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  • El exhorto fue aprobado por unanimidad y diputados de todos los partidos políticos se pronunciaron a favor de preservar los yacimientos de agua y proteger a la comunidad de Zacualpan

En la sesión ordinaria de este miércoles el Congreso del Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, para que no expida permiso, autorización o licencia alguna para la instalación y operación de una mina para la explotación de oro y de cualquier otro metal en la localidad de Zacualpan, Municipio de Comala.
El exhorto aprobado también pide que en caso de haberse otorgado permisos, estos se revisen y revoquen “por constituir un grave riesgo para el medio ambiente, así como para la salud y la seguridad de los ciudadanos de este estado”.
Los diputados Mariano Trillo Quiroz, del PVEM; Jesús Villanueva Gutiérrez, de Nueva Alianza; Marcos Barajas Yescas, del PT; Ricardo Donaldo Zúñiga, del PAN; Francisco Rodríguez García, del PRD; y Óscar Valdovinos Anguiano, se pronunciaron en tribuna a favor de que no se contaminen los yacimientos de agua del Cerro Grande y de que no se instalen empresas mineras en la zona aledaña a la comunidad de Zacualpan.
Ante la presencia de habitantes de la comunidad de Zacualpan y grupos ecologistas que expresaban su agradecimiento a los diputados locales, correspondió a los legisladores José Verduzco Moreno, del PRI, y Mariano Trillo Quiroz, del PVEM, dar lectura al dictamen correspondiente.
El punto de acuerdo también exhorta a los tres niveles de gobierno “para que por todos los medios posibles preserven a Zacualpan como una zona natural protegida, de alta prioridad para la seguridad y subsistencia de los ciudadanos de nuestro estado”.
Dicha propuesta también pide a las autoridades que garanticen los derechos originarios de la comunidad indígena de esa localidad, misma que se opone al proyecto minero cuestionado.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
P R E S E N T E.
A las Comisiones de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero y, de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente de la Iniciativa de Acuerdo para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Ejecutivo Estatal, los Ayuntamientos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Procuraduría General de la República, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 1647/013, de fecha 04 de diciembre de 2013, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de  Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero y, de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la Iniciativa de Acuerdo para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Ejecutivo Estatal, los Ayuntamientos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Procuraduría General de la República, presentada por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, integrante del Partido Verde Ecologista de México, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Diputado único del Partido del Trabajo, Marcos Daniel Barajas Yescas.
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente que:

  • 1.- La minería es uno de los negocios más boyantes del país, un sector económico que produce ganancias millonarias para beneficio de aquellos particulares y empresas favorecidas con concesiones mineras, tanto nacionales como extranjeras.
  • En los últimos años el negocio minero en México se ha convertido en uno de los principales objetivos del crimen organizado.
  • En un principio la actividad de los grupos criminales se circunscribía a la extorsión de las empresas mineras a través del pago por el derecho a la extracción y el transporte de metales. Esta situación incluso se ha venido denunciando que existe en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima, así como en la mayoría de los estados de la República en donde existen importantes yacimientos de hierro, oro, plata y cobre principalmente, situación que es ampliamente conocida por el gobierno federal y que presuntamente ha derivado en la desaparición de personas vinculadas con la defensa de los derechos medioambientales, como es el caso de Celedonio Monroy Prudencio.
  • Sin embargo, la amenaza de los grupos criminales se ha extendido también a la participación directa en el negocio minero, más allá de la simple extorsión, mediante la utilización de “prestanombres” que han obtenido, mediante las habituales prácticas de corrupción en las que se mueven, concesiones y permisos de explotación que ponen en grave riesgo la salud y la vida de las personas.
  • 2.- En las últimas semanas ha salido a la luz pública la pretensión de instalar una mina para la explotación de oro y otros metales en la zona de Zacualpan, Municipio de Comala, situación que ha sido denunciada como abiertamente irregular por parte de la comunidad indígena de ese lugar, quienes tienen derechos originarios sobre las tierras en donde se pretende constituir la mina.
  • La comunidad indígena de Zacualpan en su declaración del 18 de noviembre de 2013, acordó no permitir la instalación de ninguna empresa o actividad minera en su territorio, promover al territorio libre de minería, capacitarse para defender su territorio, y rechazar cualquier intento de oferta o dádiva con el fin de lograr la licencia social; además han advertido que se trata de un proyecto que tendrá consecuencias ambientales irreversibles y muy graves para la salud de los ciudadanos de ese lugar y de las ciudades de Colima y Villa de Álvarez.
  • 3.- El proyecto de la mina de oro en Zacualpan ha sacado a relucir un tema de la mayor importancia para la vida y la seguridad de nuestro Estado, pues la explotación del oro constituye una de las actividades que representan mayores riesgos para el medio ambiente y –como dicen los comuneros de Zacualpan– puede traer consecuencias irreversibles y muy graves para la salud de los ciudadanos.
  • Para la extracción y procesamiento del oro se aplica “cianuro”, una de las sustancias más altamente toxicas y letales del planeta, en un proceso que se conoce como “cianuración del oro” y que es el proceso que utilizan las mineras en México para explotar este metal y que sustituyó desde hace muchos años el proceso de extracción por amalgamado de metales con mercurio, que también era muy nocivo para el medio ambiente.
  • El mineral en donde se encuentra el oro es triturado. Se utiliza agua y se aplica el cianuro para extraer y recuperar el metal. El agua utilizada debe ser tratada bajo medidas extremas de seguridad y el proceso no debe llevarse a cabo cerca de zonas como ríos, lagos, lagunas, manantiales o acueductos, pues una filtración con agua contaminada acarrea necesariamente efectos devastadores, pues está demostrado que el cianuro filtrado en agua, aún en dosis muy pequeñas, mata a toda aquella persona o animal que por alguna razón lo ingiera.
  • Aún con medidas de seguridad adecuadas el cianuro residual atrapado en las minas de oro provoca también fugas persistentes en las aguas del subsuelo que nutren los mantos freáticos, por lo que la explotación del oro se ha convertido en uno de los procesos más cuestionados y peligrosos del mundo.
  • Pues bien, contra toda lógica y sentido común se pretende instalar la cuestionada mina de oro en Zacualpan, siendo esta zona en donde se encuentra el principal manantial (y acueducto) que abastece de agua a la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, lo que de entrada supone un peligro inminente para miles de ciudadanos en caso de concretizarse el proyecto minero.
  • Es decir, si el proceso de extracción del oro es ya de por si peligroso por las características antes apuntadas, lo es aún más si se considera que esa mina en particular pretende instalarse en una zona que está destinada para abastecer de agua a un población de más de 300 mil personas.
  • Es por ello, que resulta sorprendente y mueve a sospecha de corrupción la supuesta expedición de permisos ambientales a favor de la empresa que pretende poner la mina en una zona que a todas luces implica un riesgo mayúsculo para la vida de miles ciudadanos. Hasta ahora ninguna autoridad –municipal, estatal o federal– ha salido a pronunciarse con claridad sobre la legalidad y veracidad de esos aparentes permisos.
  • 4.- El pasado 27 de noviembre de este año el Director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima-Villa de Álvarez (CIAPACOV), Oscar Valencia Montes, declaró y advirtió ante la opinión pública que “la apertura de la mina de oro destruiría por completo lo que es nuestra principal fuente de abastecimiento para la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, el manantial de Zacualpan.”
  • Entrevistado al respecto el funcionario indicó que Zacualpan “por su vegetación y calidad de agua que produce, es muchas veces superior a lo que se puede generar con una actividad de minería”.

 

  • Y agregó que la actividad que se pretende realizar en aquel lugar “pone en grave riesgo el abastecimiento de agua para Colima y Villa de Álvarez” y que en la minería se utilizan “muchos productos como el mercurio que resultan sumamente tóxicos para la salud humana”, corroborando las amenazas que representa el proyecto minero que se está cuestionando.
  • 5.- Por su parte, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, también públicamente hizo un llamado a la población y a los tres niveles de gobierno a no permitir la explotación de la mina en la comunidad de Zacualpan, “ya que se pondría en riesgo la reserva natural que abastece de agua a la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez y la contaminación será inminente.”
  • Al respecto, abundó que se debe conservar los bosques, selvas y campos para evitar una contaminación, ya que si en su momento se decretó como una Reserva Natural se debe conservar en ese sentido.
  • “El agua está bien filtrada por las zonas rocosas por la captación del agua y además se abastece el manantial y por ninguna circunstancia estaría de acuerdo que se pusiera en riesgo un derecho humano que es el agua”, sostuvo.
  • “Si tenemos el agua segura para que la arriesguemos, por ello ojalá que los técnicos en la materia, el gobierno federal y estatal se convenzan de que por ninguna razón se debe autorizar la explotación de esa mina”, apuntó.
  • En cuanto al aspecto del agua, refirió las declaraciones del Director de la CIAPACOV, Oscar Valencia Montes quien aseguró que habría contaminación y grave riesgo de desabastecimiento en caso de explotar la mina.
  • 6.- Bajo estas consideraciones y tomando en cuenta que la materia ambiental es concurrente, es decir, se necesita y requiere de la intervención de los tres niveles de gobierno, quedando evidenciados los graves riesgos que conlleva una explotación de una mina cerca del principal manantial que abastece de agua a la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y por tratarse de un asunto de seguridad para la vida y salud de los habitantes de nuestro Estado.

TERCERO.- Las Comisiones que dictaminan conjuntamente, después de realizar el estudio y análisis de la iniciativa de acuerdo objeto del presente dictamen, observamos la necesidad de velar y proteger los derechos de las minorías, así como la protección de los recursos naturales de la entidad.
Es nuestro deber como legisladores y representantes populares velar por el respeto de los derechos de la población, ya sea a través de reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones de normas jurídicas para regular la convivencia armónica de la sociedad.
En el caso particular, los iniciadores en uso de sus atribuciones como legisladores proponen exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, Estatal, los Ayuntamientos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Procuraduría General de la República, para que en uso de sus atribuciones no permitan la instalación y operación de una mina en la localidad de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima.
Al respecto, estas Comisiones observamos la preocupación de los iniciadores ante las inminentes afectaciones al ambiente y a la salud pública que podría generar la operación de una mina en dicha comunidad; razón que nos motiva a apoyar la propuesta de éstos para velar por la seguridad y protección de nuestros recursos naturales.
Cabe mencionar que el desarrollo y modernización del sector minero, como el de la mayor parte de la industria, lleva implícitas perturbaciones en la ecología, que no deben ser soslayadas en el diseño y ejecución de las políticas para su desarrollo; siendo que el proceso de explotación de yacimientos de minerales puede provocar alteraciones o impactar de manera negativa al entorno.
Ante estos impactos que genera la industria minera, tiene la obligación de realizar acciones compensatorias a favor del medio ambiente; sin embargo, como lo menciona el iniciador, el lugar donde se pretende establecer la mina en comento resulta ser una región con gran diversidad ambiental, por la convergencia de áreas verdes, de ríos y arroyos que contribuyen al abasto de agua para gran parte del Estado.
Además de las implicaciones ambientales, la operación y funcionamiento de la mina en comento, trae graves consecuencias en la actividad productiva y de servicios que se llevan a cabo en la comunidad de Zacualpan, siendo que una mina necesariamente modificará la forma de vida y de producción de la región, bajo el entendido de que el medio ambiente sufre alteraciones y obliga a promover acciones de reconversión productiva.
Cabe mencionar que la comunidad en comento, es considerada como comunidad indígena y como tal, goza de derechos especiales otorgados desde la misma Constitución Federal, la Constitución Local y la ley reglamentaria estatal de la materia; por tanto, ante cualquier decisión que pretenda tomar la autoridad debe necesariamente consultar a ésta para ver su conformidad o no con lo que propone o autoriza el Gobierno en cualquiera de sus tres niveles.
Estas circunstancias resultan elementos suficientes para determinar como positivo el acuerdo que se dictamina, siendo que con ello se gestionará ante las instancias Federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencias para que en uso de sus atribuciones analicen de manera puntual la viabilidad de la instalación de la mina ya citada, así como de las implicaciones ambientales, poblacionales y de salud pública que su operación y funcionamiento pudiera ocasionar.
Con ello, manifestamos, al igual que los iniciadores, nuestra preocupación de velar por los derechos de las minorías, así como del medio ambiente; con el carácter que gozamos, de representar los intereses de la población y, con mayor énfasis, los que se encuentran más vulnerables respecto de los demás.
Las acciones que se emprenden a través del presente dictamen, encuentran su sustento en el artículo 1o, fracción XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, donde se garantiza el acceso a toda persona a un medio ambiente sano que les permita vivir en paz y en armonía con todos los demás seres humanos.
Asimismo, el artículo 33 de la misma Constitución Local, se establece la facultad del Congreso del Estado de impulsar normas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, así como impulsar la concurrencia de los gobiernos estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley general reglamentaria correspondiente.
La normatividad antes mencionada, permite a los integrantes de estas Comisiones determinar como positiva la iniciativa que se dictamina, en razón de que el Estado goza de facultades para intervenir en temas ambientales para velar por el cuidado y preservación del medio ambiente ante cualquier acción que lo altere o modifique.
Asimismo, la Ley Ambiental para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, en sus artículos 18 y 19 determina las facultades de las autoridades estatales y municipales para intervenir en la preservación, restauración y protección del medio ambiente de la entidad de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, en virtud de la competencia concurrente que existe en la materia.
Con lo anterior se justifica la intervención de esta Soberanía para exhortar a las autoridades estatales y municipales se coordinen con las federales en lo que respecta al cuidado y protección del medio ambiente, para el caso específico de la instalación de una empresa minera en la comunidad de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima.
Cabe mencionar que casos similares al que se expone en el presente dictamen, se ha visto en diversos lugares del país, entre los que se pueden mencionar la oposición a la instalación de la minera Frisco en el Municipio de Tetela de Ocampo, porque la exploración de oro y plata a cielo abierto representaría un ecocidio para las comunidades de la Sierra Norte de Puebla. En este caso, en el mes de octubre del año en curso, el Congreso de Puebla solicitó a la Secretaria del Medio Ambiente  y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa) cancelar en forma definitiva los proyectos mineros de Frisco en aquel municipio.
Otra situación similar se presentó en  el mismo Estado de Puebla, donde igualmente, el Congreso local de dicha entidad aprobó enviar un exhorto al gobierno de la República, para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cancele la autorización a la minera Autlán para que busque oro en el municipio de Tlatlauquitepec.
En ambos casos, las quejas de los lugareños iban enfocadas al alto riesgo que representa una empresa minera para el medio ambiente y la salud pública de la región, siendo que en los procesos de búsqueda de metales como el oro se requiere del uso de cianuro, el cual contamina el agua de las reservas y afecta a la salud. Además de que su instalación y funcionamiento provoca graves daños a la flora y fauna del lugar.
Lo anterior nos indica que no somos un caso aislado, y se justifica la participación del Congreso del Estado para exhortar a las autoridades estatales, federales y municipales correspondientes para que en uso de sus facultades intervengan en el proceso de autorización de instalación y funcionamiento de la empresa minera que pretende instalarse en la comunidad de Zacualpan, Municipio de Comala y se evite su instalación, en virtud de los devastadores efectos que tendría contra el medio ambiente y la salud pública, no sólo de la región sino del Estado mismo.
A mayor abundamiento, en uso de las facultades conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponemos a esta Soberanía adicionar un resolutivo sexto al acuerdo que se dictamina para precisar que será el Oficial Mayor del Congreso del Estado quien se encargará de comunicar a las autoridades exhortadas el contenido del presente documento para los efectos legales correspondientes.
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

ACUERDO

“PRIMERO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia, por las dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia alguna para la instalación y operación de una mina para la explotación de oro y de cualquier otro metal en la localidad de Zacualpan, Municipio de Comala, del Estado de Colima, y en su caso revise y revoque los que hubiere otorgados por constituir un grave riesgo para el medio ambiente, así como para la salud y la seguridad de los ciudadanos de este Estado.
SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa, exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Colima, en el ámbito de su competencia, por las dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia ambiental alguna para la operación de una mina de oro y de cualquier otro metal en la localidad de Zacualpan, Municipio de Comala, del Estado de Colima, por las razones apuntadas.
TERCERO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa, exhorta al Ayuntamiento de Comala, en el ámbito de su competencia, por las dependencias respectivas, para que no expida permiso, autorización o licencia ambiental, de uso de suelo  o comercial alguna para la operación de una mina de oro y de cualquier otro metal en la localidad de Zacualpan, Municipio de Comala, del Estado de Colima, por las razones igualmente apuntadas.
CUARTO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de manera atenta y respetuosa, exhorta a los titulares de los  tres órdenes de gobierno referidos en los resolutivos anteriores, para que por todos los medios posibles preserven a Zacualpan como una zona natural protegida, de alta prioridad para la seguridad y subsistencia de los ciudadanos de nuestro Estado y garanticen los derechos originarios de la comunidad indígena de esa localidad que se opone al proyecto minero cuestionado.
QUINTO.- Dese vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Procuraduría General de la República, para efecto de deslindar las responsabilidades administrativas o sobre delitos ambientales que se pudieran estar constituyendo con la pretendida instalación del proyecto minero en Zacualpan.
SEXTO.- Aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima, comunique el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos legales correspondientes.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
COLIMA, COL., 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO

 

DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO
Presidente

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ      DIP. ESTEBAN MENESES TORRES
       Secretaria                                                    Secretario

 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS INDÍGENAS Y 
ATENCIÓN AL MIGRANTE

 

DIP. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ
Presidente

 
DIP. JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA                    DIP. NOE PINTO DE LOS SANTOS
                        Secretario                                                                    Secretario
 

DIP. IGNACIA MOLINA VILLAREAL                               DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ
                        Vocal                                                                                Vocal
 

DIP. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA         DIP. JOSE VERDUZCO MORENO
                          Vocal                                                                              Vocal

La presente hoja corresponde a las firmas del acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Ejecutivo Estatal, los Ayuntamientos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a la Procuraduría General de la República.

http://www.manzanillo.tv/1213/11/congreso-mina.html

 

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