Fernando V. Corzantes

Fue hace 107 años, en el mineral de cobre de Cananea, Sonora, en la empresa Cananea Consolidated Copper Company, propiedad del coronel estadounidense William C. Greene. Allí, más de 2 mil trabajadores de origen mexicano demandaron un salario equitativo al de sus compañeros mineros estadounidenses, exigiendo jornadas de trabajo más justas.

Los mineros decidieron llamar a huelga, acto nunca visto en la historia de México, y hecho que vendría a marcar un hito en la época Porfiriana.

Los huelguistas portaban como símbolos la bandera de México y un estandarte con un billete de cinco pesos, cantidad demandada como salario mínimo. La protesta fue cegada con descargas de fusiles de los trabajadores mineros norteamericanos primero y de los rangers de Arizona posteriormente, con un saldo de 23 muertos, 22 heridos, más de 50 personas detenidas y cientos que huyeron por temor. En estos días, los métodos utilizados por las compañías mineras canadienses para acallar las demandas no han cambiado mucho.

Hace dos semanas integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunciaron en el Senado de la República la conducta criminal de las empresas canadienses que operan en México, pues llegan a contratar sicarios para amenazar e incluso matar a activistas que se oponen a los proyectos mineros, ya que afectan severamente a sus comunidades.

Ante el embate asesino de las mineras canadienses, vale nuevamente apostar la memoria contra el olvido.

En la última década, el gobierno federal ha concesionado 26% del territorio nacional, alrededor de 56 millones de hectáreas, a la industria minera. Gran parte de esa superficie es ejidal, y la presencia de las empresas en las comunidades ha ocasionado conflictos sociales, además de la destrucción de bosques y selvas. Entre 2006 y 2010 prácticamente se duplicaron los proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras (94%), al pasar de 390 a 757, la mayoría destinados a explotación de metales preciosos, esto lo indican las estadísticas de la Secretaría de Economía.

De las 279 corporaciones mineras extranjeras que operan en México, 210 son canadienses y tienen concesiones en 26 estados de la República. Somos “el cuarto destino más atractivo en el mundo y el primero en América Latina para las inversiones en explotación minera”, señala la Cámara Minera de México (Camimex) en su informe 2011. Sin embargo, la explotación de esa riqueza trae consigo un alto impacto ambiental y social. Expulsa ejidatarios, campesinos e indígenas y degrada el medio ambiente de forma irreversible.

Históricamente la explotación de minerales ha sido una de las actividades más riesgosas que se realiza en México. En cuanto a la seguridad en minas, es prácticamente inexistente.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social reconoce la muerte de 23 personas en minas desde el accidente de Pasta de Conchos. Pero la organización Familia Pasta de Conchos ha documentado 50 fallecimientos posteriores, señal de la ausencia de vigilancia de las autoridades federales y estatales sobre la operación de las pequeñas minas (pocitos), que cuentan con nulas medidas de seguridad, método muy utilizado en Querétaro.

Estos accidentes añadieron renglones oscuros a documentos oficiales según los cuales la minería nacional va viento en popa y la seguridad de sus trabajadores está garantizada. Nada más falso.

En San José del Progreso, en los valles centrales de Oaxaca, las empresas de origen canadiense han extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos. Pero a costa de una decena de casos de represión violenta, como los perpetrados en marzo pasado, entre ellos los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez. En regiones enteras del país, las mineras canadienses están dejando una estela de contaminación, muerte y desolación.

La colonización del siglo XXI no viene en carabelas ni trae espejos. No obstante, a pesar de la represión que se ejerce, a pesar del poder que tienen estas grandes compañías, los grupos locales se organizan y se enfrentan a esta injusticia que tienen que sufrir día tras día.

La ley debe acompañarles.

Consejero electoral del Instituto Federal Electoral en el estado de Querétaro

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