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INFORME PRELIMINAR DE LA MISION INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

 

 

INFORME PRELIMINAR DE LA MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN Colima, México, 4 DE MARZO DE 2015 El Gobierno del Estado de Colima favorece la impunidad, […]

Colima, México, 4 DE MARZO DEL 2015

 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA FAVORECE LA IMPUNIDAD, LA FALTA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS.

 URGIMOS EL RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA

 Contexto y objetivos de la misión

 Desde nuestra llegada a la capital de Colima, las y los integrantes de la Misión de Observación hicimos un planteamiento claro y conciso sobre las perspectivas por las cuales nos agrupamos representantes de Redes, Académicos, Defensores de Derechos Humanos, Intelectuales y Medios de Comunicación de distintas partes del mundo y del país, mismas que ratificamos siempre fueron “hacer una documentación de hechos sobre las graves afectaciones a la vida comunitaria que han estado sucediendo con la población indígena de Zacualpan, a pesar de existir una serie de resoluciones judiciales y administrativas que supone son suficientes para el restablecimiento del estado de derecho, la gobernabilidad, la paz social”.

En primer lugar, queremos resaltar que constatamos por distintas vías y medios las causas que originaron el conflicto, y estamos totalmente convencidos y seguros que éste ha sido desencadenado por una política implementada por el Gobierno Federal, quien de forma indiscriminada y sin respetar los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras, sin que los pueblos de todo el país y en especial de este estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada.

Esta política entreguista y de despojo genera que el 44% del estado de Colima haya sido entregado[1] en concesión a diferentes promoventes de empresas privadas de capital nacional y extranjero, lo cual hace que Colima ocupe el deshonroso primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado.

 

Dos de estas concesiones ocupan el territorio agrario de Zacualpan, lo cual llevó a las y los integrantes tanto de la comunidad como del núcleo agrario a buscar información sobre ello, a la vez que solicitaron apoyo y acompañamiento de la organización Bios Iguana. integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA), con el propósito de iniciar un proceso de investigación sobre dichas concesiones, el cual a su vez, derivó en una serie de iniciativas en defensa del territorio para evitar el saqueo de las tierras, la contaminación del agua que abastece a prácticamente a la ciudad de Colima y toda la zona conurbada, además de evitar los gravísimos daños a la salud y al ambiente ocasionados por las mineras que hoy están ampliamente documentados en prácticamente todo el mundo.

Durante los 4 días en los cuales la Misión de Observación estuvimos en Colima, procuramos establecer encuentros con la mayor parte de los actores que en mayor o menor medida han estado involucrados en el caso que nos atañe, incluyendo la búsqueda de contacto con los grupos en conflicto, a fin de disponer de información fresca y directa sobre la actuaciójn que cada instancia y grupo ha estado desarrollando.

En ese contexto, logramos entrevistarnos con el Lic. Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Secretaría de Gobernación; el Dr. José Ernesto Pasarín Tapia, Delegado de Semarnat en Colima; el Ing. Agustín Trejo Ramos, de la Secretaria de Economía; el Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Srio. General de Gobierno del Estado de Colima; Rafael Gutiérrez, Srio. de Fomento Económico; el Lic. Roberto Chapula, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal de Comala y el cabildo, el Director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia Lic. Fernando Gutiérrez Fuentes, quien se refirió literalmente a los habitantes de Zacualpan como “inditos”, “cerrados” y “que cambian mucho de postura”, afirmaciones que reflejan la posición racista y discriminatoria, tanto en lo personal como institucional del gobierno del estado de Colima respecto al conflicto que vive este pueblo indígena. Por otro lado, lamentablemente, por efecto de la alteración en la agenda ante el incumplimiento de la Secretaría de Gobierno de Colima, de la apertura oportuna de la vía de entrada a la comunidad, no atendimos una cita con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante en el Congreso del estado, a quienes de antemano les agradecemos su disponibilidad.

También solicitamos reuniones con la Delegada de la Procuraduría Agraria, la Lic. Ma. Elena Díaz Rivera, funcionaria clave para entender mucho de la problemática agraria que se vive actualmente en la comunidad y quien evidentemente eludió por todos los medios darnos una fecha de reunión, debido a que existe un largo expediente de información en la que, hoy podemos afirmar, está plenamente coludida en increpar a una de las partes para crear la situación del conflicto actual. De la misma manera sucedió con el Secretario de Acuerdos en el Tribunal Unitario Agrario, el Lic. Jorge Paniagua, también actor fundamental con quien tampoco logramos establecer un acuerdo de reunión, el cual aludió bajo un pretexto meramente administrativo y que, por supuesto, nosotros interpretamos como parte del desdeño y menosprecio manifiesto en varios de los testimonios que esta misión ha recibido.

Cabe resaltar que las reuniones que establecimos fueron desarrolladas en un marco de total respeto, en el cual ambas partes, Gobierno y Misión, logramos establecer un diálogo fructífero, toda vez que escuchamos y escucharon la información, posición y los argumentos que ambas partes colocamos durante la discusión, todas dentro del contexto del conflicto derivado por el otorgamiento de la concesión minera en el territorio comunal y pueblo indígena de Zacualpan.

Desarrollo de la misión

 Primer día

Nuestra primera actividad fue trasladarnos a la comunidad de Zacualpan para atender el encuentro con el presidente del comisariado de bienes comunales, el Sr. Taurino Rincón Lorenzo e integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. Un segundo propósito era entregar una carta al grupo que encabeza el Sr Carlos Guzmán, en la cual les proponíamos realizar un encuentro con ellos y para conocer sus dichos y hechos y establecer su relatoría.

Sin embargo, al llegar al punto conocido como “El Crucero”, encontramos un sinnúmero de policía judiciales y de la policía estatal, lo cual ya visualmente nos generó inquietud y extrañeza, misma que llegó a su máximo nivel al llegar a la intersección del camino a la entrada a la comunidad, que coincide con la intersección de un camino hacia el panteón y el ojo de agua -este último un tema especial dentro del conflicto-, porque encontramos un grupo de mujeres y hombres que tenían cerrada la carretera con piedras y lazos, a la vez que varios de ellos portaban tubos, palos y machetes, haciéndose notar claramente su intención de no permitir el libre tránsito y obstruir en flagrancia una vía de comunicación estatal… a la vista de la fuerza pública del estado.

Una comisión de nosotros intentó establecer diálogo con las personas que obstruían la carretera para que nos permitieran el libre tránsito a la comunidad y realizar la entrevista, a la vez que se les intentó entregar la carta para realizar el encuentro con ellos, misma que no quisieron recibir. Era evidente que antes de nuestra llegada ya estaba creado un clima muy agresivo hacia nosotros, manifiesto en gritos insultantes y difamatorios, empujones, amenazas, algunos golpes que no pasaron a mayores, a la vez que manejaban una información totalmente distorsionada de nuestro papel como misión al grado de atribuírnosse nos atribuyó veníamos a imponer una mina en su pueblo, siendo que en esta misión, hay representantes de las resistencias y luchas contra las empresas mineras más emblemáticas importantes de México, Mesoamérica y Canadá.

En esos momentos llegó el representante del gobierno del estado, Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, quien realizó un tenue intento de política social intentando persuadir al grupo que mantenía cerrado el paso, el cual era evidente no lograría toda vez que con anticipación ya estaba montada una escenografía que disuadiera nuestro intento de entrevistaros con la población, por lo que decidimos regresar a Colima.

De este primer hecho logramos constatar que uno de los grupos comunitarios se encuentra en una posición muy agresiva y envalentonada, porque hay una clara intención por parte del gobierno del estado de no actuar conforme a derecho y con ello se abone a la impunidad y a la falta de procuración de justicia para dirimir este conflicto.

 Segundo día

 Al día siguiente realizamos el grueso de las entrevistas con diversos representantes del gobierno estatal y federal que consideramos fueron muy fructíferas, toda vez que obtuvimos información que no teníamos en nuestras manos, a la vez también les proporcionamos información que ellos desconocían, además de acordar con algunos de ellos intercambiar más información sobre el caso.

Quedamos sorprendidos cómo es que el representantes de la Secretaría de Economía desconoce que una de las dos concesiones mineras relacionadas al territorio de Zacualpan se mantiene vigente, a pesar de que el titular ha fallecido, y no se sabe quién está pagado los derechos anuales para que su vigencia persista. A nosotros nos sorprendió cómo es que una concesión no se haya cancelado, aun cuando hay un documento en que la propia Secretaria desconoce la solvencia a favor de la empresa Gabfer, lo cual está más que manifiesto es uno de los procesos vinculantes para ello en la ley minera. Por su parte el Delegado de Gobernación manifestó su desconocimiento por todas las denuncias que ha realizado la autoridad agraria y el abogado de Zacualpan, con las cuales se hace evidente que este grupo es quien ha realizado todos los intentos posibles por desenvolverse bajo los mecanismos de procuración de justicia y hasta donde se encuentra el conflicto ha evitado caer en provocaciones y confrontaciones. De las denuncias que han interpuesto ya tienen sentencia a favor y sin embargo, siguen sin implementarse retardando la resolución del conflicto, pero sobre todo abonando a la impunidad y a falta de procuración de justicia. Semarnat desconoce que ha habido extracción de mineral en Zacualpan, sin que se haya registrado una Manifestación de Impacto Ambiental, ni cambio de uso del suelo, lo que implica robo a la nación. La Secretaría de economía desconoce que en su propia página web hay una investigación que alguien pago en la cual se señala el tipo de minerales y las cantidades que hay en Zacualpan. Peor aún, el 18 de julio del 2014 la Secretaria de Economía recibió para su inscripción un contrato de asociación para la exploración y explotación del grupo Gabfer, lo que implica que han un proyecto minero y un promovente, y aunque haya sido improcedente en su inscripción, como se cita en el Expediente 626/2014 de la propia Secretaria de Economía, ello significa que si hay recurrentes intentos para la implementación de un proyecto minero. Es decir, existen varias evidencias de que esas concesiones siguen más que activas, pero es sorprendente como todos funcionarios repitieron de muchas formas y maneras que “No hay un conflicto minero en Zacualpan porque no hay un proyecto minero operando”. Entendemos los por qué desde la óptica de su competencia no lo ven, pero la realidad es que como sucede en muchos casos, hay una preocupante oscuridad.

Esta Misión resuelve que lamentablemente todas las instituciones de gobierno vinculadas a permisos o actos administrativos relacionados con la actividad minera tienen un gran desconocimiento tanto de la misma en su propio estado, como también sobre las irregularidades que entre una dependencia y otra se gestan por descoordinación y falta de visión integral. Percibimos la existencia de un claro contubernio de algunos operadores políticos en éste y otros casos mineros en el estado.

La reflexión inmediata nos lleva a la siguiente pregunta: ¿A quién o quiénes conviene que exista un proceso de hechos que abonen a la confrontación interna y la destrucción del tejido social en Zacualpan, para con ello debilitar la estructura agraria que en este país es una fuerza real para impedir el despojo del territorio y sus bienes naturales?

Nos quedan pendientes varios intercambios de información ante disponibilidad enunciada en estos encuentros, pero es de suma importancia rescatar algunos puntos muy relevantes, en especial los derivados del encuentro con el Secretario de Gobierno en representación del Gobernador del Estado, el Lic. Rogelio Rueda Sánchez, porque de una sesión de entusiasmo por los buenos oficios declarados por dicho funcionario, unas horas después pasamos a la certeza de una falta de respeto hacia las y los integrantes de esta Misión, pero en particular a ratificar que, en Colima, el gobierno del estado procura la no procuración de justicia, la impunidad, la recurrencia en la violación de los derechos humanos, el no respeto a la ley, la discriminación y racismo hacia los pueblos indígenas, la atomización de los conflictos sociales para facilitar el despojo de los bienes naturales de los pueblos,la criminalización y la amenaza a defensores de los derechos humanos, como es en éste caso a los integrantes de la organización Bios Iguana.

 Acuerdos establecidos con las autoridades

 El Lic. Rogelio Rueda Sánchez se comprometió a lo siguiente:

 

  1. Garantizar el libre tránsito de forma permanente en todos los caminos y accesos al pueblo de Zacualpan, para que cualquier persona haga el pleno uso de sus derechos. En particular, se comprometió a garantizar dicha medida para las 8:30 hrs. de la mañana del pasado 3 de marzo y nos hizo llegar la comnunicación, a las primeras horas de ese día, que la vía estaba ya libre. Ello significaba una clara evidencia de disposición para restituír el estado de derecho y evitar la flagrancia y contubernio de actos delictivos por grupos azuzados por terceros.
  2. Logrado lo anterior, era evidente que estarían dadas las condiciones para que la Misión realizara un nuevo intento de cumplir nuestra encomienda en Zacualpan, para lo cual se acordó que dispondríamos de un mecanismo que garantizara la seguridad de los integrantes de la Misión para que, el día 03 de marzo, celebráramos la reunión con la representación de la autoridad agraria de Zacualpan y los integrantes del Consejo Indígena de la comunidad, toda vez que en nuestro primer intento de ingresar a la comunidad se hizo manifiesta la agresión hacia nosotros.
  3. Levantar el bloqueo hacia el manantial Ojo de Agua, mismo que ha sido impuesto por la policía estatal, que literalmente coloca las patrullas para impedir el acceso, a la vez que “protege” a los integrantes del grupo que se ha instalado en el sitio. Dicho acuerdo es de suma importancia porque un acto de autoridad y respeto a la representación agraria del ejido, además de hacer valer de manera libre y plena el ejercicio de su derecho de usufructo de su territorio y sus bienes naturales.
  4. Realizar un pronunciamiento por parte del gobierno del estado, antes de que la Misión se retire, y en todos los medios masivos posibles, reconociendo plenamente la incansable labor de la organización Bios Iguana como defensores de los derechos humanos y colectivos en la entidad.
  5. El gobierno del estado se comprometió a su vez a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria de Zacualpan, con el abogado asesor de la comunidad y con los integrantes de la organización Bios Iguana, de tal manera que se tenga información de primera mano y se desarrolle una agenda para atender todos los hechos y pormenores relacionados con la violación de los derechos del pueblo de Zacualpan, de los integrantes del Consejo Indígena y de Bios Iguana. A la vez, que se suspenda de inmediato la campaña de difamación y persecución que se implementada contra ellos y se otorguen las medidas de protección que este caso requiere de manera urgente a favor tanto del pueblo de Zacualpan, como del Consejo Indígena, de Bios Iguana y del abogado Benjamín Luna Alatorre. De manera especial, se deben atender de inmediato los casos de los integrantes de Bios Iguana que han tenido que salir del estado de Colima debido a las amenazas de muerte y de detención que se han implementado en su contra, a fin de reintegrarse de manera libre y plena a sus funciones, recobrando su vida social, privada, económica y laboral con pleno goce de sus derechos.
  6. Se comprometió a impulsar un proceso de trabajo interinstitucional, en donde participe la comunidad de Zacualpan a través de su representante legal, integrantes de Bios Iguana y el abogado de la comunidad, para establecer un trabajo colegiado que tenga como propósito cancelar de manera permanente la concesión minera, aun y a pesar de que no es un proyecto consumado, al menos de forma legal, pues ha sido ya la principal causa del conflicto que actualmente se vive en la comunidad, ha creado división comunitaria y dañado gravemente el tejido social, lo cual sabemos a nivel mesoamericano, acaba favoreciendo a los promoventes de mineras.
  7. Entregar a la Misión un informe que describa el despliegue policíaco estatal y ministerial en torno a la comunidad de Zacualpan, aclarando el quehacer concreto de cada una de las fuerzas ahí desplegadas. Al mismo tiempo se compromete a entregar a la autoridad agraria un oficio que describa las funciones y atribuciones de la policía estatal cada vez que esté circulando o actuando en el territorio y pueblo de Zacualpan, de tal manera que la población tenga la certeza de su quehacer y se evite que unidades policíacas sean destinadas, como se conoce que sucede actualmente, al traslado de comida y refrescos del grupo que tiene tomada le acceso a la comunidad, situación que indica que es el estado que, en contubernio con un grupo minoritario de pobladores recurre a la violación sistemática de la ley.
  8. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a las y los integrantes de la Misión, así como a la comunidad misma de Zacualpan, medidas que, cabe señalar de nuestra parte, de ninguna manera deben ser un instrumento de represión.
  9. Ante la mención, por parte del mismo Secretario de Fomento Económico del Estado, de la entrega de por lo menos un millón de pesos a la administración del depuesto comisariado, Carlos Guzmán, para proyectos en el Ojo de Agua, el secretario se comprometió a entregar un listado con las diferentes aportaciones que ha realizado a la comunidad de Zacualpan.
  10. El Gobierno Federal, a través de su delegado de Gobernación en el estado de Colima, se compromete a participar, en coadyuvancia con el gobierno estatal, de tal forma que se logre resarcir la paz social, la gobernabilidad y el estado de derecho, y constribuir con ello a una mejor vida social ycomunitaria.
  11. También se compromete a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria reconocida, con el abogado Benjamín Luna Alatorre de la comunidad y con integrantes de la asociación Bios Iguana.
  12. Por su parte, el delegado de Semarnat hizo un reconocimiento a los defensores del ambiente como Bios Iguana y el pueblo de Zacualpan.
  13. Se compromete a coordinarse con Profepa para que se investigue cómo es que una empresa realizó extracción de minerales sin contar con Manifestación de Impacto Ambiental ni con el resto de los permisos vinculados a la extracción minera.
  14. Semarnat trabajará para que la comunidad de Zacualpan adquiera medidas de protección ambientales de modo que ello inhiba el ingreso presente y futuro de empresas extractivas de cualquier tipo, y más aun si éstas carecen de un acuerdo de la comunidad.
  15. El Delegado federal de la Secretaría de Economía realizará y entregará una investigación para dar dar cuenta de la situación respecto a la explotación minera en Zacualpan, de la cual se reconoció desconocimiento en varios de sus aspectos.
  16. El Ayuntamiento del municipio de Comala, a través de su presidente el C. Braulio Arreguín Acevedo, presente con la mayoría del cabildo municipal, se comprometió a: (1) coordinarse con el gobierno del Estado de Colima para garantizar el derecho al libre tránsito de manera permanente; (2) reabrir el proceso mediante el cual se valorará la destitución del presidente de la junta municipal, el señor Enrique Carpio; (3)  refrendar o en su caso elaborar el proceso para declarar al municipio de Comala, en sesión solemne del Ayuntamiento, como Territorio Libre de Minería, y así mismo, asentar que ésta administración no otorgará cambio de uso de suelo para la explotación minera.
  17. La Comisión Estatal de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a fin de que se tomen las medidas necesarias y urgentes para que se respete la seguridad personal de todos los habitantes de Zacualpan y personas que transitan, así como a los defensores integrantes de la misión civil nacional e internacional de observación para el caso de Zacualpan y se garantice el derecho al libre tránsito de las personas en todos los caminos y carreteras que conducen a la comunidad de Zacualpan, Comala, Colima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que esta misión estaba alcanzando una serie de acuerdos que consideramos muy importantes para ayudar a restablecer el tejido social en Zacualpan, y en el mejor ánimo recibimos un mensaje la madrugada del día 3 por parte del propio secretario de gobierno, en el cual nos informó que se había restablecido el libre tránsito en la comunidad y que se había logrado un acuerdo para entrevistarnos con ambos grupos por separado en Zacualpan.

Tercer día

 Sin embargo, nuevamente, al llegar al crucero para Zacualpan, nos encontramos con un enorme despliegue policiaco integrado por policías antimotines, policía estatal y judicial, lo cual inmediatamente nos preocupó, porque era evidente el exceso de fuerza ahí presente. Al llegar al sitio de ingreso a la comunidad, una vez más se mantenía bloqueando el grupo que hacía dos días había impedido el ingreso nuestro a la comunidad, en total contradicción con los acuerdos y la información específica recibida de parte del secretario de gobierno. Además, se observaron varios letreros, mantas y cartelones son señalamientos amenazantes y agresiones para los integrantes de Bios Iguana, en particular contra Esperanza Salazar, incluyendo una muñeca con su nombre escrito en letras rojas.

 

En esas condiciones, el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, de una manera burda, e incluso ridícula, pretendió montar un escenario ideal para que la misión fuera una causal para reprimir al grupo que estaba bloqueando el camino. Pretendió colocarnos en una posición de “mediadores” y de “represores” para con el grupo de población que estaba presente, proyectando a la comunidad que esa era nuestra función, cuando quien debe cumplir con el cometido de mediación es el propio gobierno. Sin embargo, lo único que logró fue poner en evidencia los verdaderos intereses d el gobierno del estado, al estar abonando a la agudización de un conflicto que esperamos no tenga fatales consecuencias, a la vez que nos generó nuestro rechazo, al percatarnos nuevamente de que cada vez es más difícil en este país encontrar políticos , en un marco de respeto y acuerdos, se pueda confiar en la palabra empeñada, en su ética y además en su oficio político. Es una vergüenza.

 

En nuestra visita, hemos constatado la divergencia total entre el discurso de los funcionarios y su práctica concreta. Lamentamos enormemente que no hayamos podido entrevistarnos con ninguna de las dos partes del grupo en conflicto en Zacualpan, lo cual no quiere decir que no dispongamos de información sobre la situación que viven, a la vez que nos ayuda a ratificar que acá en Colima prevalece el contubernio, la impunidad la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y federal, además de la criminalización, persecución y amenazas contra las y los defensores de los derechos humanos. Esperamos que estas conclusiones ayuden al menos a aclarar un poco el distorsionado proceso informativo en el cual han sido envueltos y que logramos escuchar durante la misión.

 

Finalmente, esta Misión se retira con gran preocupación resaltando:

 

  • Desde este momento hacemos responsable al gobernador del estado de Colima sobre cualquier hecho violento, derramamiento de sangre o incluso muertos por la falta de oficio político para resolver asuntos que están totalmente relacionados a la falta de garantía para la aplicación del derecho.

 

  • Exigimos sean retiradas de manera inmediata todas las mantas, carteles y demás expresiones de hostigamiento y amenazas de muerte ubicadas en el sitio de bloqueo, en los cuales se hace un claro señalamiento para los integrantes de Bios Iguana Esperanza Salazar Zenil, Víctor Andrés Cruz Chi, Alejandro Bueno Salazar, Giovanna Ramírez Pimentel, Montserrat Cárdenas Rojas, Gabriel Martínez Campos y Misael Andrade Simental, a quienes de manera inmediata se les deben asignar e implementar medidas cautelares.

 

  • La restitución inmediata del usufructo de os bienes naturales para el pueblo de Zacualpan conforme a derecho y en manos de la autoridad agraria en turno el Sr Taurino Rincón Lorenzo, lo cual requiere una respuesta conforme a sus funciones del Tribunal Unitario Agrario, notoriamente una de las dos instancias de gobierno del Estado que nos concedieron una entrevista.

 

  • El levantamiento inmediato de libre tránsito y acceso para cualquier persona a la comunidad de Zacualpan.

 

  • El cumplimiento de la ley y la restitución del estado de derecho.

 

  • La cancelación definitiva de las concesiones mineras en el territorio de Zacualpan.

 

La misión se mantendrá vigilante, atenta y dará seguimiento a los compromisos que han adquirido. Para lograr esto, estableceremos una Comisión de Verificación que se mantedrá en contacto para exigir de los funcionarios municipales, estatales y federales que cumplan con sus compromisos, para seguir complementando la información ya recopilada con los informes prometidos y otras fuentes de información que podría abonar nuestros hallazgos, y especialmente para seguir atentos a la implementación de medidas que aseguren la procuración de justicia y respeto de los derechos del pueblo de Zacualpan y la integridad física, de la vida y el derecho a realizar su trabajo de defender los derechos humanos de la organización Bios Iguana y de todos sus integrantes.

 

 MISION INTERNACIONAL Y NACIONAL

DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

 INTEGRANTES: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México; Fund for Global Human Rights, Washington, Estados Unidos; MiningWatch Canadá, Ottawa, Canadá; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Environmental Defender Law Center (EDLC), Montana, Estados Unidos; Greenpeace; Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC). Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos(Red TDTT), México; PEACE ACTION, Estados Unidos; Iglesia Menonita Evergreen de Seattle, Washington, Estados Unidos; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (SITRAJOR); Colectivo de Abogados, Jalisco. Dr. Paul Hersch Martínez; Dr. Gilberto López y Rivas; Dr. Gian Carlo Delgado; Dana Rotberg Goldsmith.

 

[1] Cifras obtenidas de Cartografía Minera que publica la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. 

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