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Chiapas… campo minado y otros detonantes: Megaproyectos, Empresas Radicales, violencia y pugnas en los aparatos de gobierno

 

 

ALAI, América Latina en Movimiento

2013-05-22

Mexico

Chiapas… campo minado y otros detonantes:

Megaproyectos, Empresas Radicales, violencia y pugnas en los aparatos de gobierno

Gaspar Morquecho

 


 

Al parecer, los temas adversos en Chiapas no tienen límite. Son cuento de nunca acabar. En la Zona Fronteriza y la Sierra de Chiapas, las Empresas Mineras y las Empresas Radicales se han establecido y son un factor de violencias y reacciones diversas.

 

En efecto, los megaproyectos también tienen como destino Chiapas. Minas: de acuerdo con Gustavo Castro, las concesiones mineras en la entidad ocupan, al menos, un millón 528 mil hectáreas, es decir, el 20.85% del territorio de Chiapas. Se han otorgado a 51 empresas. 41 son de mexicanos y las 10 restantes, pertenecen a empresas de Canadá y Chile. Del 2000 al 2012, los gobiernos de Fox y Calderón dieron prácticamente todas las concesiones. En ese mismo lapso, con los gobierno de Pablo Salazar se realizaron los trabajos mineros de exploración y con el de Juan Sabines se otorgaron concesiones por 50 años de vigencia que amparan 153 actividades mineras referentes a la exploración y la explotación. Del estudio de Castro encontramos que, “Estas actividades se han llevado a cabo en territorios indígenas y campesinos, y de muy alta biodiversidad.”

 

De los 123 municipios de la entidad chiapaneca, la actividad minera se concentra en 50 municipios (40.65% del total) y se ubican en la Costa, Sierra, Frontera, Altos, Selva, Valles Centrales, Norte y Altos de Chiapas.

 

Oficialmente, las concesiones las obtuvieron empresas de Canadá, Chile y México y, “Pese a que las empresas muchas veces no declaran todos los minerales que pretenden explorar o extraer, podemos distinguir al menos, 13 minerales declarados más importantes: oro, plata, plomo, cobre, zinc, barita, antimonio, wolframio (tungsteno), hierro, titanio, magnetita, molibdeno y sal.”

 

La resistencia a los megaproyectos

 

El estudio de Gustavo Castro da cuenta de las resistencias a la minería:

 

“A partir del año 2007 se iniciaron los primeros brotes de oposición organizada contra los proyectos mineros en Chiapas. Desde entonces la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) que luego fundó con otras organizaciones de la región mesoamericana, Canadá y Estados Unidos, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); la Diócesis de San Cristóbal de las Casas; y las organizaciones campesinas como la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FLNS), la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), el Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA MN), el Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC/Chiapas), Alianza Sierra Madre AC, entre otros espacios organizativos, han llevado a cabo encuentros, talleres, marchas, movilizaciones, peregrinaciones, cursos, consultas, procesos de formación, bloqueos, conferencias de prensa, campañas, movilizaciones frente a la embajada de Canadá en México, pronunciamientos, denuncias públicas, acciones legales, demandas por corrupción, entre otras acciones en contra de los proyectos mineros en la entidad.”

 

La zona que nos ocupa es la de la Sierra de Chiapas y la Fronteriza. Las empresas mineras tienen concesiones en Motozintla, Frontera Comalapa y Chicomuselo. En 2003, la empresa minera El Caracol obtuvo una concesión dentro del territorio de los ejidos Grecia y Nueva Morelia del municipio de Chicomuselo. Más tarde cedió los derechos a la empresa canadiense Black Fire Exploration Ltd que explotó barita. Un mineral que es utilizado, entre otras cosas, como lodos en la perforación de pozos petroleros.

 

En estas operaciones, es común que las autoridades ejidales y los ejidatarios lleven la relación con las empresas y el gobierno. Son los que firman los convenios de la explotación y extracción de minerales.En su gestión no toman en cuenta a las mujeres ni los avecindados. No los hacen partícipes de los acuerdos.Empresas, gobiernos y autoridades ejidales violan el convenio 169 de la OIT que establece el Derecho a la Consulta.

 

En cuanto a los efectos de la minería en el medio ambiente se ha detectado la deforestación de bosques y la desviación de cauces provocado por las excavaciones profundas. Esos trabajos han impactado en los manantiales que han visto disminuido su volumen de agua. Han aparecido grietas en el lugar de explotación que pueden ser la causa de peligrosos derrumbes. Por lo pronto, los deslaves de “tierra floja” que obstruyen caminos, son cosa frecuente en época de lluvias. Se han registrado una disminución en los cultivos de café y seis manantiales en cuevas se han secado. Al menos se han talado unas 6 hectáreas de bosque.

 

La colusión de los funcionarios municipales es evidente: Amenaza de cárcel a las personas que luchan por la defensa de la vida, tierra y territorio. Ofrecen obras que han quedado inconclusas o mal construidas y reforestar las áreas devastadas por la actividad minera. Condicionan a las comunidades los proyectos sociales. Provocan división en los ejidos y no dan información adecuada sobre el impacto de la contaminación ambiental.

 

El asesinato de un opositor a las empresas mineras

 

El 27 de noviembre de 2009, fue asesinado Mariano Abarca Roblero, “por los empleados de la Blackfire en Chicomuselo”. Fue asesinado frente a su casa. Una persona en motocicleta lo acribilló. Su compañero, Orlando Velazquez fue herido de gravedad y hospitalizado en Comitán. Mariano dejó a su esposa y a cuatro hijos.

 

Mariano Abarca Roblero, fue miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y mantuvo una lucha constante contra minera canadiense que tiene en Chicomuselo sus principales intereses con la explotación de la barita, oro y antimonio que cuenta con 10 concesiones mineras. En junio de ese año, Mariano mantuvo un plantón en la cabecera municipal con otros miembros de la REMA exigiendo la salida del municipio de la canadiense Blackfire.

 

El 10 de julio el Sr. Luis Antonio Flores Villatoro, Gerente de Relaciones Públicas de Blackfire y originario de Chicomuselo, interpuso una demanda a nombre de la empresa canadiense contra de Abarca por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías e comunicación, daños al patrimonio de la empresa y atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado. En ese mismo mes, Mariano Abarca participó en un plantón frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México donde participaron afectados por las empresas mineras canadienses, entre ellos, el Frente Amplio Opositor (FAO). Días después participó en el Foro que se realizó en el Congreso sobre la minería y denunció las afectaciones que la empresa Blackfire ocasiona en Chiapas.

 

En el 17 de agosto don Mariano Abarca fue secuestrado por la policía y con lujo de violencia y fue arraigado. En los siguientes días el gobierno del estado intentó que Mariano Abarca abandonara la lucha de resistencia y que impidiera el II Encuentro de la REMA Chiapas en Chicomuselo a cambio de su libertad. Mariano Abarca prefirió la prisión. Ante la presión nacional e internacional y la falta de elementos para consignarlo, el gobierno del estado lo liberó diez días después. En septiembre el Gobernador del Estado acudió a Chicomuselo y constató el rechazo de sus habitantes a la empresa minera canadiense.

 

Días antes de su asesinato, Mariano Abarca Roblero, presentó una “Acta Administrativa por la posible comisión de hechos delictuosos y por el delito de AMENAZAS Y LOS QUE RESULTEN, en contra de CIRO ROBLERO PEREZ y LUIS ANTONIO FLORES VILLATORO (Gerente de Relaciones Públicas de Blackfire). (Con información tomada en http://mapder.codigosur.net/leer.php/9319079)

 

La resistencia y la autodefensa del territorio

 

El mes de febrero de 2013: “ alrededor de 78 ejidos de once municipios de la Zona Sierra y Costa del estado, con la presencia de más de dos mil campesinos armados con machetes, palos y tubos, conformaron en el municipio de Motozintla las guardias civiles agrupadas en la recién creada Unión de Pueblos y Comunidades por la Defensa de Nuestro Patrimonio, el Agua y el Medio Ambiente, con el fin de impedir el arribo de los proyectos mineros, especialmente “las empresas canadienses Black Fire y Gold Energy sigan explorando y explotando minas de oro, plata, titanio y barita”. Pero fueron más allá, advirtieron que no cesarán hasta que se cancelen definitivamente todos los permisos de exploración y explotación en Chiapas, y exigen la cancelación de todos los permisos para la explotación de árboles maderables en la Sierra y la Reserva de El Triunfo. Las comunidades enviaron un documento dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde les expresan que ellos aplicarán la justicia por propia mano para proteger los recursos naturales y el medio ambiente. Las guardias civiles están integradas por 20 personas que se turnarán cada 24 horas, realizando patrullajes para evitar la entrada de los vehículos de las empresas mineras. De lo contrario serán detenidos los vehículos y los trabajadores. Ya en 2012 miembros de algunas comunidades retuvieron a cinco trabajadores que intentaron reabrir una mina.” (Gustavo Castro. Otros Mundos)

 

Las Empresas Radicales en la frontera

 

En esa región se trasiega y trafica con TODO. Personas, estupefacientes, armas, parque, gasolina, alimentos, etc. Por ejemplo, el azúcar guatemalteca contrabandeada se vende a 10 pesos el kilo en San Cristóbal. Los secuestros y los asesinatos son cosa frecuente. Las mujeres son objeto de la violencia y la prostitución. Los niños, esclavizados, son obligados a vender en las calles. Frontera Comalapa padece con intensidad esa violencia que se manifiesta a lo largo de la franja Fronteriza. Violencia que se agudiza con la migración, los brutales ataques a los migrantes y a los organismos y personas dedicadas a brindarles solidaridad y cobijo.

 

El establecimiento de las Empresas Radicales es tan definitivo que ha logrado que las personas lo vean “como algo que está ahí”, que es “parte de”, algo… digamos “natural”. Los habitantes aseguran que las “autoridades” están coludidas. Sin embargo, la presencia de esas “empresas” no es privativa de esas dos zonas y tiene corredores en todas las regiones de Chiapas. Las Empresas Radicales operan en ambos lados de la frontera y han construido su zona franca con la adquisición de tierras en ambos lados de la franja. Cuentan con la infraestructura, equipos necesarios y personal que les permite hacer toda clase de movimientos. Sin duda, en la región rifa la economía radical.

 

En el marco del Frente de Guerra en la Frontera Sur, el Comando Sur de los EU y el gobierno de Guatemala acordaron el establecimiento de 200 marines yanquis en la frontera con México en la llamada Operación Martillo.

 

En esos contextos que los pueblos y comunidades de Guatemala y Chiapas organizan la resistencia y la lucha en contra de los megaproyectos de la minería, la construcción de presas y las altas tarifas de energía eléctrica.

 

La violencia y las pugnas por el poder en el aparato de gobierno

 

Como hemos visto, los actos de violencia del pasado 5 de mayo en el municipio de Venustiano Carranza, dejaron, al menos, 2 muertos, una veintena de viviendas incendiadas o dañadas (otra versión es que fueron 58 las viviendas destruidas), y 350 personas desplazadas, 139 menores de edad. A estos hechos le siguió la militarización.

 

El viernes 10 de mayo, cerca de mil policías estatales, con apoyo de agentes federales y efectivos de la Marina y del Ejército Mexicano, ocuparon y tomaron el control en Venustiano Carranza, se inició el hostigamiento y persecución de algunos indígenas de la OCEZ – Casa del Pueblo y se rumora la existencia de 50 a 70 órdenes de aprehensión en su contra. Las personas desplazadas de Venustiano Carranza y que forman parte de la OCEZ – Chiapas fueron trasladadas a las instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, después de haber sido alojadas en el anexo del Centro Tutelar para Menores Villa Crisol. En ese mismo lapso de tiempo se dio otro enfrentamiento en el poblado de Petalcingo y dejó un muerto más. Al parecer, son resultado del choque de las facciones en el lugar y secuela de los conflictos poselectorales.

 

Ahora podemos formular la hipótesis siguiente: los enfrentamientos en los Valles Centrales y la Zona Norte de la entidad son la continuidad de la estrategia desestabilizadora que vienen de la Secretaría General de Gobierno en un momento de relevo de Secretario. Como recordarán, los hechos de violencia previos a la toma de posesión de güero Velasco se dieron en: Las Flores del municipio de Chicomuselo con un saldo de varias casas quemadas y 45 personas desalojadas; la destrucción y quema de al menos 10 viviendas en El Escalón del municipio de Las Casas; la destrucción por incendio del edificio municipal, Casa de la Cultura y patrullas en la cabecera municipal de Motozintla; y los choques de la policía con un grupo de indios invasores del predio El Ellar, con un saldo de 27 lesionados, entre ellos, varios policías municipales. Como vemos es fácil encontrar un patrón en los hechos de violencia que tenían como objetivo montar un escenario de ingobernabilidad para imponerle al güero Velasco parte del gabinete.

 

Días antes de los choques en Carranza y Petalcingo se rumoraba el relevo en la Secretaría General de Gobierno. Sonaba fuerte la señora María Elena Orantes, ex contrincante del güero Velasco en las pasadas elecciones. Al parecer el rumor no era tanto. En Comitán y con motivo del Día de la Madres, la Orantes apareció al lado del güero Velasco. En su intervención el güero Velasco se refirió a ella como “una gran amiga del gobernador” y recordó el paso de ambos por el Senado. La Orantes, en su intervención, dijo: “Es un honor y un gusto compartir este espacio con quien me ha brindado se amistad. Manuel y yo construimos desde el Senado temas importantes para Comitán”. Ojo, la Orantes también es amiga de Camacho Solís.

 

Ahora podemos formular otra hipótesis: en la pugna de espacios de poder en el gobierno de Chiapas, se ha instalado un grupo de choque en la Secretaría General de Gobierno que está propiciando hechos de violencia sin importarle las consecuencias ni las víctimas. Uno de sus objetivos es cubrir la espalda a Sabines y… la propia. Como saben la PGR recibió una demanda en contra del ex gobernador.

 

Muchos se preguntan: ¿Por qué en Venustiano Carranza, la tierra de los totiques,el faccionalismo es la norma, la violencia es sistemática y ha corrido tanta sangre a lo largo de 4 décadas si “al principio se vivía un comunitarismo”? ¿Comunitarismo? ¿¡Te cae!? Una respuesta puede ser: El faccionalismo, la violencia y muerte en la tierra de los totiques, se desplegó una vez que le “entregaron” a la “comunidad” 72 mil hectáreas. En 1965, les acreditaron la posesión de 720 millones de metros cuadrados de tierra. Como dice un amigo: La lucha es por el control de los medios de producción… y la riqueza que implica: tierras para el cultivo y la ganadería, aguas, infraestructura, etc. ¿Evidencias? Los grupos opositores – algunos expulsados desde1985 -, tienen bajo su dominio 20 mil hectáreas de tierras comunales (200 millones de metros cuadrados). El “comunitarismo” era aparente y fue necesario mientras la cuestión agraria no estaba resuelta. En la espera de la solución agraria se incubaron suficientes agravios. “Bajo el “comunitarismo” subyacía el faccionalismo y los intereses. Desde entonces los intereses de losdiversos grupos – de dentro y de fuera -, han utilizado la conflictividad interna a su favor. Ojo, las empresas mineras también tienen concesiones en la tierra de los totiques. En fin, las cosas están de tal forma que, nuevos brotes de violencia pueden estallar más temprano que tarde.

 

En esa realidad, la violencia en Carranza creó el ambiente propicio para una escalada de la militarización de los Valles Centrales. Hacía tiempo que no veíamos en acción las Brigadas de Operación Mixta (BOM), policías y Ejército federal. Ahora con un nuevo componente: los efectivos de la Armada de México. Los marinos siguen ganando terreno en Chiapas.

 

Reitero: a la tierra de los totiques yo le doy la vuelta.

http://www.alainet.org/active/64174&lang=es

 

 

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