Boletín de Prensa

 

Después de que el lunes 3 de junio las organizaciones Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco A.C. (FREMMAR), la Red Jalisciense de Derechos Humanos y Bios Iguana A.C., todos miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), acudiéramos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, a interponer una denuncia (Exp. Nº CDHEC/417/13) por la constante violación a los derechos humanos, los desastres ambientales, el despojo de tierra y el hostigamiento (etnocidio y ecocidio)  que ha venido sufriendo la comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco, por actividades del Consorcio Minero “Benito Juárez Peña Colorada S.A de C.V.”, perteneciente a la empresa Ternium-ISPAT y Mital Steel de capital Italo-Argentino-Hindú que extrae hierro de la Sierra de Manantlán; el pasado viernes 15 del presente recibimos oficio Nº.O.Q.G./614/13 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el que nos notifica lo siguiente:

 

1.- En atención a que de la narración de los hechos se desprende que las violaciones se atribuyen a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua; en cuyo caso no se da la competencia de este Órgano Estatal para conocer del Asunto; por lo que se remite el original de esta instancia a la Dirección General de Orientación y Quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

2.- Como los hechos, de los que se duele el quejoso constituyen actos que vulneran y ponen en peligro la vida, la salud y el patrimonio de las familias de la región que comprende la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, y en atención a la urgencia y gravedad del asunto, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima DECRETA  MEDIDAS CAUTELARES dirigidas a cada una de las autoridades mencionadas:

 

–       Secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, para que garanticen la seguridad y el patrimonio de cada uno de los habitantes de la Zona de Manantlán que se encuentran dentro del territorio colimense:

 

–       Secretario de Economía para que por medio de la Dirección General de Desarrollo Minero se evite que se continúe causando perjuicio por parte de la empresa Peña Colorada S.A.

 

–       Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que garantice la conservación del medio ambiente en los poblados nahua de Ayotitlán y evite que se sigan causando daños por parte de la empresa minera de esa región.

 

–       Procurador Federal de Protección al Ambiente para que haga cumplir las leyes en materia ambiental.

 

–       Director General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para que contribuya a la prevención y mitigación de desastres en la región.

 

–       Director General de  la Comisión Nacional de Agua para que administre y preserve las aguas nacionales y sus bienes inherentes, específicamente del Río Marabasco y sus Afluentes.

 

Lo anterior para evitar la consumación irreparable de las violaciones reclamadas o la producción de daños de difícil reparación, ya que de no hacerlo se está atentando contra el derecho a la vida, la salud y propiedad de los agraviados, por lo que se solicita a cada Autoridad en su ámbito de competencia giren instrucciones a quien corresponda y se evoquen a dar cumplimiento a la Medida Cautelar emitida, debiendo enviar las evidencias del cumplimiento en el término de 3 días hábiles en el entendido que en su momento quien resuelva el fondo del asunto sea la Comisión Nacional.

 

Las organizaciones REMA, FREMMAR, RJDH y Bios Iguana estaremos vigilantes de que se cumpla con las Medidas Cautelares y en espera de lo que resuelva la Comisión Nacional de Derechos Humanos.