Organización Editorial Mexicana
Ciudad de México.- Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores deben tomar medidas inmediatas y aplicar la ley respecto de las constantes violaciones que cometen las empresas mineras extranjeras en México, particularmente la Esperanza Silver, de origen canadiense en el estado de Morelos.
La senadora perredista Iris Mendoza dijo que las laxas leyes mexicanas permiten que las explotaciones de las minas y las exportaciones de oro y plata por empresas extranjeras sean uno de los negocios más redituables.
En conferencia de prensa, la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República dijo que desde el 3 de julio, envió una carta a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Osorio Chong y José Antonio Meade, respectivamente, en donde expone las amenazas de funcionarios de esta empresa contra los activistas del Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras.
Y el doctor Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció las agresiones constantes e incluso asesinatos contra activistas y ejidatarios en la República, por las empresas mineras Fortuna Silver Mines, la MagSilver y la Blackfire Exploration.
También habló de la desaparición desde el 23 de octubre del 2012 del indígena de Ayotitlán, Jalisco, Celedonio Monroy Prudencia y las recientes amenazas de muerte al integrante del Consejo de Mayores de esa comunidad, Gaudencio Mancilla Roblada.
«El mismo esquema de uso de criminales comandos armados asuelan a los habitantes de la comunidad náhuatl de Santa María Ostula, en Michoacán donde fueron asesinados el dirigente Pedro Leyva Domínguez y el comunero José Trinidad de la Cruz Crisóstomo.
«Y fueron secuestrados y desaparecidos Javier Martínez Robles, Gerardo Vera y Francisco de Asís Manuel».
Denunció que sicarios bajo las órdenes de empresas mineras y con la complicidad de funcionarios asesinaron «a nuestros compañeros Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, en San José del Progreso, Oaxaca, en marzo del año pasado».
Refirió que las amenazas de muerte fueron alentadas por personal de la empresa minera Fortuna Silver Mines.
Y en octubre del año pasado, también fueron asesinados Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís, de El Barzón, Chihuahua. Encabezaban la lucha contra la ilegal invasión de sus tierras por parte de la minera MagSilver y su subsidiaria mexicana Cascabel. Esta conducta criminal prolifera. «Facilita que socios o cómplices regionales de mineras hindúes-argentinas; chinas, estadounidenses y de otros países, actúen como sicarios contra los activistas comunitarios».
Destacó que la Procuraduría General de la República ha señalado que narcotraficantes de la Familia Michoacana establecieron relaciones con empresas chinas para abastecerles de mineral obtenido ilegalmente de la región Jalisco-Michoacán y eliminar cualquier obstáculo.
La senadora Mendoza a su vez, dijo que estas agresiones, intimidaciones y amenazas se dirigen contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
Exigió la legisladora que los titulares de Gobernación y Relaciones Exteriores, intervengan para frenar estas acciones e investiguen la presunta participación de extranjeros de la firma canadiense Esperanza Silver, en una manifestación pública el pasado 19 de junio en la ciudad de Cuernavaca.
