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Gobierno federal alista rescate en Pasta de Conchos

El Gobierno federal rescatará los 63 cuerpos de los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos de San Juan de Sabinas, Coahuila

Ricardo García Cervantes aseguró que en la PGR hay voluntad política para llevar a cabo el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos. Foto: Reforma
Ricardo García Cervantes aseguró que en la PGR hay voluntad política para llevar a cabo el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos.
Foto: Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno federal rescatará los 63 cuerpos de los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos de San Juan de Sabinas, Coahuila, afirmó el viernes el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes.

 

«Habrá rescate de los cuerpos», afirmó en entrevista.

 

De acuerdo con el funcionario, la PGR integró un grupo interdisciplinario con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el geólogo Raúl Meza para proponer una ruta crítica de la recuperación de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos.

 

El costo de las labores de rescate —que podría ser de varios millones de dólares— deberá de «gravitar» sobre Industrial Minera México, añadió.

 

Una vez que se inicien las labores de recuperación, el rescate podría tomar entre 6 y 12 meses, añadió.

 

El 19 de febrero de 2006, una explosión sepultó a 65 trabajadores en la Unidad 8 de la Mina Pasta de Conchos, de los cuales sólo se rescataron dos cuerpos de mineros que perecieron cerca de la superficie.

 

La empresa Industrial Minera México y las autoridades de la Secretaría del Trabajo —en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón— habían sostenido que las labores de rescate eran inviables porque se pondría en riesgo la seguridad de los rescatistas.

 

García Cervantes, sin embargo, afirmó que las autoridades federales en los sexenios de Fox y Calderón fueron omisas y protegieron los intereses privados de Grupo México.

 

En la actual Administración, agregó, también existen resistencias a llevar a cabo el rescate: en la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Humberto Castillejos, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza José Antonio Meade. Por el contrario, afirmó que el procurador Jesús Murillo Karam apoya la recuperación de los cuerpos.

 

García Cervantes, originario de Coahuila, fue senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN) entre 2006 y 2012. Desde el Senado impulsó el rescate de los cuerpos de Pasta de Conchos y la creación de una Comisión Reguladora de la Industria del Carbón, que garantizara la seguridad a los trabajadores de las minas.

 

En entrevista con REFORMA, García Cervantes consideró que la recuperación de los cuerpos debe enmarcarse en un rescate de la región carbonífera de Coahuila, que produce el 10 por ciento de la energía eléctrica del País.

 

El funcionario —ex senador y ex diputado federal por el PAN— explicó que el Gobierno federal podría verse obligado a rescatar a los cuerpos por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso sugirió que el Estado mexicano emprenda el rescate como una iniciativa propia, con la CIDH como testigo.

 

El 11 de febrero pasado, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dirigió un oficio a Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, para solicitar un nuevo peritaje «que diera mayor certidumbre sobre las posibilidades técnicas de realizar la recuperación de los cuerpos sin poner en riesgo la integridad física o la vida de los rescatistas y, en su caso, dar continuidad a la averiguación previa correspondiente».

 

De acuerdo con la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), en donde se agrupan algunos de los familiares de las víctimas, ese peritaje constituía el primer paso para una recuperación de los cuerpos.

 

– ¿Cuál es el resultado del peritaje que ordenó la STPS?

 

Debo primero contextualizar: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho tres rondas de información al Estado mexicano a partir de las posiciones de los peticionarios, en este caso la OFPC, y otros.

 

El Estado mexicano siempre había pedido prórrogas y había utilizado puntos de acuerdo y declaraciones públicas para decir que seguía atendiendo las cosas. Una reacción distinta sucedió después de una entrevista de la OFPC y sus representantes con el Secretario Navarrete Prida (el 7 de febrero pasado).

 

De esa entrevista se derivó una comunicación oficial: el Secretario Navarrete le pregunta al Procurador si hay posibilidades de realizar un estudio que permita verificar las condiciones de Pasta de Conchos al punto de hacer el rescate de los cuerpos y continuar con las diligencias de la averiguación previa.

 

Es delicado el tratamiento de ese oficio: (podría usarse) para volver a dilatar la decisión de la CIDH: el rescate de las víctimas por inacción del Gobierno.

 

Pero (el rescate) es una responsabilidad del Estado. El argumento era que ninguna de las dependencias del Estado tenía facultades para ordenarlo. Yo estoy convencido de que sí procede.

 

Se ha formado un pequeño grupo de trabajo entre el área pericial, la STPS y la PGR, y hemos convocado a un experto en minería de carbón: el ingeniero Raúl Meza.

 

(García Cervantes explicó que la PGR convocará a un grupo más amplio de expertos nacionales e internacionales, al que se sumaría la Secretaría de Gobernación, para que el gobierno mexicano emprendiera el rescate sin que sea una sentencia de la CIDH).

 

– ¿Habrá rescate de los cuerpos de Pasta de Conchos?

 

Habrá rescate bajo este camino (una decisión política del Estado mexicano) o posteriormente, no sé cuándo, como una obligación del Estado derivada de la sentencia de los organismos internacionales que tienen jurisdicción.

 

Si no se sigue este camino voluntariamente después se tendrá que seguir este camino obligatoriamente. Si hay voluntad política este camino es reparador: repara las ausencias, omisiones del Estado y repara el dolor de las víctimas porque les permite concretar su duelo.

 

Después de Pasta de Conchos ha habido un centenar de muertos más. Es una región que tiene en sus entrañas una riqueza que es del País y debe ser extraída para generar desarrollo, justicia, vida digna, de quien extrae esa riqueza.

 

– ¿Qué falta para que haya seguridad al interior de las minas?

 

Falta sensibilidad y falta que el Estado quiera ejercer su rectoría: generar capacidades de supervisión, de vigilancia, de inspección.

 

– ¿Con lo que tienen Trabajo y Economía no alcanza?

 

No alcanza porque está claramente y a mi juicio intencionalmente, atomizadas las funciones del Estado.

 

Tampoco son mineros libres de decidir si entran o no al pocito. No son libres porque lo hacen por extrema necesidad.

 

Es un oligopolio la minería del carbón. Son unos cuantos (los concesionarios). Con vasos comunicantes entre el poder económico y político.

 

– Regresando al rescate, ¿hay alguna idea de tiempos, costos, capacidades técnicas para la identificación de cuerpos?

 

De trabajos previos, que se realizaron y los que estuve pendiente con José Antonio Blake (ex titular de la Secretaría de Gobernación), puedo especular con algún fundamento: entre 6 y 12 meses se estaría en capacidad de hacer un rescate seguro.

 

– ¿Tiene una idea de cuándo se podrían iniciar las labores de rescate?

 

Si de mí dependiera, yo podría empezar mañana. [Pero] tengo claridad de que se tienen que hacer estudios, planeación, el acopio de la tecnología adecuada, los gastos necesarios y los trabajos hay que iniciarlos y concluirlos.

 

– ¿En este grupo ya hay una ruta crítica?

 

No, es precisamente lo que se va a hacer.

 

– Se ha hablado de que el rescate podría costar varios millones de dólares.

 

Puede ser. Todo depende de las alternativas que se presenten.

 

– ¿El rescate puede conducir a fincar responsabilidades a la empresa, al sindicato o a autoridades?

 

Sí, claro.

 

– ¿Y debe conducir a eso?

 

Claro, es que un acceso a la justicia es eso: que el Estado, que es el garante del derecho y el que tiene el monopolio para procurar y administrar la justicia, lo haga.

 

– ¿Esa voluntad política suya, la comparte el presidente Peña y el Procurador Murillo?

 

El Procurador Murillo sí. El Presidente Peña siento que también.

 

– ¿Se lo ha oído al Procurador?

 

Sí, absolutamente.

 

– Que la voluntad política está…

 

Si no, no estuviera yo aquí.

 

– ¿Y eso no afecta intereses muy fuertes de Grupo México?

 

Muy fuertes.

 

– Y el caciquismo en Coahuila.

 

La colusión entre el poder económico y el político, y un modus vivendi de complacencia, privilegios para unos y con tragedia y muerte para otros. Toca muchos intereses. Pero necesitamos garantías de no repetición y saber qué pasó ahí.

 

– ¿Se puede hacer en acuerdo con Grupo México el rescate?

 

Como ejercicio democrático de autoridad podría entrar en la negociación con ellos. Pero se da la orden, punto. Usted es detentador de una concesión que le impone obligaciones: cúmplalas. Revierta las condiciones de la mina. La autoridad ordena, se hace, se revisa, y es con cargo o gravitando sobre la explotación de esa concesión.

 

– Que lo pague el concesionario.

 

Puede ser. No quiero adelantarme en esos terrenos porque no lo sé. Pero de que está vinculado con lo que genera esa concesión: genera obligaciones, no sólo derechos.

 

– ¿Fueron omisas las autoridades del Estado mexicano en los seis años anteriores al casarse con la idea de que no podía haber rescate con base en el peritaje de la propia empresa?

 

Absolutamente sí. Y le digo sin cortapisa ni limitación. Estoy convencido. Sí.

 

– ¿Se debe sancionar, investigar?

 

Por lo pronto eso se debe revertir. La autoridad claudicó y dejó que imperara la voluntad del particular.

 

– ¿La presencia del crimen organizado ha distorsionado el Estado de Derecho?

 

El rescate de la carbonífera es también de su seguridad. Hay que recuperarla.

 

– ¿Sigue siendo panista?

 

Sigo siendo panista: lo que siempre ha significado ser panista, no lo que ahora algunos quieren que signifique: en muy buena medida ahora es sinónimo de corrupto.

 

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