México es la única nación de Latinoamérica que no cobra regalías a las empresas mineras por la explotación de los yacimientos, situación que podría cambiar si la Cámara de Senadores da visto bueno al dictamen turnado por la Cámara Baja.

Fuente: Notimex

martes, 07 de mayo del 2013

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MÉXICO, D.F.- Gobierno y empresas mineras tienen un objetivo: obtener la mayor ganancia posible de la explotación de los yacimientos. Para lograrlo es necesario encontrar un punto medio entre las ganancias de los conglomerados mineros y las regalías que el Estado cobra a los concesionarios.

Si el Gobierno cobra elevados derechos a los corporativos mineros se corre el riesgo de desincentivar la inversión, dijo Eduardo Salgado, socio de Auditoría de la industria minera de la consultora KPMG. Pero si es demasiado condescendiente en el cobro de regalías el Estado reduce su recaudación.

De acuerdo con experiencias internacionales, el esquema más eficiente de recaudación sería cobrar a las empresas mineras un impuesto sobre la renta de los recursos, en combinación con otros impuestos progresivos a las ganancias netas de las compañías, como pago de derechos, IVA y un impuesto a las retenciones de las utilidades en los dividendos pagados a los accionistas extranjeros.

Así se podría lograr que la carga fiscal fuese relativamente ligera en tiempos de bajos precios y bajas ganancias pero que incremente substancialmente conforme los precios y las ganancias aumenten.

En un intento por lograr este equilibrio, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad, en lo general y en lo particular, un dictamen que establece el pago de un derecho del 5% del ingreso de empresas mineras en beneficio de los estados y municipios donde operan estos consorcios.

En el país operan 301 empresas mineras, las cuales explotan 45 millones de hectáreas, a través de 31,000 concesiones otorgadas por el gobierno mexicano.

Alternativa…

Según experiencias internacionales, retomadas en un análisis hecho por la Cámara de Diputados

El esquema más eficiente de recaudación sería cobrar a las mineras un impuesto sobre la renta de los recursos, en combinación con otros impuestos progresivos a las ganancias netas.

Entre los otros cobros podría considerarse el pago de derechos, IVA y un impuesto a las retenciones de utilidades en dividendos pagados a los accionistas extranjeros.