y en Peñasquito GoldCorp transfiere el 0.065 por ciento por el oro que se lleva.
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/20/cam-modelo.html