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Cristina Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 22 de septiembre de 2016

Hermosillo, Son.

El sacerdote Alejandro Solalinde acudió ayer al Congreso local para exigir a los diputados el cierre de la mina Buenavista del Cobre y declarar el municipio de Cananea zona de desastre.

El defensor de migrantes indicó que recorrió zonas aledañas a la mina propiedad de Grupo México, de Germán Larrea, y el área afectada en agosto de 2014 por un derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado al río Sonora. Afirmó que los daños que ha causado la mina hacen necesario su cierre.

Reunido con legisladores presidentes de las comisiones de salud, protección civil y especial del río Sonora, esta última creada recientemente para atender ese caso, solicitó una consulta ciudadana para detener la expansión del Grupo México en Cananea hasta que el consorcio cierre la mina y repare el daño generado por el derrame.

Solalinde destacó que la contaminación por metales pesados del río Sonora debe considerarse un crimen de lesa humanidad, porque obligó al desplazamiento forzado de comunidades de siete municipios que se quedaron sin agua para consumo humano y para sus actividades productivas.

Se sometería a consulta quitar la concesión a Grupo México

Acompañado por damnificados y activistas, solicitó que el Congreso realice la consulta en marzo de 2017 en los 72 municipios del estado. Explicó que en la consulta se decidiría quitar la concesión de la mina de Cananea al Grupo México, moderar su crecimiento e imponer protocolos de seguridad y atención a las víctimas por el derrame.

Adelantó que a finales de este año llegará a Sonora una misión internacional de observadores integrada por activistas de derechos humanos, ambientalistas y activistas sociales para vigilar la organización de ese ejercicio de participación ciudadana.

Solalinde advirtió que si el resultado de la consulta ciudadana es quitar la concesión a Grupo México, interpondrán denuncias contra el consorcio ante la Corte Penal Internacional, para que se juzgue a los directivos de la empresa y a las autoridades. En caso contrario, únicamente exigirá el pago de daños a los perjudicados.

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/22/estados/028n3est