Colima, México (14 de noviembre de 2013) El Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Colima, ordenó a los gobernadores de Colima y Jalisco, Mario Anguiano Moreno y Aristóteles Sandoval,  que investiguen la desaparición forzada del líder indígena nahua Celedio Monroy Prudencio, ocurrida el 23 de octubre de 2012.

En la resolución del juicio de Amparo 1645/2013-II,  que fue interpuesto por la organización ambientalista Bios Iguana, el juez determinó que las autoridades involucradas de investigar este caso por “comisión u omisión no han realizado las investigaciones derivadas de la desaparición”.

Celedonio Monroy Prudencio, indígena nahua  y defensor de los derechos humanos de la comunidad de Ayotitlán, está desaparecido después de que un comando armado ingresó a su domicilio en Cuautitlán de García Barragán el 23 de octubre de 2012.

La organización Bios Iguana tramitó la demanda de garantías a favor de Celedonio Monroy Prudencio, contra actos de los  gobernadores  constitucionales de los estados de Colima y Jalisco y otras autoridades que por comisión u omisión no han realizado las investigaciones derivadas de la desaparición.

En la demanda de Amparo se señalan como actos reclamados la extracción violenta e ilegal y la desaparición forzada de Celedonio Monroy Prudencio así como la violación a los artículos 1º, 14, 16, 18, 19 y 22 Constitucionales, por parte de las autoridades responsables.

El Juzgado  determinó que las autoridades responsables en el ámbito de su competencia tienen  que dictar todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del desaparecido.

Asimismo se requiere a las autoridades responsables, para que proporcionen toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima.

Además señala que las autoridades responsables deberán practicar las diligencias necesarias, conducentes y adecuadas, a fin de lograr la localización de Celedonio Monroy Prudencio.

En caso de que los gobierno de Colima y Jalisco, no den cumplimiento a la resolución el juzgado de distrito informará  al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo que a la letra dice:

“Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión”.

Las autoridades que se establecen como responsables en la demanda de amparo son:

1.- Como ordenadora:

El Gobernador del Estado de Colima, el C. MARIO ANGUIANO MORENO. El Gobernador del Estado de Jalisco, el C. ARISTÓTELES SANDOVAL. La Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. La Procuraduría de Justicia del Estado de Colima.

2.- Como ejecutora:

• La Policía Auxiliar en la Procuración de Justicia del Estado de Jalisco.

• La Policía Auxiliar en la Procuración de Justicia del Estado de Colima.

• La XX Zona Militar en el Estado de Colima.

• La XV Zona Militar en el Estado de Jalisco.

• Dirección Estatal de Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima.

• Dirección de Policía Estatal del Estado de Jalisco.

Por su parte la organización Bios Iguana celebró el amparo y dijo que  esa acción legal representa un esfuerzo ciudadano por restablecer el estado de derecho que es violentado por los mismos servidores públicos del poder ejecutivo y judicial.

“Que omiten deliberada y conscientemente el estado de violencia política contra activistas y luchadores sociales, archivando las quejas y denuncias, fortaleciendo desde la irresponsable acción judicial el estado de impunidad en una clara actuación de violentar los derechos humanos”.

Las organizaciones civiles REMA y Bios Iguana  advirtieron que estarán atentos de que se cumpla la resolución del juez i en caso de que  no “invocaremos a tribunales nacionales o internacionales para reclamar justicia”