Opinión / Columna
Betty Zanolli Fabila
El Sol de México
8 de abril de 2013

Señor Presidente de la República Licenciado Enrique Peña Nieto y Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Pacto por México estableció como Compromiso 61: «transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable», es decir, que los beneficios por ella generados deberán incluir a los habitantes de las zonas donde ésta se desarrolla, para lo cual anunció la expedición de una nueva Ley de Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales y contemple mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y cohesión social de dichas comunidades, al tiempo que informó habría de ser prohibida la explotación minera del carbón mediante tiros verticales para evitar nuevas tragedias como las ocurridas

Sin embargo, el tiempo transcurre y no hay visos de que en breve será materializada dicha reforma jurídica ¿cuánto más tendremos que esperar? La urgencia es enorme. No sólo porque las minas de carbón sean un gran peligro, lo son también las pésimas o nulas condiciones de trabajo y seguridad que privan en las minas del país; lo son aquellos proyectos que están afectando y habrán de afectar de forma irreparable el patrimonio arqueológico y cultural de nuestra Nación; lo son aquellas concesiones que, otorgadas en una presunta «utilidad pública», sólo han contribuido a despojar a sus propietarios ancestrales trastocando su modo de vida, usos y costumbres y resquebrajando el tejido social; lo son aquellos enclaves que han convertido grandes extensiones de suelo en zonas de alto riesgo geológico al tiempo que han afectado gravemente los mantos acuíferos y, especialmente, lo son todas y cada una de las lesivas minas a cielo abierto. La urgencia pues está más que fundada pero de nada servirá que la nueva Ley comience a operar cuando las afectaciones en los distintos órdenes: humano, territorial, medioambiental, alcancen consecuencias irreversibles. Dar marcha atrás entonces será imposible.

A la premura, señor Presidente, se añade el hecho de que es impostergable, aún antes de que se realice la reforma a la Ley de la materia, la revisión puntual y con apego irrestricto a nuestro Estado de Derecho de las decenas de miles de concesiones y permisos mineros, principalmente los otorgados entre 2000 y 2012, por los que la cuarta parte del territorio estará comprometido por lustros y décadas, sujeto a una expoliación sin precedentes. Al respecto ¿dónde están las autoridades que no actuaron a tiempo para atender las tragedias ocurridas en algunas minas, las mismas que potencialmente podrían otra vez desencadenarse? ¿Por qué no se realizó la más elemental y obligada consulta a los pueblos y comunidades indígenas según lo dispone el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Acaso las autoridades involucradas estuvieron investidas de un derecho supremo, omnipotente, para poder tomar decisiones que afectan y afectarán irreversiblemente la vida, la cultura, el territorio y el medioambiente de nuestra Nación?

Con base en el Título Cuarto de nuestra Constitución Política, la responsabilidad de todos los funcionarios y servidores que permitieron se encuentre México en condiciones de extrema vulnerabilidad no puede quedar soslayada; el juicio político y la responsabilidad civil y/o penal que correspondan deben ser incoados por las violaciones a la Carta Magna y a las leyes federales en que incurrieron, en especial a la Ley Minera, así se trate del propio ex presidente Felipe Calderón y del titular de la secretaría de Economía respectivo, independientemente de quienes ocuparon las secretarías de Energía, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales o de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Comisión Nacional del Agua con relación a los procesos de otorgamiento de las concesiones y supervisión de su funcionamiento e impacto en las distintas áreas, comprendiendo al H. Congreso de la Unión, órgano facultado constitucionalmente para legislar en materia de minería.

Señor Presidente: la sociedad anhela un cambio para México. Usted lo ha prometido y sería quebrantar al mismo Estado de Derecho no revisar ni auditar las decisiones tomadas por las administraciones anteriores que han cedido indiscriminadamente el dominio directo que la Nación ejerce sobre los minerales y que han tolerado hasta hoy la implacable vulneración de los más elementales derechos humanos constitucionalmente reconocidos -como ya ocurre en cientos de pueblos y comunidades y que no tardarán en padecerla millones de ciudadanos-, entre otros: el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, a la información, a la propiedad, a la libre expresión, a la participación política, al libre tránsito, a la residencia, a la paz, a gozar y disponer plenamente de los recursos naturales y de un medioambiente sano y, por supuesto, el derecho a la vida.

Ríos de tinta y sangre han corrido ya, pero todavía hay tiempo de corregir los errores que podrían afectar tanto la calidad de vida actual como la de las nuevas generaciones. En México no puede permitirse la minería a cielo abierto ni autorizarse que sus entrañas sean impía y anticonstitucionalmente expuestas, corroídas y carcomidas. Estamos a tiempo de evitarlo, ahora que todavía falta más del 80% de minas ya concesionadas por entrar en operación, después sí será demasiado tarde.

México no merece que permitamos su devastación: es nuestro deber, como ciudadanos conscientes y comprometidos con nuestra Nación, impedirla.

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