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El reto de la Nueva Ley Minera, la REMA, la ONU y Otros.

Alejandro Villamar RMALC/REMA

30 de mayo de 2013

 

Todos los signos políticos apuntan a que este año se puede producir un cambio a la actual Ley Minera de México (como ya ha sucedido o esta sucediendo en muchos otros países). La gran duda es ¿qué dirección y profundidad tendrá ese posible cambio?, además de ¿qué fuerzas sociales serán capaces de empujar esos cambios?.

 

Las fuerzas políticas y gubernamentales tradicionales en alianza implícita con sus oligarcas y consentidos grupos empresariales mineros (nacionales o trasnacionales), están empujando un cambio de maquillaje para que nada cambie.

 

Introducir el pago de un porcentaje de las ganancias empresariales, rebautizado como regalías, para repartirlas entre la federación, los estados y las comunidades locales, sin cambiar las actuales reglas a favor absoluto del modelo extractivo minero, es una operación de su consolidación.  Esta iniciativa aprobada por la mayoría de los diputados, no toca nada del motor de la Ley Minera, ni siquiera reforma la criminal evasión, ni los privilegios fiscales que realizan y gozan los monopolios mineros.

 

En cambio, es una maniobra de tirar el anzuelo con carnada de migajas presupuestales para que los que la reciban (sobre todo presidentes municipales sin rendición de cuentas) den su consentimiento, o aprueben socialmente, el continuar e incluso profundizar los depredadores proyectos mineros. Es  una peligrosa maniobra política que busca minar la resistencia comunitaria al despojo y desalojo del modelo extractivo minero.

 

En otra vertiente, fuerzas sociales emergentes, entre ellas la REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería), en alianza con personalidades progresistas, del ámbito parlamentario, político, sindical, campesino, académico, artístico, han confluido para construir una propuesta de Nueva Ley Minera, donde el objetivo es cambiar, al menos en esta primera etapa, los principales pilares en que se sustenta legalmente la política gubernamental del modelo extractivo minero.

 

Una primera versión de esa propuesta social de Nueva Ley Minera se presentó ya al Senado, al filo del primer periodo legislativo. Esta propuesta, ya remitida al análisis y dictamen de Comisiones, lo mismo que otras iniciativas de reforma presentadas de manera individual por algunos legisladores, tuvo el efecto político inmediato de parar la pretensión de que se aprobara con carácter de urgente, la iniciativa de las regalías que los diputados ya habían aprobado.

 

Ahora las Comisiones de análisis del Senado tendrán que considerar todas las iniciativas presentadas para elaborar y rendir su dictamen a todo el Senado, para su aprobación o rechazo. Cosa similar podrá ocurrir, si algún legislador (Senador o Diputado) presenta una nueva Iniciativa de Ley a la Comisión Permanente del Congreso (el órgano que trabaja en el periodo de receso de las Cámaras).

 

Esto sucederá si algún legislador acepta presentar la segunda versión de Nueva Ley Minera con respaldo social, lo mismo que si la Camimex, u otro legislador desea presentar otra iniciativa de reforma.

 

En resumen, estamos frente a dos vertientes de cambio legislativo: la vertiente del continuismo trasnacional minero, que pone el lucro privado por encima de los derechos de la Nación,  y la del cambio en las reglas de la regulación minera poniendo por delante los derechos humanos integrales y dentro de ellos los de los pueblos indígenas y de los trabajadores.

 

Después de la presentación de Iniciativas de Ley, viene una etapa de lucha política más compleja, pues estamos frente una desigualdad de fuerzas y recursos que las organizaciones sociales debemos cambiar a nuestro favor.

 

Tenemos varias ventajas que pueden aumentar, dependiendo de cómo podamos usarlas y mejorarlas: una de ellas es el creciente interés y conciencia de amplios sectores de la sociedad sobre el injusto modelo extractivo minero depredador y la peor política que el gobierno ejerce para despojar al país de sus “recursos naturales” (o bienes comunes, decimos nosotros). Ese imaginario social crece y puede traducirse en presión social que se exprese en los medios de prensa y comunicación, en las calles, en los congresos locales,  o federales, en el voto de los parlamentarios, entre otros.

 

Otra nueva ventaja, radica en el recién llamado que la ONU hace al gobierno de México para respetar con acciones concretas los derechos de los pueblos indígenas frente a la minería.[i] El Foro Permanente de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas difundió a nivel mundial, en cuatro idiomas distintos, un informe sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en México, y del cual se desprenden valiosas recomendaciones que coinciden plenamente con las versiones de Nueva Ley Minera con respaldo social.

 

Entre las recomendaciones de la ONU al gobierno destaca la instrumentación legislativa, y constitucional de la Consulta y el Consentimiento previo libre e informado, la reforma a la Ley Minera y otras leyes más. Véase el listado de recomendaciones al final de esta nota.

 

Estas recomendaciones están recogidas en los cambios a los artículos 1º y 6º , lo mismo que todo el Capítulo tercero de las dos versiones de Nueva Ley Minera con respaldo social. De esta manera, la difusión de las recomendaciones que la ONU hace al gobierno de México, puede ser una herramienta de presión para apoyar la dirección y profundidad del cambio en la Ley Minera.

 

Finalmente, entre otras ventajas más que el movimiento social tiene es el de recoger y representar el sentimiento y deseo de cambio y de justicia de miles de comunidades, que son afectadas por el modelo extractivo minero, pero cuya voz apenas se escucha pero crece día a día. Ser congruentes con el deseo de cambio implica ser congruentes con la necesidad de fortalecer la unidad de acción del movimiento y superar mediante la discusión respetuosa las contribuciones que cada organización y personas pueden aportar para cambiar la correlación de fuerzas que nos lleve a cambiar, hoy la Ley, lo mismo que la política y el modelo.

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[i] Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias. http://papersmart.unmeetings.org/media/1174737/S11_E_C.19_2013.pdf

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