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Los megaproyectos y el inalterable discurso indigenista

 

Giovanna Gasparello, Investigadora, DEAS-INAH

Recorrer y revivir la memoria del camino andado es un ejercicio siempre importante, que frecuentemente nos proporciona elementos inigualables para actuar en el presente. Con el afán de andar hacia atrás la historia y las historias buscando el origen y el porqué de los procesos sociales que marcaron nuestro país, desempolvé para una investigación en curso unas preciosas grabaciones realizadas durante las asambleas que, entre 1990 y 1991, congregaron a representantes y delegados del Consejo de los Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB), constituido por 22 comunidades que enfrentaron la construcción de una gran presa sobre el río Balsas en territorio guerrerense: el Proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo.

La lucha del CPNAB fue pionera en muchos sentidos: en primer lugar, se constituyó como una organización regional, con base territorial y reivindicando, antes del torbellino zapatista, la identidad indígena como una herramienta de lucha política para defender territorio y cultura propia. El CPNAB fue la primera organización en utilizar la que todavía es una de las herramientas jurídicas más importantes para la defensa de los territorios indígenas: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México a mediados de 1990, justo mientras se gestaba la coalición regional en el Alto Balsas, y apelar a la herramienta del derecho a la consulta que el documento establece. Finalmente, después de décadas de megaproyectos impuestos al son de desalojos y reubicaciones masivas porque “con el gobierno no te puedes meter”, los nahuas guerrerenses utilizaron de manera creativa la lucha legal, las movilizaciones masivas y la tradición artística local y lograron, de manera inédita, ganar su lucha en tan solo dos años: el 13 de noviembre de 1992, un día después de la gran marcha que celebraba los “500 Años de Resistencia Negra, Indígena y Popular”, el entonces presidente Salinas notificaba la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico.

La rememoración de los aciertos de esta primera lucha indígena para la defensa del territorio se hace más que oportuna en estos tiempos de megaproyectos de Estado, que se traslapan y traspasan entre un gobierno y otro, consultados y ocultados, pero que, como en el juego de las tres cartas, nunca desaparecen y vuelven a entrar por la ventana cuando menos te lo espera (véase el proyecto del Corredor Transístmico y recuerden el impopular Plan Puebla Panamá de la era Fox: cualquier parecido… no es nada casual).

Pero en el umbral de la Cuarta Transformación, el affaire San Juan Tetelcingo nos permite también remembrar sobre la permanencia de ciertas ideologías fundantes del Estado mexicano, inalterables frente a la sucesión de distintos membretes en el gobierno: entre ellas, el indigenismo como política pública y narrativa del poder. Las grabaciones del recién fallecido Sergio Canales, que el programa Del Campo a la Ciudad difundía a través de Radio Educación, nos ofrecen “de viva voz” las intervenciones de las autoridades federales –en ese caso, la CFE y el INI- frente a asambleas que congregaban autoridades comunitarias y municipales de una vasta región del centro de Guerrero.

La narrativa dominante en el discurso del destacado antropólogo Arturo Warman, en ese entonces Director General del INI, en nada difiere de aquella utilizada treinta años después en los documentos y videos institucionales que promocionan el Tren Maya: una vez más, los megaproyectos serían necesarios para sacar a los indígenas del atraso y de la pobreza (como si ésta fuera una culpa de los mismos pueblos), y permitir a los territorios donde éstos viven entrar en el mundo del desarrollo y del progreso. Según Warman, objetivo de la presa era “permitir el crecimiento económico de esta sociedad” por lo cual “el desarrollo también llegará a esta región, si ustedes lo permiten”. El trabajo de la CFE, orientado a “dotar de energía eléctrica a los mexicanos”, representaría una “labor nacional orientada al progreso”, y por ende la defensa del territorio, fuente de vida para 35mil personas, resultaba ser una acción que se oponía al desarrollo nacional (asamblea, Xalitla, 2 de marzo de 1991).

En la misma tónica, el Tren Maya “es un acto de justicia porque ha sido la región del país más abandonada”, nos dijo AMLO en Palenque el 16 de diciembre de este año, durante la escenificación de un ritual indígena que buscaba legitimar “el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible” (www.lopezobrador.org) .

Otra constante es la acusación de ignorancia (lastre del más rancio indigenismo desarrollista) y desinformación hacia los pueblos indígenas y quienes apoyan sus luchas, razón única de la cual dependería, en la narrativa del poder, su oposición a los megaproyectos -fuente de prosperidad y progreso-. Hace pocas semanas que el titular del ejecutivo tachó a cientos de académicos y organizaciones “abajo firmantes” en un pronunciamiento crítico al ferrocarril peninsular de ser desinformados. Sin embargo, el manejo discrecional y parcial de la desinformación siempre ha sido, más bien, una estrategia institucional. En las asambleas convocadas por el Consejo de los Pueblos Nahuas del Alto Balsas sus representantes pedían repetidamente a la Comisión Federal de Electricidad poder conocer en sus detalles el proyecto de la presa; sistemáticamente, los comisionados de la dependencia afirmaban no estar facultados para proporcionar información, o bien, que el proyecto no estaba aprobado, y que existían solamente “borradores”, argumento insostenible mientras en el territorio ya avanzaban los trabajos de construcción de la cortina. Los ingenieros, convencidos de la ineluctabilidad del progreso y la ineptitud política de los indígenas, consideraban información relevante sólo aquella relativa a los planes del inevitable reacomodo, pues cínicamente declaraban: “cuando tengamos los paquetes de ofrecimiento de dinero a cambio de sus tierras, sus escuelas, sus casas, sus cementerios, se lo haremos saber” (Tlalcozautitlan, 17 noviembre 1990). En esa ocasión los nahuas, exasperados, les contestaron a tono: “los pueblos que están presentes ya ni los estudios aceptan. Estamos en contra de esta presa, de cualquier estudio y de todas sus mentiras”.

Hoy día el manejo de la información es tergiversado también en exceso: en el mes de noviembre, nos bombardearon de videos, comics, folletos y panfletos promocionales del Tren Maya por doquier; sin embargo, se enterró la primera piedra de la obra sin contar aún con la información fundamental, esto es, estudios de impacto serios y neutrales y los resultados de una regular consulta a la población indígena interesada.

La cereza en el pastel del redivivo indigenismo reside en el discurso institucional que pide “fe” en la actuación de las autoridades: “ustedes tienen que creer y confiar en que no hay intención de perjudicarlos. Deben considerar que lo que nosotros decimos es tan sincero y tan profundo como lo que dicen ustedes”, pedía Warman en Xalitla, el 2 de marzo de 1991; mostrando notable cinismo, ya que su intervención seguía la citada participación de la CFE sobre los “borradores”. Parece ser que, en tiempos tan materialistas como los que vivimos hoy día, el “gobierno del cambio” marcó su diferencia apelando a la sensibilidad mística y religiosa de los mexicanos: en lugar de presentar planes de gobierno claros, nos ruegan una y otra vez tener fe, que no nos van a fallar. Y cuando nos metemos en el terreno indígena, tal vez por la marcada espiritualidad que se reconoce en los pueblos originarios, los llamados a la fe se multiplican: Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pide “confianza en la institución” (14 de diciembre de 2018), mientras que un integrante de su equipo, refiriéndose a la necesaria consulta previa, libre e informada que requiere el proyecto del tren, afirma –émulo de Warman- que a los pueblos indígenas hay que darle “toda la información que los deje tranquilos”, porque cuando se dice que la consulta tiene que ser “de buena fe” se refiere “justamente a crear un ambiente de confianza para que le crean a la gente, que van de buena fe a hacer algo que va a ser benéfico” (AnimalPolitico, 26 de noviembre 2018). Es decir que los funcionarios, objeto de ciega fe, ya decidieron lo que va a ser benéfico y a los demás no le queda más que creerle; en esta tónica, la multicitada consulta no servirá más que a “quedarse tranquilos”, siempre que no se declare con carácter vinculante, también en el caso de tener éxito negativo.

En lo personal, he perdido la fe en esperar a un gobierno que, en lugar de pregonar “desarrollo y progreso” como si fuéramos en los tiempos del New Deal, tome conciencia de los necesarios límites a la construcción de infraestructuras y al aprovechamiento de los recursos –naturales, culturales, paisajísticos, energéticos- que son finitos, y que no es posible seguir promoviendo el consumo desenfrenado de lo que aún queda, sino definir lo que no se puede consumir, visitar, explotar de manera masiva.

Entre los cerros áridos del Alto Balsas, entre el arte visionario de sus amateros –pintores sobre amate- y alfareros, en las palabras duras de las mujeres y hombres que no dejaron su tierra, pues “de nikan para tech kixtiske, xtopa tech miktizte” (de aquí para sacarnos, primero tendrán que matarnos, era el lema del CPNAB) se sigue percibiendo la dignidad que es fruto de la tierra viva y vivida, ejemplo de una lucha exitosa cuya memoria mucho puede aportar a las de hoy.

http://ojarasca.jornada.com.mx/2019/01/11/los-megaproyectos-y-el-inalterable-discurso-indigenista-7560.html

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