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El Estado Mexicano viola derechos de ejidatarios de Zacatecas que se oponen a la mineria

Publicado el 21 de septiembre 2019

Por Red Solidaria Década Contra la Impunidad

La violación por aquiescencia de derechos humanos, es responsabilidad para la compañía minera, en donde se deja en el limbo a las comunidades afectadas

A  los medios de información impresos, de radio y televisión

A las redes sociales

A organizaciones  defensoras de los derechos humanos

A las organizaciones defensoras de los derechos ambientales

A las organizaciones en defensa de la tierra y territorio

A las organizaciones sociales todas ellas, nacionales e internacionales

Al gobierno

A los habitantes de este planeta tierra

COMUNICADO

Los representantes ejidatarios del ejido de San Juan de los Cedros, municipio de Mazapil,  Zacatecas, manifestamos que después de sesenta días de negociaciones llevadas a cabo en la Secretaría de Gobernación, con la intervención del Subsecretario de Gobernación; Ricardo Peralta Saucedo, como mediador, entre la empresa Newmont Goldcorp y la representación de los ejidatarios de San Juan de Cedros,  propietarios de los terrenos ejidales en donde se asienta la mina Peñasquito, los representantes ejidales expresamos las demandas de la comunidad a la empresa, y manifestamos las consecuencias de la mina a cielo abierto como lo son; la contaminación ambiental, la afectación a la salud de las comunidades originarias, la pérdida del manantial y en consecuencia la escases del agua,  los abusos jurídicos por parte de la empresa Newmont Goldcorp, a la comunidad ejidal de San Juan de los Cedros, exhibimos el incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa, y el extractivismo. Pero en dichas negociaciones la empresa Newmont Goldcorp, no llegó a acuerdos  con la representación ejidal.

En vista de los resultados y de que la compañía hizo caso omiso de las demandas planteadas, la comunidad ejidal de San Juan de los Cedros en Asamblea General llevada a cabo el sábado 14 de septiembre del presente año, donde estuvimos presentes 350 de los 442 ejidatarios, de la comunidad de San Juan de Cedros,  por unanimidad acordamos tomar la mina, en defensa de nuestra tierra, territorio, medio ambiente, agua, salud y trabajo, en defensa de la integralidad de nuestros derechos.

En entrevista a Ricardo Peralta Saucedo, funcionario designado por la Secretaria de Gobernación Sra. Olga Sánchez Cordero, para mediar en las negociaciones, el funcionario informó al medio de comunicación; “Zacatecas en Imagen” que envío esta Secretaría un Oficio a Brian Berney, Gerente General y Vicepresidente de Newmont Goldcorp, del que el medio de difusión tiene una  copia, oficio SG200/366/2019, donde suscribe que;

“…el bloqueo transgrede los artículos 5 y 27, párrafo décimo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 57, fracción II de la Ley Minera…”

Los ejidatarios de San Juan de los Cedros, manifestamos públicamente que el  citado comunicado pasa alto el interés colectivo de los miembros de la comunidad de San Juan de los Cedros y Mazapil, ya que se ignoró la personalidad de la comunidad del ejido de San Juan de los Cedros, como lo suscribe el párrafo I, VI, entre otros de la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en relación con artículo 3[1] en relación con los artículos 1.1, 2, 21 y 25, derecho a la propiedad colectiva artículo 21 y derechos políticos artículo 23 en relación con los artículos 1.1 y 2, derecho a la protección judicial artículo 25 en relación con los artículos 13, 1.1 y 2 todos de la Convención Americana, asimismo el estado mexicano transgrede lo suscrito por el artículo 1; párrafo V, VI, del artículo  4 y 133 en relación al artículo  1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El estado mexicano ha violado el derecho que  tienen los ejidatarios de San Juan de los Cedros a defender su tierra, recursos, territorio y salvoguardar el agua, tesoro invaluable para la humanidad y medio ambiente,  de conformidad a lo suscrito en los artículos 10, 11, del Protocolo de San Salvador, en relación con los artículos 1.1, 2, 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

La Corte ha suscrito respecto de la protección del medio ambiente como causa de interés general, en el caso Salvador Chiriboga la Corte estableció que la finalidad en la protección del medio ambiente, mediante la creación de un parque metropolitano, era un objetivo legítimo en una sociedad democrática a fin de restringir el derecho a la propiedad, establecido en el artículo 21 de la Convención[2].

Por su parte, el Tribunal ha resaltado la importancia de la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, contenido en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”[3], como un derecho humano esencial relacionado con el derecho a la vida digna derivado del artículo 4 de la Convención a la luz del corpus iuris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de las comunidades indígenas “en relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma”[4]. Sin perjuicio de ello, como fue referido en el caso de la Comunidad Xákmok Kásek, el Tribunal determinó que “[…] el Estado deb[ía] adoptar las medidas necesarias para que [su legislación interna relativa a un área protegida] no [fuera] un obstáculo para la devolución de las tierras tradicionales a los miembros de la Comunidad”[5]

La comisión de violación a la Ley de Responsabilidad Ambiental, laboral, derecho agrario, derecho a que la comunidad sea informada, con transparencia, clara y oportuna de las consecuencias así como la afectación al medio ambiente y a la comunidad.

En el presente caso, el Estado en su contestación “recono[ció] que la consulta es un instrumento importante para asegurar un mayor apoyo de los pueblos y que estos se vean beneficiados por los procesos de desarrollo”, por lo que informó que, en la actualidad, Surinam está trabajando en la implementación de una comisión para el establecimiento de un protocolo que refleje el principio del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos (infra párr. 210). Asimismo, en sus alegatos finales escritos, el Estado señaló que el “principio del consentimiento libre, previo e informado [era] un requerimiento internacional al cual los Estados debían adherirse al momento de consultar a los pueblos indígenas y tribales. Ello significa[ba] que los Estados debían cumplir con los siguientes requisitos: respetar las tradiciones culturales de las comunidades, darles la oportunidad de ser representados por las personas u organizaciones que ellos elijan, informarles previamente respecto al tema [respectivo] en un lenguaje entendible. En resumen, ello significa[ba] que debía existir una estructura clara de consulta previa con las comunidades. El Estado de Surinam declaró estar aplicando este principio […]. Desarrollar regulaciones respecto de la consentimiento previo, libre e informada significaría una mejora y formalización de lo que ya ocurre en la práctica”.[6]

La violación por aquiescencia de derechos humanos, es responsabilidad para la compañía minera, en donde se deja en el limbo a las comunidades afectadas por la extracción de los minerales, dejando en cambio el agotamiento y contaminación de agua, depredación del medio ambiente, así como el desplazamiento de los habitantes, explotación del subsuelo. Con la promesa de liquidaciones irrisorias, aunado a que las comunidades no tienen participación en dichas actividades extractivas, que a la vuelta del tiempo una vez agotado el recurso de extracción se deja un panorama desolador, el desarrollo y progreso es efímero en cuanto se esté explotando la mina, pero una vez agotada no hay forma de revertir el daño sin responsabilidad para la empresa, el estado a la luz de los derechos humanos tiene responsabilidad convencional e internacional.

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana[7], la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño, comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado[8].

Fundamentados en lo anterior, exigimos al estado mexicano, garantice los derechos humanos de los ejidatarios de San Juan de los Cedros y sea garante de su lucha por sus tierras, territorio, agua, medio ambiente, salud y trabajo, y frene la actividad extractiva, contaminación, saqueo y explotación por parte de la empresa Newmont Goldcorp, que a cambio de despojarnos de nuestras tierras (cincuenta centavos por metro cuadrado, por un periodo de 30 años) nos ofreció trabajo mal pagado a unos cuantos habitantes y la promesa de contrato colectivo de prestación de servicio si con lo que nos pagó por la renta de nuestras tierras comprábamos camiones de carga, para el acarreo de materiales, incumpliendo este compromiso, bajo el argumento que los ejidatarios asociados pretendían monopolizar este servicio, otorgándole estos contratos a EPSA una empresa española. .

El estado mexicano está violando sus obligaciones convencionales, la Corte Interamericana ha suscrito que los Estados tienen el deber de procurar los medios y condiciones jurídicas en general necesarias para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido por sus titulares[9].

Exigimos se respete la integridad física y psicológica a los miembr@s, de la comunidad del ejido de San Juan de los Cedros, Zacatecas, somos defensores de la tierra y territorios, en lucha por la recuperación de nuestro territorio y medio ambiente, y por el respeto de la madre tierra.

¡La tierra se ama y se recupera!

Atentamente

Ejidatarios de San Juan de los Cedros

Responsable: Felipe Pinedo Hernández

Ejido de los La Cedros, Municipio de Mazapil, Zacatecas a    de septiembre de 2019

[1] Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Capitulo II – Derechos Civiles y Políticos Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

[2] Cfr. Caso Salvador Chiriboga vs Ecuador, Excepción preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr.76.

[3] El artículo 11 de dicho instrumento estipula que: “1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básico; y 2. […] Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. Surinam ratificó el Protocolo de San Salvador el 28 de febrero de 1990. El Protocolo entró en vigencia internacional el 16 de noviembre de 1999.

[4] Cfr. Caso Comunidad indígena Yakye Axa supra, párr. 163, y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra, párr. 187.

[5] Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra, párr. 313.

[6] Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, Sentencia de 25 de noviembre de 2015, (Fondo, Reparaciones y Costas), par. 204

[7] El artículo 63.1 de la Convención Americana establece que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho 314 El artículo 63.1 de la Convención Americana establece que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

[8] Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25, y Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, supra, párr. 313.

[9] Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 75, párr. 189. https://kaosenlared.net/el-estado-mexicano-viola-derechos-de-ejidatarios-de-zacatecas-que-se-oponen-a-la-mineria/

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