Las ganancias monetarias de dejar entrar a los megaproyectos a las tierras de propiedad social pueden ser grandes al principio, pero los costos sociales y ambientales “son enormes” largo plazo, advierte el abogado Francisco López Bárcenas.

Adazahira Chávez
Foto: Ezequiel Flores

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México. Paros y bloqueos para lograr una negociación con la empresa que ocupa su territorio desde hace siete años, enfermedades atribuidas a la operación de la mina y más del 80 por ciento de las tierras rentadas ahora inservibles son parte de la disputa que mantienen los ejidatarios de Carrizalillo, en Guerrero, con la minera a la que arriendan sus tierras, Goldcorp. Son elementos a los cuales hay que poner atención ante el anuncio federal de una mayor actividad de megaproyectos y ante la realidad de mayor represión, valora el especialista y abogado Francisco López Bárcenas.

Las comunidades que están por entrar en tratos con empresas deben considerar el objeto para el cual arriendan las tierras, hacer un análisis entre la ganancia económica a corto plazo y los costos sociales y ambientales a largo tiempo, así como fijarse en que esté establecido que la empresa corre con la responsabilidad de entregar lo rentado tal cual lo recibió, resume el experto en derechos indígena Francisco López Bárcenas.

“No hay que olvidar que el nuevo gobierno federal dijo que en 2013 comenzaba en serio la explotación minera en México”, recuerda López Bárcenas. “En 2014, vemos más actividad minera, y en general de megaproyectos, pero también mucha más represión en el sentido físico, intimidatorio y también muy al margen del derecho”. El especialista enumera los casos de la presa El Zapotillo, en Jalisco –que los gobiernos amenazan con construir a una altura de 105 metros, en contra de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, los amparos ganados por los rarámuri contra los proyectos turísticos y del nuevo aeropuerto –tras lo cual el gobierno estatal dijo que había intereses extranjeros mezclados, y la construcción de una autopista en Xochicuautla, Estado de México.

Desde el 1 de abril, los ejidatarios del lugar conocido también como Carrizalillo mantienen un pulso con la empresa canadiense que explota sus tierras desde 2007. Las labores están suspendidas y los ejidatarios alegan las grandes ganancias de la compañía y los daños que les ha producido para exigir un arrendamiento más alto.

Carrizalillo, una historia de negociaciones

Los Filos-El Bermejal (el primer productor de oro en México) abarca tres mil 20 hectáreas, de las que mil 300 las renta a Carrizalillo (municipio de Eduardo Neri). Ahí, de acuerdo con información de la revista Proceso, se ubica casi la totalidad del yacimiento y el patio de lixiviación. El mismo semanario calculó un pago máximo de derechos mineros por 355 mil 200 pesos semestrales, en el yacimiento más rentable para la minera: ahí el costo de producción por onza es de 188 dólares, mientras que en otras minas en Canadá o Guatemala oscila entre los 322 y los 621 dólares.

La revista advierte que el ritmo de producción es tan elevado que probablemente concluirá operaciones antes de lo proyectado (10 años). Se calcula que cada año, Goldcorp extrae de Los Filos 330 mil onzas del preciado metal. El precio de la onza de oro en el mercado internacional elevó su precio al menos al doble desde que la mina inició operaciones, y la compañía canadiense se ubica en el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a su valor.

Las protestas de los ejidatarios comenzaron desde el año 2007, cuando lograron –tras casi tres meses de protestas- aumentar la renta por hectárea de mil 300 a 13 mil 500 pesos y la promesa de la compañía de costear un sistema de agua para el ejido, que nunca llegó. En 2008, el precio acordado llegó a 14 mil 825 pesos; para 2009, se fijó el pago con base en la onza: 2.6 por hectárea.

En el año 2014, siete años después del inicio de operaciones, los ejidatarios reclaman cuatro onzas por hectárea, más 1.8 por cada cien mil producidas. La empresa pretende pagar 3.5 onzas por 10 años, de acuerdo con el diario La Jornada. La comunidad calcula que la empresa proyecta explotar el filo hasta el año 2030, “con todo lo que ello implica en una relación de tantos años, sobre todo ahora que sabemos la cantidad de riesgos que estamos corriendo cuando se arrendan las tierras con corporativos mineros tan poderosos”.

Los ejidatarios siguen en plantón y acusan la indiferencia de los directivos de la mina. Lo que obtienen por hectárea rentada a la Goldcorp puede parecer mucho en un estado como Guerrero, que pertenece al triángulo de la miseria en México (junto con Oaxaca y Chiapas), pero el abogado López Bárcenas cuestiona: “habría que preguntarles cómo les ha ido en términos sociales y ambientales”.

La ley mexicana ante las minas

Francisco López Bárcenas, autor de El mineral o la vida, señala hay al menos dos leyes que regulan la renta de las tierras de uso social: el Código Civil y la Ley Agraria, que es mucho más laxa que el primero. El Código establece un máximo de 20 años para el arrendamiento, y el arrendatario se responsabiliza de todos los daños; la Ley contempla 30 años prorrogables, y el arrendatario no se responsabiliza de los daños. En el caso de las minas, los daños son de tipo ambiental, principalmente por los químicos que se utilizan.

La razón principal de que las mineras prefieran el arrendamiento a la compra de las tierras que necesitan no es sólo jurídica sino económica, pues les resulta más barato arrendar las tierras que comprarlas, ya que una vez que las han explotado pueden abandonarlas y marcharse, sin importar que se viole el derecho del titular de la tierra“, acusa el abogado y escritor.

Los ejidatarios de Eduardo Neri han señalado en distintas ocasiones que no contaron con la información suficiente de los daños que les acarrearía la operación de la mina, y que ahora sufren de afecciones neurológicas, de la piel, los ojos, la respiración, así como problemas de parto. Además, calculan que el 83 por ciento de sus tierras quedaron inutilizables. De acuerdo con la Ley Federal de Residuos Peligrosos, los propietarios son corresponsables de la reparación de los daños. “Es terrible si le dejan a los ejidatarios la responsabilidad de que sanen sus tierras”, señala el entrevistado.

Los ejidatarios “tienen derecho a que se renegocie su contrato o incluso a negarse a firmar uno nuevo. Pueden alegar muchas cosas, desde que no les informaron los daños que les iban a ocasionar, hasta que los daños provocados son muchos, o simplemente que ya quieren utilizar sus tierras”, informa el abogado.

Si no se renegocia el contrato, el escenario legal puede ser un cierre o que la empresa le pida a la Secretaría de Economía que empiece un proceso de expropiación, valora el especialista, lo que dependerá del análisis de costo-beneficio que haga la empresa, del metal que quede por explotar y del plan de cierre, que implica costos tanto por lo que han contaminado como por el saneamiento de la tierra, “y casi ninguna empresa en México hace esto”. López Bárcenas ve improbable la expropiación, por el elevado costo social que implica.

La empresa, en cualquier caso, no se puede retirar sin hacer un plan de saneamiento. “La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene facultades para obligar a la empresa a reparar el daño”, afirma el especialista. En cuanto a la posible corresponsabilidad de los ejidatarios, “se tendría que ver de qué lo son y en qué grado”.

Las lecciones para otras comunidades

Las comunidades que están pensando en arrendar sus tierras tienen que considerar, en primer lugar, cuál es el objeto del arrendamiento, explica el abogado. “Lo que ofrecen las empresas usualmente es algo mayor a lo que obtienen los propietarios por la actividad que ya tienen, como la siembra o la explotación forestal, pero nunca dicen, voy a usarla para esto y voy a destruir la tierra, porque es una mina a cielo abierto, o voy a ocupar mucha agua. Ése es el objeto y es lo que tienen que analizar las comunidades y ejidos, porque pueden ver los efectos que tendrá el proyecto”.

En las tierras indígenas, además se tienen que considerar los lugares sagrados, el paisaje y otras situaciones de importancia cultural, afirma el especialista en derechos indígenas, además del derecho a tener información completa y suficiente antes de que se haga el contrato.

Las comunidades y ejidos tienen que hacer un balance al aceptar los proyectos, pues aunque al principio la ganancia monetaria pueda ser grande, a la larga el costo social, ambiental y cultural “es enorme”, puntualiza López Bárcenas. En Carrizalillo, una parte de la población emigró, aceptan sus habitantes en diversos testimonios, además de que las enfermedades que se achacan a la operación de la mina campean.

“También se tiene que revisar que en el contrato diga que el arrendatario se obliga a entregar las tierras como las obtuvo”, agrega el abogado.

 “Son tiempos en que se impulsarán los megaproyectos, aún al margen de la ley y de la voluntad de los afectados”, finaliza López Bárcenas.

 21 de abril de 2014

http://desinformemonos.org/2014/04/carrizalillo-ejemplo-de-lo-que-viene-con-el-nuevo-impulso-minero/