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La corrupción institucionalizada ha contribuido en la crisis del agua en región centro de Zacatecas

 

La corrupción institucionalizada ha contribuido en la crisis del agua en región centro de Zacatecas

■ Hay tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales: Cindy McCulligh, posdoctorante en la UAZ

La corrupción institucionalizada, como conjunto de prácticas gubernamentales, ha contribuido a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas, tales como la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios “en el papel” de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.

Así lo afirmó Cindy McCulligh, posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien manifestó que en el estado se subordinan las consideraciones de sustentabilidad ecológica y social a la prioridad del Estado neoliberal de atraer y retener la inversión privada y extranjera, en particular en la industria, la agricultura y la minería.

Precisó que el concepto de “corrupción institucionalizada” no se refiere a los actos individuales de corrupción por parte de autoridades del agua o medio ambiente, sino más bien a un patrón continuo de “sesgos en la generación y aplicación de las normas ambientales que favorecen el interés privado sobre el bien común”, lo que implica eludir las regulaciones ambientales para proveer a los capitales extractivos el acceso a los recursos escasos, incluyendo el agua.

En ese sentido, subrayó “la discrepancia existente entre la idea de un Estado democrático que vela por el bien común al tratar de procurar un equilibrio entre objetivos económicos y ambientales contrapuestos y la de un Estado neoliberal depredador que tiende a operar a favor de los intereses de corto plazo de corporaciones y empresas individuales que emplean grandes cantidades de agua en sus actividades extractivas, industriales y agrícolas”.

Explicó que la transmisión parcial de las concesiones de agua, una de las prácticas de corrupción institucionalizada, tiene que ver con la multiplicación de las concesiones de agua existentes mediante la práctica de las transmisiones parciales de títulos (Ley de Aguas Nacionales).

McCulligh expuso que desde los 1960 se han emitido diferentes decretos que instituyen zonas de veda para restringir los derechos de perforación de nuevos pozos en Zacatecas, y existe algún tipo de restricción para todos los municipios del estado. En los hechos, sin embargo, esto ha llevado al fraccionamiento y, por lo tanto, a la multiplicación de las concesiones de agua existentes.

La primera práctica de corrupción institucional, dijo, es el bajo nivel de inspección y vigilancia. Debido a que los cálculos de la extracción se basan en datos de las concesiones, la falta de supervisión e inspección implica que las verdaderas tasas de sobreexplotación con probabilidad exceden lo que se estima.

En ese sentido, “la Conagua carece de capacidad de inspección en el nivel nacional, hecho que se evidencia en el número de inspectores y de las inspecciones realizadas comparado con el número de usuarios con una concesión para extraer aguas superficiales o subterráneas, o bien con un permiso para descargar a aguas nacionales o para ocupar una zona federal. El número total de concesiones y permisos registrados a escala nacional es cercano a medio millón (491 mil 362 en febrero de 2016), y Conagua cuenta con alrededor de 180 inspectores. Con base en el promedio anual de inspecciones realizadas por la Conagua entre 2011 y 2015 (8 mil 337), se puede estimar que requeriría de 59 años para poder inspeccionar a cada usuario. Esto pone en perspectiva el tipo de vigilancia que puede movilizar la comisión”.

En consecuencia, señaló que hay una depredación del agua por parte de industriales y agricultores en los que destaca “la incapacidad, o la franca complicidad del Estado, para someter a esos grupos a alguna lógica de racionalidad no empresarial, buscando una cierta equidad o algún criterio de conservación a largo plazo”.

Asimismo, McCulligh refirió que otra práctica importante que funge para asegurar el agua para satisfacer intereses económicos involucra la manipulación o tergiversación de los datos acerca del estado y la cantidad del recurso hídrico. Un caso bastante claro proviene del norte de Zacatecas, donde las cifras oficiales de la recarga natural del acuífero Cedros se multiplicaron durante la etapa antes de la instalación de la mina Peñasquito, una enorme mina a cielo abierto de la compañía canadiense, Goldcorp, en el municipio de Mazapil.

En 2007, comentó que la Conagua dio a conocer un estudio de la disponibilidad del agua en el acuífero Cedros, en el que se afirma que la tasa de recarga natural es de 10.1 Mm3 /año, y que el volumen comprometido en concesiones es de 4.45 Mm3/año. Dos años después, la Conagua publicó información en el Diario Oficial de la Federación indicando que la recarga para el acuífero Cedros era de 54.4 Mm3 /año, ¡un aumento de 435 por ciento.

Actualmente, la mina Peñasquito, considerada la mina de oro más grande del país, cuenta con concesiones para 38 Mm3 / año de 60 pozos en el acuífero Cedros, así como otros 6 Mm3 /año del sobreexplotado acuífero Guadalupe Garzarón, según detalló en un artículo publicado en la revista Water Alternatives y Observatorio del Desarrollo.

Consideró entonces que es un caso de reciprocidad negativa entre la corporación y las comunidades locales, quienes han perdido su acceso a los recursos hídricos. En este caso, las autoridades del agua han incurrido tanto en “falsificar los estudios técnicos” como en realizar actos de omisión al permitir la continua extracción no sustentable del agua del acuífero.

McCulligh manifestó que la apuesta actual de las autoridades del estado es aumentar el abastecimiento a través de la construcción de la presa Milpillas, sobre el río del mismo nombre, al extremo occidente del estado en la cuenca del río Santiago, pero un trasvase de cuenca y una gran obra de infraestructura hidráulica no sólo no solucionarán los problemas que son de una magnitud importante, sino que no trastocan los patrones actuales de uso del agua en la región centro del estado.

“Minar agua subterránea para emprendimientos privados, sean agrícolas o industriales, se realiza actualmente con la anuencia de las autoridades, cuya aplicación de la regulación se inscribe en las prácticas de la corrupción institucionalizada. Mientras la corrupción institucionalizada permite que persistan los patrones no sustentables de explotación del agua en la región centro del estado, la crisis del agua se profundiza y se cristaliza en el conflicto naciente en torno a la presa Milpillas. Sin duda, la participación y la vigilancia ciudadanas serán clave para poder develar y romper las prácticas oficiales que solapan la sobreexplotación de los acuíferos en aras de garantizar actividades y ganancias privadas”, concluyó.

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