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Comuneros de Salazar

 

Jaime Quintana Guerrero
Eran las 2:00 de la mañana del 31 de agosto de 2017, “cuando empezamos a oír fuertes golpes en la puerta que daba a la calle; ellos gritaban: “abran hijos de su puta m…”, “se los va a cargar la chin…”, narra el esposo de Beatriz Pérez, nos dijeron que no hiciéramos nada porque nos iban a matar. Fue cuando elementos de diferentes policías y elementos del Secretaría de la Defensa Nacional se llevaron a su esposa.

La tía de Daneyra y Yuriko Becerril Villavicencio vio desde la ventana como los encapuchados entraron y se llevaron a sus sobrinas. “Escuché como azotaban el portón, entraron los policías rompiendo ventanas y puertas de la casa de mi cuñada, las obligaron hincarse con groserías, las encañonaron y preguntaban, “Dónde tienen a ese hijo de su puta m…”, ellas espantadas preguntaron a quién se referían, ignoraban qué estaba sucediendo. Daneyra fue obligada a salir semidesnuda, con sus dos hijas, y después se la llevaron. Yuriko, salió con su bebé de dos años, se lo quitaron, lo dejaron en la puerta y también se la llevaron.

Fabiola Vilchis Rojas y Gustavo Vilchis Rojas son hijos de Cutberto Vilchis García, cuentan que un comando de cinco autos y tres camionetas particulares llegó a su casa con unos 30 elementos encapuchados vestidos de negro y fuertemente armados. Intentaron romper la puerta y candados, no pudieron y realizaron dos disparos al candado, al no poder entrar por ahí subieron al techo de la casa de un vecino, llegaron por arriba a nuestra casa, realizaron más disparos y ahora sí lograron entrar.

Su padre despertó, había escuchado todo y se levantó a mirar por la ventana del baño que da a la calle descubriendo que su casa estaba rodeada de personas encapuchadas y armadas que desde afuera le empezaron a insultar y a ordenar que no se moviera de ahí, que ya se lo había cargado la chingada. Narra que entraron por varios lados y se llevaron a su padre.

Son algunos testimonios de familiares de la comunidad de Salazar, municipio de Lerma de Villada, cuando un operativo de cerca de mil elementos de la policías Ministerial de la Fiscalía, de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Policía Federal y miembros del Ejército allanaron casas. Golpeados y humillados comuneros y comuneras, en completa impunidad, ni derechos humanos y medios de comunicación atestiguaron estos hechos, cinco hombres y tres mujeres de la comunidad fueron el objetivó de dicha operación policiaca.

La intervención de la policía mexiquense y mandos federales fue un castigo ejemplar y un mensaje a quienes luchan en el estado de México; la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se pronunció, un silencio guardó la represión, ya que cobijados en la impunidad y las leyes a modo han desarrollado una mafia que mantiene el control en varias zonas del estado, nacido del régimen del PRI, del grupo de Atlacomulco.

La comunidad de Salazar es rica en bienes naturales, su agua, bosque y aire limpio son codiciados por políticos, empresarios y artistas para instalar sus casas de campo. La comunidad es codiciada porque se halla en medio de una zona empresarial, entre Toluca y la Ciudad de México, y a minutos de la zona comercial de Santa Fe.

Aprovechándose de un conflicto agrario por más de 217 hectáreas, entre Salazar y la comunidad agraria de San Mateo Atarasquillo; particulares, contando con el apoyo federal, estatal y municipal, han visto una grieta para despojar a comuneros de su territorio. En 2014 el Tribunal Unitario Agrario del noveno distrito emitió una resolución en favor de Atarasquillo (que luego fue impugnada por Salazar). Se acusa a los comuneros de impedir, el 30 de septiembre de 2016, que un grupo de personas que no pertenecen a la comunidad ocupara un predio de Salazar vendido por habitantes de un pueblo vecino a otras personas.

Ahí existe hoy un rancho de Carlos Slim, otro de Emilio Azcárraga, uno del dueño de La Costeña, otro del ex senador Pablo Escudero, también Alfredo Elías Ayub, ex director de la CFE; del hijo de Manuel Bartlett Díaz –León Manuel Bartlett Álvarez– y de artistas como Vicente Fernández Jr., que aprovecharon el conflicto para despojar a los campesinos de sus tierras.

Beatriz Pérez Flores de 46 años, vivía de un pequeño negocio de venta de alimentos, sigue presa. Las hermanas Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, de 31 años, y Yuriko Becerril Villavicencio, de 30 años, se dedicaban al hogar, cada una tiene dos hijos menores. Yuriko es madre soltera y para sobrevivir vendía comida en la puerta de su casa; en ambas detenciones sus hijos sufrieron agresiones de los policías cuándo aprehendían a sus madres, quienes siguen presas.

Cutberto Vilchis García, de 72 años, es el representante de bienes comunales de Salazar, quien previo a la detención había recibido intentos de soborno para que desistiera del juicio agrario. De igual manera recibió amenazas para inculparlo de diferentes y falsos delitos e incluso de muerte. Para mantener a su familia se dedicaba atender una miscelánea, además de sus labores del campo; es diabético, hipertenso y tiene severamente lastimada una rodilla. Se encuentra en prisión domiciliaria.

Miguel Ángel Vilchis García, de 56 años, bibliotecario en la comunidad desde hace más de 20 años y quien ni siquiera se encontraba en los actos registrados el 30 de septiembre de 2016, cuando intentaban despojarle de su parcela, sigue preso. Miguel Ángel Vilchis Zarza, de 24 años, es obrero, padre de familia, y tampoco se encontraba ahí durante el suceso, fue liberado tras pagar 403 mil pesos. Fermín Esquivel Rojas, de 34 años, es obrero, padre de familia de tres menores, continúa preso. Francisco M. Ceballos Vargas, de 38 años, tiene dos hijos y se dedicaba a la albañilería, fue liberado tras pagar 403 mil pesos.

Declaraciones van y vienen y los inculpados siguen presos. El despojo avanza y las mentiras se siembran en un campo fértil para la impunidad. Los campesinos de Salazar siguen privados de su libertad junto con sus familiares. Libertad a comuneros y justicia a sus demandas. #Yo soy Salazar.

Defensor de derechos humanos y periodista

https://www.jornada.com.mx/2019/05/23/opinion/017a2pol   

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