México.- Ante el incremento de la explotación minera en el país, que ha efectado a decenas de comunidades, éstas impulsan un proyecto de ley minera que reconozca el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos, concesiones máximas por dos décadas –no de cien años, como se otorgan en la actualidad–, reparación del medio ambiente y que esta actividad deje de ser de interés público.Con apoyo de legisladores del PRD, trabajan en el proyecto el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, de San Luis Potosí; Si a la vida, no a la minería, de Capulalpam de Méndez, Oaxaca; la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero; Tetela hacia el futuro de Puebla y La vida de Veracruz, entre otras organizaciones.

Ayer, durante el foro Minería, derechos humanos y movilización social, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrantes del grupo redactor presentaron el proyecto de ley. Jorge Peláez, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante del colectivo Radar, explicó que uno de los temas fundamentales es que para operar, las empresas deberán contar con una licencia social; es decir, el aval de las comunidades después de una consulta libre, previa e informada, y la participación social.

Detalló que el proyecto tiene 79 artículos y dos capítulos sobre participación ciudadana y consulta.

Detalló que los ejes de la iniciativa son siete, y el principal es consulta, participación y derechos humanos, ya que no es posible aceptar los daños que causa la minería, que ocurre sin acuerdo ni consentimiento de los pueblos afectados, situación que ha detonado conflictos sociales.

Explicó que también se incluye el cambio del régimen de concesiones, que sería acotado a 20 años, y cancelar los cien permisos que se otorgan actualmente.

Hay prohibiciones para otorgar concesiones; se acotan derechos a los concesionarios y se aumentan las obligaciones; además de que se limita y regula la titularidad de una concesión, ya que actualmente se traspasan con facilidad, lo cual no puede hacerse con un bien propiedad de la nación; mayor control del Estado y de la sociedad, y más causales de nulidad.

Francisco Cravioto, del proyecto Industrias Extractivas de Fundar, sostuvo que también se establece que deben respetarse los acuerdos adoptados en la consulta, y las mineras deben permitir visitas de inspección. Además, las empresas o particulares que se beneficien deben contar con la licencia social.

Actualmente, en el país hay 31 mil 51 concesiones mineras que abarcan 39 millones de hectáreas, equivalentes a 20 por ciento del territorio nacional, aunque las cifras son variables, señaló Francisco López Bárcenas. Apuntó que la mayor parte de proyectos está en fase de exploración, y de la supercicie total concesionada, 28 millones de hectáreas corresponden a territorios indígenas.