Organización canadiense se opone a minera Almaden en Ixtacamaxtitlán

  • Édgar Joaquín Barrios Reyna
  • Ixtacamaxtitlán, Pue.- Al tiempo en que habitantes de este municipio externaron su enojo por el incumplimiento de la promesa hecha por el alcalde Eliazar Hernández Arroyo de declarar este territorio como libre de proyectos mineros, reiteraron su rechazo al proyecto minero impulsado por la canadiense Almaden Minerals y anunciaron una serie de medidas para continuar con su proyecto de oposición.

Así, luego de que el munícipe anunció que no cumplirá con el acuerdo tomado hace dos meses, en el encuentro – con representantes de varias comunidades – en la que se comprometió a celebrar una reunión de cabildo pública para hacer esta declaratoria de Ixtacamaxtitlán como municipio libre de proyectos mineros y reducir su promesa a no autorizar el cambio de uso de suelo o construcción, la población y la Red Mexicana de Afectados por la Minería iniciaron acciones, como la organización del foro sobre los Mitos de la minería canadiense.

Así, la Unión de Ejidos y comunidades Atcolhua, se organiza para continuar sus acciones para proteger y exigir sus derechos al agua, al medio ambiente sano y a la salud, amenazados por la presencia del proyecto minero de la canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán y continuar con el proceso de exigibilidad de sus derechos, ante – lo que consideran – una agresión de que están siendo objeto por parte la empresa canadiense y autoridades de los tres niveles de gobierno, según externaron.

Debe recordarse que, los resultados obtenidos de la Evaluación del impacto en los derechos humanos (EIDH) del proyecto minero que la canadiense Almaden Minerals está llevando a cabo en el municipio de Ixtacamaxtitlán,  realizada por la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC y la organización PODER, arrojan elementos para sostener que compite con la población de Ixtacamaxtitlán por la tierra y el agua, lo que pone en riesgo la subsistencia de las familias que viven en el área donde se pretende imponer el proyecto minero.

Con el fin de que las autoridades mexicanas asuman su obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos y el bienestar de la población, los resultados obtenidos de la EIDH fueron entregados y explicados a diversas autoridades federales, estatales y municipales, entre las que se encuentra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Presidente Municipal de Ixtacamaxtitlán.

“Sin embargo, autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno, han mostrado total desinterés en corroborar las afectaciones a derechos humanos ampliamente documentadas en la EIDH-, argumentando falta de recursos humanos, financieros y técnicos, eludiendo así el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales” se quejaron.

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Pobladores de las comunidades afectadas y de las organizaciones participantes en la investigación, expresaron que al omitir sus responsabilidades y facilitar a la empresa realizar actividades extractivas que resultan en violaciones a la normatividad y a los derechos humanos, las autoridades violentan el estado de derecho y favorecen condiciones para que se agudice el conflicto social en las comunidades.

Debido a dicha situación, pobladores de Ixtacamaxtitlán reforzarán sus acciones en defensa de la vida y sus derechos realizando un Foro –Asamblea – el próximo domingo 27 de noviembre – en la cancha de la cabecera municipal, en la que contarán con la participación de integrantes de la organización civil canadiense Mining Watch Canada y de la REMA.

De esta forma autoridades municipales y la población afectada por la exploración que ya está realizando Almaden Minerlas, podrán escuchar testimonios de ciudadanos canadienses sobre los daños y problemas que generan las empresas mineras de dicho país. Las comunidades exigen a las autoridades cumplir con su obligación antes de que se genere un conflicto social que iría más allá del municipio ya que Almaden posee el 72 por ciento de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía ha otorgado en la Sierra Norte de Puebla.

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