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Pasta de Conchos, sello de impunidad del GMéxico

 

Río Sonora, en desventaja legal ante “El Monstruo”…

La ambición sin límite y el desprecio a la vida humana como refiere el líder de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, Sergio Tolano, mantiene a Germán Larrea como el segundo hombre más rico en México mientras su imperio, Grupo México, ha dejado una estela de dolor en 500 familias de mineros que han sucumbido dentro de los complejos industriales de Los Larrea…

Por César Fraijo y Alejandro Matty / Dossier Politico

Dia de publicación: 2014-08-26

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Hermosillo, Sonora (DP).- Recién nacía el día 19 de febrero del 2006 cuando más de 60 mineros quedaron atrapados tras una explosión dentro de la mina de carbón, operada por Grupo México, ubicada en San Juan Sabinas, Coahuila, tragedia que representa el sello de la impunidad pues a 8 años, 6 meses, una semana y un día, las familias aún esperan la indemnización.

 

La ambición sin límite y el desprecio a la vida humana como refiere el líder de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, Sergio Tolano, mantiene a Germán Larrea como el segundo hombre más rico en México mientras su imperio, Grupo México, ha dejado una estela de dolor en 500 familias de mineros que han sucumbido dentro de los complejos industriales de Los Larrea.

 

Registros de Dossier Político indican que después de la 1 de la mañana de ese trágico 19 de febrero del 2006 y después de 3 horas de labor, los trabajadores quedaron atrapados a casi 500 metros de profundidad; sin embargo, Grupo México aseguró que éstos realizaban su labor a 150 metros bajo tierra.

 

Tras 6 días de búsqueda, la compañía anunció la suspensión del rescate, “no había posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de metano”.

 

El Diario de Ciudad Juárez publicó un informe de los oficiales mexicanos y la Oficina de Seguridad y Salud Minera de los Estados Unidos, que declaraba que, debido a los altos niveles de gas en la mina, sería poco probable, si no imposible, rescatar a alguien con vida.

 

El Diario también publicó informes sobre mineros que habían estado en huelga en contra de Grupo México al menos 14 veces, “no sólo por incrementos de salarios (…) sino también por su constante negativa a revisar las medidas de seguridad y salud». Grupo México declaró que la compañía, junto con el sindicato de mineros, firmaron un certificado el 7 de febrero, declarando la mina segura.[3]

 

La Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en honor a los mineros caídos en la mina Pasta de Conchos y asimismo empezó una investigación de las condiciones de seguridad de la mina.

 

El día 23 de junio de 2006 se recuperó el primer cadáver de uno de los mineros muertos en la mina Pasta de Conchos, Felipe de Jesús Torres Reyna, que contaba con 49 años de edad .[4]

El 1 de enero de 2007 fue localizado y rescatado el cuerpo de un segundo minero muerto en la explosión, identificado como José Manuel Peña Saucedo, vecino del cercano poblado de Palaú[5] .

 

Se indicó que seguirían las labores de rescate de los demás mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos, por parte de la empresa Industrial Minera México del Grupo México, dirigida por Germán Larrea Mota Velasco, pero esto no ocurrió.

 

Varios periodistas hicieron notar que Germán Larrea y el Grupo México se vieron beneficiados económicamente por la explosión al cambiarse la Ley de Explotación del metano, que impedía a las mineras el usufructo de este gas producido naturalmente en la explotación de minas de carbón.

 

Esto podría apoyar las acusaciones de negligencia que enfrenta la compañía y el propio Germán Larrea por no dar solución a las comprobadas notificaciones y alertas de seguridad que habían recibido los administradores de la mina con semanas de anterioridad a la tragedia, estas notificaciones señalaban la alta concentración de gas metano en la mina, muy por arriba de lo establecido legalmente.

 

Nuevos hechos han vuelto a enturbiar las investigaciones sobre la tragedia y se plantean serias dudas sobre la actuación del Gobierno de México en este asunto

 

En 2010 con motivo de las operaciones de rescate en el Derrumbe de la mina San José en Chile, han resurgidos voces críticas que comparan las reacciones del gobierno chileno y su actitud frente a los mineros atrapados, las familias de estos y frente a la empresa con la actitud del gobierno mexicano. Se destaca que los mineros chilenos fueron encontrados vivos a mayor profundidad y distancia y rescatados vivos después de 70 días de quedar atrapados.

 

Cabe aclarar que la peligrosidad y probabilidad de explosión en ambas minas eran en el caso mexicano muy altas a diferencia de la chilena.

 

El lunes, el dirigente de la Sección 65 del Sindicato Minero Metalúrgico llama a los ciudadanos a emprender una lucha contra quien ha envenenado el Río Sonora y ha discriminado a los trabajadores de Cananea en su propia tierra, que es Germán Larrea, dueño de Grupo México.

 

Acompañando a organizaciones sociales, sindicales y civiles, Sergio Tolano Lizárraga, líder de la Sección 65, dijo que los trabajadores de Cananea quieren integrarse a la sociedad por medio de un trabajo, después de que la empresa “amafiada” con el Gobierno de Felipe Calderón les arrebatara el Contrato Colectivo de Trabajo.

 

Recordó que la Sección 65 inició la huelga precisamente por las condiciones de inseguridad, que fueron constatadas en actas y documentos que también revelan que los derrames que hoy generaron la tragedia y que fueron denunciados con anterioridad.

 

Desde la existencia de Grupo México, a la fecha, hay cerca de 500 muertes de mineros, revela Tolano Lizárraga quien asegura que ante esos empresarios que provocan muerte y contaminación, se tiene que alzar la voz y demostrar la inconformidad que se tiene con ese tipo de empresarios como Germán Larrea y su Grupo México.

 

Por otra parte, criticó al líder sindical de la CTM Javier Villarreal Gámez, “porque ante la contingencia que refleja la inseguridad de los trabajadores mineros, no ha hecho ningún pronunciamiento fuerte; lo que hemos visto es que trata de confundir a la opinión pública, diciendo que la mina cerrara y se perderán cierta cantidad de empleos”.

 

“Javier Villareal se está inflando los bolsillos de dinero a costa de traicionar a la propia clase trabajadora, como lo hizo con el Grupo México; en la CTM los derechos de los trabajadores son pisoteados y el que quiera levantar la cabeza se la cortan y lo echan a la calle», aseveró Tolano Lizárraga.

 

En un frente común, la Sección 65 del Sindicato Minero, integrantes de la Tribu Yaqui, Movimiento Pro Liberación de Mireles entre otros organismos no alineados, alzaron la voz contra “El Monstruo” del Grupo México, responsable del derrame de tóxicos en el Río Sonora, donde destacó Sergio Tolano.

 

“Crímenes que van desde los daños a la naturaleza hasta la demostración de un desprecio sin límites en contra de la vida humana, como ocurrió en febrero del 2006 en Pasta de Conchos, cuando este corporativo, con el consentimiento del gobierno de Vicente Fox”, denunció el secretario general de la Sección 65.

 

«La contaminación de las aguas del Río Sonora es la proverbial gota que derramó el vaso, con relación a la larga lista de crímenes cometidos por corporativos como el Grupo México… con el consentimiento del gobierno de Vicente Fox, después de un análisis costo-beneficio, juzgaron inviable el rescate de 65 mineros que fueron abandonados y terminaron sepultados en el interior de la mina”, refirió Tolano Lizárraga.

 

En un posicionamiento enviado a Dossier Político, el Comité de Difusión del Sindicato minero expone que después de un largo proceso jurídico se  le dio la razón a Mexicana de Cananea, Grupo México, de que los reclamos que hacían los mineros de la Sección 65 del Sindicato Minero no tenían sustento alguno e incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación  dio su fallo y minimizó los argumentos del Sindicato Minero, donde le dieron la razón a Grupo México para que siguiera operando la mina.

 

“Ahora,  aquellos reclamos quedan a la vista, lo inevitable sucedió  una vez que la contaminación y devastación del Río Bacanuchi y Río Sonora son los que están pagando las consecuencias de una total negligencia de las autoridades encargadas en su momento, de haber impartido la justicia y lo señalamos así porque en aquel tiempo, el reclamo eran de mil 200 trabajadores en huelga y ahora son 25 mil familias las afectadas en 7 Municipios”, precisa,

 

Los mineros de la Sección 65 apuntan que “ellas han perdido el sustento y los ingresos familiares porque hay que señalar que son Municipios que viven de lo que las tierras y el agua les da para que puedan producir y tener el sustento económico de sus familias”.

 

Pero, ¿qué pensarán aquellos que tuvieron en sus manos y tomaron la decisión de dar la razón a Grupo México y declarar que no había motivos de huelga para que la empresa siguiera con sus actividades?, ellos también son responsables de esta catástrofe ecológica que viven las comunidades del Río Sonora.

 

A siete años de que el Sindicato Minero saliera a un movimiento de huelga por la inseguridad que existía en la mina de Mexicana de Cananea, y demandara en su pliego petitorio ocho puntos de inseguridad e higiene, las autoridades minimizaron los reclamos laborales de los integrantes de la Sección 65.

 

En un posicionamiento enviado a Dossier Político, el Comité de Difusión del Sindicato minero expone que después de un largo proceso jurídico se  le dio la razón a Mexicana de Cananea, Grupo México, de que los reclamos que hacían los mineros de la Sección 65 del Sindicato Minero no tenían sustento alguno e incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación  dio su fallo y minimizó los argumentos del Sindicato Minero, donde le dieron la razón a Grupo México para que siguiera operando la mina.

 

“Ahora,  aquellos reclamos quedan a la vista, lo inevitable sucedió  una vez que la contaminación y devastación del Río Bacanuchi y Río Sonora son los que están pagando las consecuencias de una total negligencia de las autoridades encargadas en su momento, de haber impartido la justicia y lo señalamos así porque en aquel tiempo, el reclamo eran de mil 200 trabajadores en huelga y ahora son 25 mil familias las afectadas en 7 Municipios”, precisa,

 

Los mineros de la Sección 65 apuntan que “ellas han perdido el sustento y los ingresos familiares porque hay que señalar que son Municipios que viven de lo que las tierras y el agua les da para que puedan producir y tener el sustento económico de sus familias”.

 

Pero, ¿qué pensarán aquellos que tuvieron en sus manos y tomaron la decisión de dar la razón a Grupo México y declarar que no había motivos de huelga para que la empresa siguiera con sus actividades?

 

Ellos también son responsables de esta catástrofe ecológica que viven las comunidades del Río sonora.

 

¿Qué pensará el ahora senador Javier Lozano Alarcón cuando en la administración de Felipe Calderón era el secretario del Trabajo y no hizo nada, al contrario, le dio la razón al Grupo México con el argumento de que eran “ligerezas” y no atendió los reclamos de los mineros?

 

¿Qué pensara Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación en ese tiempo; Javier Castelo, Federico Doring, Héctor Larios Córdova, senadores de la República en aquel entonces y hoy algunos de ellos diputados de la presente Legislatura?

 

¿Qué pensarán los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la  Nación o el propio ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías; todos ellos defensores absolutos de Grupo México, mismos que le dieron la razón y permitieron que reabriera la Mina de Cananea con el falso argumento de “fuerza mayor”; ¿quién se hará responsable de la catástrofe ecológica del Río Sonora donde acabaron con toda la biodiversidad ecológica y la economía de las familias de 7 Municipios?

 

¿Qué autoridad dejará impune este delito que en su momento fue denunciado por el Sindicato Minero y nadie pudo entender que la empresa del Grupo México era una irresponsable en el actuar por tratar mantener su actividad minera?

 

Esperemos que esto no quede impune,  que el Gobierno Federal a través de sus dependencias como Profepa, PGR, Conagua, Semarnat, etc., dictaminen con todo el rigor de la ley y que este homicidio industrial no quede impune.

 

Que todos los involucrados, incluso el propio Germán Larrea, respondan por estos hechos tan lamentables porque no era ni es, un caso fortuito; es un actuar voraz e irresponsable de Grupo México en todas y cada una de las partes donde está presente, exigimos que no sea un caso más donde el Estado le solape este tipo de delitos ambientales,  laborales, humanos e industriales.

 

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Sonora A. C., Octavio Grijalva Vásquez, recomendó a los habitantes del Río Sonora contar con la mejor asesoría legal posible pues en el juicio civil se enfrentarán al Grupo México, empresa que cuenta con los mejores despachos legales del país.

 

Grijalva Vásquez consideró que todo parece indicar que en el tema del derrames de ácidos, sulfatos y tóxicos de la mina Buenavista del Cobre pudo existir negligencia según los datos proporcionados por las mismas autoridades ambientales, por lo que será la PGR en primera instancia la que determine las responsabilidades penales.

 

“En primera instancia será la Procuraduría General de la República (PGR) la que determine si existió negligencia de parte de la empresa minera, filial del Grupo México, esto en lo que corresponde al tema de responsabilidad penal; en su momento, administrativamente la Profepa, Semarnat y Conagua harán lo propio respecto al daño ecológico”, expuso.

 

Respecto a las demandas civiles, el presidente de Colegio de Abogados del Estado de Sonora A. C. precisó que “los afectados deben, en principio, contar con una buena asesoría, fundamentar la demanda a modo de que quede establecido el daño ocasionado a un bien patrimonial producto de la contaminación, así como el perjuicio en lo económico”.

 

Expuso que todo lo demandado estará sujeto a prueba, de ahí la importancia de la buena asesoría jurídica de parte del abogado o despacho de su confianza que contraten, ya sea de manera individual o colectiva, deben demostrar el daño con facturas, comprobación de gastos y todo aquel documento que acredite el daño”.

 

Previó que aunque los habitantes del Río Sonora se encuentran en total desventaja ante los grandes despachos de abogados que tiene el Grupo México, confía en que la legalidad, la justicia y el Estado de Derecho, estará del lado de las familias ribereñas de Sonora.

 

Insistió en que “es por ello que recomendamos a los afectados a contar primero con una buena asesoría legal que les garantice que el Grupo México, filiales o empresas terceras les reparen el daño a la brevedad posible, aunque un juicio civil podría llevar hasta 3 años de proceso.

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Dossierpolitico.com en la siguiente dirección: http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=147687. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Dossier Politico

 

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