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Comienza la guerra por el agua

 

Empresas de la industria energética y mineras mantienen con comunidades y pueblos indígenas casi mil disputas por el derecho al agua a lo largo del territorio nacional.

La guerra por el agua ya comenzó. A la fecha existen al menos 916 conflictos sociales en todo el país que se han generado a partir de la disputa de las reservas hídricas entre grupos poblacionales y empresas con proyectos de desarrollo económico en los ámbitos de la minería, la agroindustria, los hidrocarburos, la generación de energía y la urbanización.

Una de las causas de la disputa por el vital líquido en México tiene su origen en que “prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy particulares”, debido a que se fomenta la sobreexplotación y contaminación del agua, otorgando miles de concesiones a industrias extractivas, a las que se les permite contaminar y apropiarse de pozos o afluentes.

Lo anterior forma parte del “Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017”, elaborado por 101 organizaciones civiles, comunidades y colectivos con motivo de la visita oficial a México de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, realizado en mayo del año pasado.

En dicho informe se plasma lo que desde hace años es una realidad en nuestro país: que las industrias de desarrollo han comenzado a despojar a comunidades enteras de su derecho al agua, lo que ha arreciado a partir de la reforma en materia energética, que promovió el gobierno federal en 2013, y sus leyes secundarias decretadas en el 2014.

En el espíritu de dichas reformas se establece que las actividades de exploración y explotación del subsuelo –minería, petróleo y demás hidrocarburos- tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”.

Eso es lo que ha motivado a miles de empresas, principalmente del sector primario, tanto estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), o privadas nacionales o trasnacionales, se hayan comenzado a apropiar del agua, dejando en segundo plano el suministro a otras actividades minoritarias como las de tipo agrícola, ganadera, comunitaria e incluso habitacional.

Cifras de la organización CartoCrítica, indican que en comunidades originarias de las entidades Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, se concentran casi el 75 por ciento de los conflictos generados en todo el país por la disputa del líquido con compañías dedicadas al sector minero.

Pero en lo que se refiere a las cuencas hidrológicas, las que se encuentran más explotadas por este sector de desarrollo económico, son las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, de donde se extraen en promedio anual más de 328.4 millones de metros cúbicos de agua.

El agua que aportan las cuencas de estos afluentes para el sostenimiento de la actividad minera durante un año es el equivalente al que podrían utilizar en conjunto durante casi 50 años las poblaciones actuales de las zonas urbanas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y representa también casi el 0.07 por ciento de toda la reserva de agua dulce renovable con la que cuenta el país.

De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su más reciente informe sobre “Estadísticas del Agua en México 2016”, para el uso de la industria autoabastecida se destinan 634 mil 700 metros cúbicos de agua al año, mientras que para la operación de termoeléctricas se han concesionado 414 mil 900 metros cúbicos de agua por año.

 

Comunidades vs. empresas

De todos los sectores industriales que actualmente se disputan el agua con los pobladores de diversas regiones, el de la minería es el que más agua consume para sostener su actividad productiva, lo que ha llevado a la movilización constante de organizaciones civiles a fin de revertir la norma de distribución.

Sin embargo, dicha protesta no ha surtido ningún efecto, salvo el que termina con pobladores reclamantes del agua en conflicto con la ley, como es el caso de Cuetzalan, en la zona norte del estado de Puebla, en donde un grupo de activistas que se oponen a la operación de cuatro proyectos hídricos de la CFE actualmente cuentan con orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Lo mismo sucede en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, en donde un grupo de ejidatarios se encuentran bajo proceso penal desde el 2015, a causa del reclamo de devolución de 28 pozos que el corporativo minero Gold Corp y Fresnillo PLC se apropiaron para mantener la operatividad de la mina Peñasquito.

Los conflictos con la justicia surgidos por el reclamo del agua no son exclusivos de las empresas mineras; en el municipio de Saltillo, la empresa Aguas de Saltillo mantiene un proceso judicial en el Tribunal Agrario con sede en Monterrey, Nuevo León, a causa de que los habitantes del Ejido Jagüey de Ferniza fueron despojados de cuatro pozos, los que se privatizaron y ahora son utilizados para vender el agua al gobierno local para el suministro a la población.

Otro caso de despojo de agua, que mantiene vigente una disputa, es el que se registra en el ejido Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, Morelos, en donde la CFE sustrae el líquido desde los afluentes Los Sabinos y Agua Hedionda a fin de suministrar una termoeléctrica que ya opera, así como el área de pruebas de una segunda planta que entrará en operación este mismo año.

 

Industria sedienta

Datos pertenecientes al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) publicados por la Conagua con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 detallan que durante el año pasado se extrajeron 269.4 mil millones de metros cúbicos de agua superficial y subterránea concesionada alrededor de todo el país.

Del universo de agua concesionada, el 68 por ciento fue destinada a la generación de energía eléctrica, pues para esta única actividad se emplearon 183.4 mil millones de metros cúbicos del líquido; mientras que otros 58 mil millones de metros cúbicos fueron utilizados en la industria agrícola.

A pesar de que la Conagua no informa de manera puntual la cantidad de agua concesionada empleada en el ramo de la minería, asegura que en el sector industrial a nivel general se otorgó el permiso para que se extrajeran 6.4 mil millones de metros cúbicos de líquido.

En el REPDA también se informa que durante ese año el número de inscripciones por derechos de aguas nacionales llegó a los 408 mil 832 al término del 2017, de las cuales los sectores de la generación de energía eléctrica solo acaparó 133 títulos y 148 anexos.

Es decir, que por cada título y anexo en promedio se extrajeron más de 22.9 millones de metros cúbicos de agua; siendo la industria más sedienta de todas, con respecto al número de títulos que posee. En el sector industrial, hubo 13 mil 662 títulos y anexos cada uno extrajo en promedio 471 mil 510 metros cúbicos de agua.

Fuente: https://www.reporteindigo.com/reporte/comienza-guerra-agua-conflictos-comunidades-empresas-violacion-derecho-humano/Reporte Índigo 

Comienza la guerra por el agua

 

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