El breve pero sustancioso comunicado sobre la actividad minera en Zacatecas dado a conocer el pasado viernes por la organización Rema (Red Mexicana de Afectados por la Minería) saca a colación una vez más el tema de un rubro productivo que deja ganancias colosales para las empresas que incursionan en él, pero acarrea diversos –y no pequeños– problemas para las comunidades y el entorno cercano a las minas.

El documento en cuestión se circunscribe a la industria extractiva de la entidad mencionada, pero sus señalamientos bien pueden aplicarse a otros estados donde la minería tiene especial relevancia, como Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí o Guanajuato.

Reconocido el aporte de esa industria para el desarrollo económico del país, así como su importancia en tanto fuente de empleos (aunque generalmente mal pagados, con escasa cobertura social, poca higiene y menos seguridad), tiene también un reverso preocupante. A la contaminación del medio ambiente por el uso intensivo de sustancias químicas nocivas, la destrucción de suelos y el exterminio de mantos acuíferos, se le suman sus inevitables consecuencias: daños a la salud, debilitamiento de la organización social comunitaria y un largo rosario de conflictos que involucran a pobladores de las zonas donde las empresas mineras ejercen las concesiones que recibieron de parte del Gobierno.

Algunos de esos conflictos han sido canalizados por la vía legal y se encuentran en distintas etapas de proceso; otros se manifiestan en tensiones, bloqueos y enfrentamientos entre quienes se sienten damnificados por la actividad minera, cuerpos de seguridad de las empresas y no pocas veces autoridades policiacas que protegen a estas. El lado oscuro de la industria, sin embargo, suele omitirse en las estadísticas económicas oficiales, que prefieren enfatizar su aporte al producto interno bruto, su capacidad para generar divisas y sus posibilidades para la inversión, pasando por alto las penurias que afectan a los trabajadores mineros y a sus familias, así como los daños sociales y medioambientales que el modelo extractivo provoca.

 

 

 

 

A pesar de la larguísima historia de la minería en México, fueron las disposiciones normativas (reformas constitucionales incluidas) iniciadas en los años 90 del siglo pasado, las que abrieron de par en par las puertas de esa industria al capital foráneo, dispusieron exenciones fiscales para las grandes empresas y concesionaron en favor de las mismas vastas extensiones del suelo nacional (según la Dirección Nacional de Minas, por ejemplo, tan sólo los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón otorgaron a esas empresas 52 millones de hectáreas, o lo que es lo mismo, 26 por ciento del territorio nacional).

El texto de la Rema describe a la industria minera con una paradoja: riqueza que empobrece, la llama. No se trata de una exageración si se toman en cuenta las periódicas denuncias que, desde los estados donde la minería sienta sus reales, dan cuenta de las ingentes ganancias percibidas por los dueños de las compañías extractoras y de las difíciles condiciones en que viven los mineros y los habitantes de sus inmediaciones.

 

ALAMPYME

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