Viernes, 03 de Mayo de 2013 / 05:35 h

Estado de sitio rige en cuatro poblados de Guatemala opuestos a minería

 

Un soldado del Ejército de Guatemala, inspecciona a un grupo de personas, en el municipio Mataquescuintla, departamento de Jalapa, Guatemala. (Foto Diario Co Latino/Xinhua/Luis Echeverría)

Ciudad de Guatemala/AFP

Cuatro poblados del sureste de Guatemala amanecieron el jueves bajo estado de excepción, tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y opositores al proyecto de explotación minera concedido a una empresa canadiense, el más reciente de una serie de conflictos por la extracción de recursos naturales.

«En esos lugares se han cometido asesinatos, secuestros y se han destruido bienes del Estado y de la propiedad privada (…) Yo no voy a permitir que siga caminando de esa forma», dijo el presidente Otto Pérez al anunciar en rueda de prensa su decisión de «implantar el estado de excepción».

Con la medida, que regirá por 30 días y abarca a los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, en el departamento de Jalapa, así como en Casillas y San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, la seguridad está controlada por el Ejército y se restringirán los derechos de manifestación, porte de armas, libre locomoción y asociación.

En los cuatro poblados, en cuyas vías de acceso los militares montaron puestos de registro, han ocurrido este año choques entre las fuerzas de seguridad y opositores a la mina que será explotada por la empresa canadiense Tahoe Resources en San Rafael Las Flores, 105 km al sureste de la capital.

El mandatario responsabilizó de los enfrentamientos a «la anarquía» relacionada «con el crimen organizado».

«El estado de sitio no se implantó porque la explotación minera tenga un primer orden, sino lo que buscamos es restablecer el orden y combatir al crimen organizado», insistió.

La medida fue decretada luego de choques que dejaron un policía muerto y ocho heridos el martes, parte de un contingente que envió el gobierno para rescatar a otros 23 agentes que habían sido retenidos la noche anterior por pobladores cerca de la mina.

Según los dirigentes de la protesta, los policías fueron retenidos porque iban a apoyar a agentes de seguridad privados de la empresa, con los que se habían enfrentado el sábado, con saldo de tres campesinos heridos.

Los líderes de la protesta denunciaron ante las autoridades al jefe de seguridad de la empresa minera, el italiano Alberto Rotondo, porque los agentes privados, según ellos, usaron armas de fuego.

El ministro del Interior, Mauricio López, informó el martes que, ante la acusación, Rotondo fue detenido en el aeropuerto cuando pretendía viajar a su país, pero respaldó la versión de la empresa de que se usaron medidas «no letales».

«Nuestra investigación ha demostrado que sólo medidas no letales fueron tomadas por nuestra seguridad», dijo el CEO de Tahoe, Kevin McArthur, en un comunicado emitido en la sede de la empresa en Vancouver, al señalar que se usaron «gas lacrimógeno y balas de goma» para proteger a los empleados de la mina.

Según McArthur, su jefe de seguridad «no ha sido acusado de ningún delito, y la compañía espera que sea liberado cuando concluya la investigación del gobierno».

El presidente Pérez afirmó que varios de los 23 policías dijeron que los pobladores portaban fusiles AK-47 y granadas de fragmentación. «La decisión va más allá de una simple actividad minera», justificó el mandatario, quien añadió que 15 de los presuntos líderes de la protesta están detenidos.

Otro hecho violento se registró el 13 de enero cuando dos agentes de la firma canadiense y un supuesto manifestante murieron en una protesta, en las cercanías de la mina.

La empresa, que espera comenzar la producción de oro y plata este año tras haber recibido el permiso de explotación del gobierno el 3 de abril, atribuye los incidentes a «forasteros» y sostiene que su proyecto respeta las normas ambientales.

La explotación minera y construcción de hidroeléctricas han generado en Guatemala fuerte oposición de ambientalistas, campesinos e indígenas, que consideran a esos megaproyectos como una seria amenaza a los recursos naturales.

El gobierno también autorizó en abril la explotación de una mina a una empresa de capital ruso, en el Caribe (noreste).

Hace un año, el gobierno también impuso un estado de sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas, 350 km al norte y fronterizo con México, luego de una violenta protesta de pobladores por la construcción de una hidroeléctrica de capital español.

En Guatemala existen unas 420 licencias autorizadas de reconocimiento, exploración y explotación minera a firmas locales, canadienses, estadounidenses, colombianas y rusas, entre otras.

 

http://www.diariocolatino.com/es/20130503/internacionales/115330/Estado-de-sitio-rige-en-cuatro-poblados-de-Guatemala-opuestos-a-miner%C3%ADa.htm