CARTA DE REMA

México, 21 de Marzo de 2014

LA REMA EXIGE ESTADO DE DERECHO EN EL CASO DE ZACUALPAN

Al Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno gobcol@col.gob.mx,
< transparenciacolima@col.gob.mx>,
Al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos
Ramírez Marín < denunciatel@sedatu.gob.mx>, <jcramirez@sedatu.gob.mx >;
Al Procurador Agrario, Cruz López Aguilar <pagraria@pa.gob.mx>;
Al Registro Agrario Nacional (RAN), Manuel Ignacio Acosta Gutierrez
<miacosta@ran.gob.mx>
Al Procurador de Justicia del Estado de Colima” < procurador@pgje.col.gob.mx>;
Al Presidente Municipal de Comala, Colima, Braulio Arreguín Acevedo
< presidencia@comaladiferente.mx>, <jprt_18@hotmail.com>
A la Secretaría de la Función Pública
< contactociudadano@funcionpublica.gob.mx>,
A la Jefa del Departamento de Atención a Defensores del Mecasnismo de
Protección / Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Diana Díaz
Montiel <didiaz@segob.gob.mx>;
“Jesus Rodriguez Garcia» <dgqd_jrg@pa.gob.mx>;
“Ruben Treviño Castillo» <rtc@pa.gob.mx>,
«Rogelio Rueda Sánchez»<sgg@col.gob.mx >;
«Jefe de Oficina del Secretario de la Sedatu» <amelo@sedatu.gob.mx>;
«Delegación Colima de la SEDATU» <col@sedatu.gob.mx>
«Del Col RAN Miguel Barragan O» <mbarraganor@ran.gob.mx >,

El Gobierno del Estado de Colima aceptó que reprimió a niños, niñas,
mujeres y ancianos con la fuerza pública en días pasados, incluso con una
enorme tanqueta, y sin mostrar voluntad política de avances en la solución
a las demandas justas, legítimas y legales de los comuneros indígenas de
Zacualpan, Colima. También invitó a la minoría de comuneros que apoyan al
depuesto Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, a que
identifiquen a personas o agrupaciones que buscan generar conflictos para
sacar beneficios particulares, con el fin de criminalizar a los defensores
de los derechos humanos y mantener los intereses de un grupo minoritario
de comuneros que pretende imponer el proyecto minero.

De la misma manera, la delegada agraria de Colima, María Elena Díaz
Rivera, ha declarado falsas acusaciones, difamaciones y mentiras que han
puesto en riesgo la vida de los defensores de los derechos humanos y
quienes gozan ya del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Además,
ha provocado divisiones e incluso la violencia que su propio hijo, el Lic.
Carlos Soulé Díaz, Visitador Agrario, ha ejercido amenazado de muerte,
hostigado y violentado física y verbalmente a miembros de la organización
Bios Iguana, lo que ha sido registrado ampliamente por la prensa local y
por lo cual se ha interpuesto una demanda ante el Ministerio Público. La
delgada con dolo ha mal asesorado y confundido el proceso del conflicto
agrario, incluso con afirmaciones en la prensa y en la televisión local
desde meses pasados, con el fin de que el ex comisariado de bienes
comunales, depuesto de su cargo en Asamblea, siga empecinado en su interés
por mantenerse en el cargo los dos meses que le quedan evidenciando
intereses políticos y económicos. Todo esto ha sucedido frente a la
opinión pública nacional e internacional.

Ante las denuncias hechas por la Red Mexicana de Afectados por la Minería
(REMA) a la Procuraduría Agraria, así como por más de 200 personas y
organizaciones, la respuesta ha sido la misma para todos los demandantes,
mostrando el interés de la Procuraduría Agraria de solapar y proteger a
los funcionarios que evidentemente, no solo han violado la ley agraria y
sus funciones públicas, sino que amenazan directamente a la población
civil e indígena poniendo sus vidas en peligro. Prueba de ello, José
Arturo González Flores, Director General de la Oficina del Procurador
Agrario de la Dirección General de Quejas y Denuncias, comunicó a la REMA
el 4 de marzo de 2014, como a todos los demandantes, el “Acuerdo” sobre la
denuncia contra la Delegada María Elena Díaz Rivera y su hijo Visitador
Carlos Soulé Díaz. Pese a las demandas ante el Ministerio Público por
parte de miembros de Bios Iguana, pese a las pruebas, testimonios y notas
periodísticas; y las mentiras, calumnias y difamaciones que externó la
Lic. Díaz Rivera incluso en la televisión colimense que constan en
registro, la SEDATU y la Procuraduría Agraria “acordaron” respondernos a
la sociedad y a la opinión pública que se “determina la improcedencia de
la queja por lo que a esta Procuraduría Agraria se refiere, en razón de
que su competencia se limita a acciones u omisiones que presuman la
violación de las leyes agrarias. Así mismo remite copia de todos los
escritos a la Dirección General de Conciliación y Arbitraje y Servicios
Periciales, para que determine en ejercicio de sus facultades, lo
procedente en relación a la auditoría que se solicita al ex comisariado de
bienes comunales sobre los recursos que distintas dependencias le
canalizaron durante su gestión”.

En esta respuesta no se hace alusión al Órgano de Control Interno de la
Procuraduría Agraria para su revisión, ni a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público, toda vez que
las declaraciones y actuaciones sugieren delitos federales, ya que el
Código Penal Federal, en relación con delitos de abuso de autoridad e
intimidación por parte de servidores públicos se hace referencia en los
siguientes artículos:

“Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores
públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
I.- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el
cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida
auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto;
II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la
presentación o el curso de una solicitud;
……

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos
por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de
prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e
inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten
los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las
fracciones X a XII.

CAPITULO VII
Intimidación

Artículo 219.- Comete el delito de intimidación:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando
la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para
evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte
información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por
la Legislación Penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, y
II.- El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o
información a que hace referencia la fracción anterior realice una
conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los intereses de
las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien
dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.
Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a
nueve años de prisión, multa por un monto de treinta a trescientas veces
el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito, destitución e inhabilitación de dos años a nueve años
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”

Por tanto, la respuesta de la Procuraduría Agraria y de la SEDATU pretende
proteger a la delegada Díaz Rivera, a su nepotismo y a su hijo quien
agrede y amenaza de muerte. Ambos, como funcionarios públicos que exceden
sus funciones. Por ello, los indígenas son rehenes de la burocracia y los
intereses políticos del RAN, de la Delegada de la Procuraduría Agraria,
del Gobernador, del empresario y del hijo de la delegada. Han desplegado
toda artimaña jurídica y asesoría de la Procuraduría a favor del depuesto
ex comisariado de Bienes Comunales quien ha actuado con dolo, ocultado
Actas, boicoteando Asambleas, ocultando sellos, amenazando a los demás
comuneros como a los miembros de la organización Bios Iguana; violando a
todas luces la ley agraria en contubernio, asesoría y omisión de la
Delegación de la Procuraduría Agraria de Colima quien ha optado por los
intereses de un grupo minoritario, dividiendo a la población indígena y
negando los derechos de la mayoría de los comuneros de Zacualpan.

Por eso demandamos:
1)     Respeto a la decisión libre y soberana de los comuneros de destituir a
sus autoridades cuando lo consideren conveniente, así como de sus usos y
costumbres. El reconocimiento oficial de sus nuevas autoridades por parte
del Registro Agrario Nacional (RAN).
2)     Auditoría de los recursos públicos recibidos por el ex comisariado de
bienes comunales a nombre de los comuneros. Así como deslindar
responsabilidades por violación de la ley agraria por suspender
unilateralmente asambleas, entorpecer su realización, ocultamiento de
Actas de Asamblea y sello; y otras acciones asesoradas por la delegada de
la Procuraduría Agraria.
3)     Destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, y
deslindar las presuntas responsabilidades penales y administrativas a la
delega, y por nepotismo.
4)     Deslindar las presuntas responsabilidades administrativas y penales al
Visitador Agrario, hijo de la delegada, por sus amenazas.
5)     Alto a la criminalización por parte del gobierno del estado de Colima
contra los defensores de los derechos humanos de la organización Bios
Iguana.
6)     Retiro de las fuerzas policiacas de los territorios indígenas de
Zacualpan y disculpas públicas a los niños, niñas, mujeres, y ancianos
violentados en sus propios territorios por la fuerza pública.

Los miembros de la REMA, en caso de agotar las instancias legales en curso
y sin solución, acudirán a las instancias internacionales de Derechos
Humanos.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
www.remamx.org

c.c.p. Amnistía Internacional. <contacto@amnistia.org.mx >,
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos /Red TDT
<contacto@redtdt.org.mx >
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
<info@movimientom4.org >

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
www.remamx.org

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