Columnista

Vicente Bello
Tren Parlamentario
Vicente Bello [Perfil]

Un exhorto que la Cámara de Diputados emitió ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó ayer que los más de sesenta mineros que murieron en Pasta de Conchos, Coahuila, y que siguen insepultos, gritan llamando a la sorda y envilecida justicia mexicana. Que se realice un nuevo peritaje –pidieron los diputados al Ministerio Público federal- “en el que se indiquen los pasos que han de seguirse para lograr el rescate seguro y viable de los restos de los mineros fallecidos en 2006”.

Dos datos previos: Hubo cero posicionamientos del PRI y PAN, aunque votaron en pro del exhorto. En la argumentación de perredistas, petistas y de Movimiento Ciudadano, saltaba la acusación reiterada de que sí hay tres claros responsables de lo que dieron en llamar un asesinato industrial: El Gobierno federal, el Gobierno local y la empresa Minera México. Y también una gran alcahueta: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha defendido a ultranza a la compañía Minera México.

Loretta Ortiz Ahlf, del PT: Grupo México incurrió en “violaciones de derechos humanos en agravio de las 65 personas que perdieron la vida en el interior de la empresa industrial Minero México, S.A. de C.V., así como de 11 personas que resultaron lesionadas, toda vez que los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y vida de los trabajadores”.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, dijo que el exhorto a la PGR es para que “simplemente nos pueda dar cuáles son los pasos a seguir o el peritaje que se tendría que hacer para recuperar estos cuerpos, sin poner en riesgo a quienes estarían rescatando a los 65 mineros fallecidos en el 2006”.

Ricardo Monreal Ávila: “El problema en México es que el gobierno no se atreve a regular a las mineras y cobrarles lo que debieron hacer. Actualmente las mineras pagan sobre las concesiones desde 5.91 pesos hasta 129 pesos por hectárea”.

El legislador agregó: “Hoy la industria minera es denunciada en todas partes del país. Lo mismo en Guanajuato, Baja California Sur con la minería tóxica o en Guerrero o en Oaxaca o San Luis Potosí o en mi tierra natal, Zacatecas. Es la misma historia. Empresas explotadas por extranjeros que extraen metales preciosos y dejan miseria y enfermedades en nuestra tierra. Destruyen la ecología, destruyen nuestras costumbres y la convivencia”.

El zacatecano apostilló: “Hasta ahora un grupo de seis firmas mineras canadienses controlan el 70 por ciento de la explotación del oro en nuestro país, pero además constituyen en este momento 30 por ciento del territorio nacional concesionado; 56 millones de hectáreas sin que nadie moleste a los extranjeros y nacionales que degradan nuestras tierras, extraen el mineral y la riqueza y abandonan a su suerte a todos los mineros y sus familias”.

María del Socorro Ceseñas Chapa, perredista de Nuevo León: “Es un hecho inédito en la historia de nuestro país que una empresa, Grupo México, mantenga su oposición para rescatar los restos de los 63 mineros que murieron el 19 de febrero de 2006 en la tragedia de esta mina”.

Y fustigaba Ceseñas: “Simplemente Industria Minera México está aferrada a que no se llegue al lugar de la explosión argumentando pretexto de seguridad y de carácter ecológico. La razón pareciera ser su responsabilidad en ese grave incidente como algunas opiniones así lo señalan e indican como argumento la explotación comercial del gas grisú, con el desenlace fatal conocido”.

Acusó la diputada que “un recurso utilizado por Grupo México consistió en ampararse frente al inminente inicio de los trabajos de rescate, para lo cual la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sólo esperaba el peritaje de la PGR, sobre los términos en que se iban a llevar a cabo los trabajos relativo. Y en un hecho aún más condenable, el Poder Judicial Federal le concedió de entrada esa suspensión a Grupo México, deteniendo por el momento la realización de las tareas de rescate y hacer pasar tiempo valiosísimo que pudo haberse aprovechado”.

A ocho años de aquel 19 de febrero, remachaba la diputada, la PGR “se sigue negando a proceder en contra de los auténticos responsables: Empresarios y funcionarios de cuello blanco”.

Último orador, Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, afirmó que lo de Pasta de Conchos “no fue un mero accidente, sino un crimen industrial, producto de la negligencia, irresponsabilidad y contubernio de autoridades federales y locales que tienen que ver con el tema”. Y hacía mención en tribuna de dos nombres: Humberto y Rubén Moreira, ex gobernador y gobernador actual de Coahuila.

Mejía Berdeja dijo que sobre la región carbonífera de Coahuila “ahora se yergue otro enemigo: El fracking, que se va aplicar en la misma región, convirtiendo a esta zona del país en una zona de devastación social, ecológica y laboral”.

Y afirmaba: “Por eso señalamos que esto se debe frenar; si no, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, pasará como un criminal ecológico, porque él está promoviendo el fracking”.

El fracking, anglicismo, es un modo técnico para extraer más gas del subsuelo a rajatabla y con mucha más producción. Veremos.

http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/una-minera-poderosa-dos-gobiernos-complices-y-la-alcahueta-scjn-1397018227