The requested block type of 'navigation' does not exist or is disabled.

The requested block type of 'sab-icons' does not exist or is disabled.

Emboscada a caravana de paz en Copala: una década de impunidad

abril 27, 2020

Autor: Érika Ramírez @erika_contra Compartir

A una década de perpetrarse la emboscada en contra de una caravana de paz que viajaba al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, aún no se consigue restablecer la paz en la región de la mixteca oaxaqueña.

La embestida, cometida por un grupo paramilitar vinculado al Partido Revolucionario Institucional en ese estado, cobró la vida de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés. Los crímenes, ejecutados con armas AK-47 o cuerno de chivo, permanecen en la impunidad.

Ese 27 de abril de 2010, un grupo de organizaciones civiles y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se dirigían a San Juan Copala (cercado y violentado desde meses atrás) con la finalidad de introducir víveres y medicamentos para los indígenas triquis que sobrevivían en el lugar, luego de ser atacados en varias ocasiones por los grupos que se oponían a su declaración de autonomía. La caravana fue cubierta por medios de comunicación.

Además del asesinato de los defensores, hubo más de una veintena de heridos y los reporteros de Contralínea, David Cilia y Érika Ramírez, permanecieron desaparecidos por más de 72 horas en la serranía, acompañados de David Venegas y Noé Bautista, entonces integrantes de la organización social Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad.

Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño y defensor de derechos humanos, dice que a una década del ataque se analiza subir el caso a instancias internacionales, pues no hay garantías por parte del Estado mexicano para su resolución.

En entrevista, el líder nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) expone que han dejado “de insistir con el gobierno de Oaxaca porque no hay condiciones. No hay manera de poder llevar a la justicia a esta gente (implicada en el ataque). Aunque hay detenidos, el gobierno de Alejandro Murat ha ido liberando a algunos a partir de todo un esquema de colaboración que se tuvo con el gobierno federal, entonces a cargo de Enrique Peña Nieto”.

Acusa que la administración de Murat “no ha logrado una sentencia condenatoria en contra de esta gente. Ni siquiera llegamos hasta ese punto. Nosotros exigimos un mecanismo de protección para que los testigos presentaran su acusación, pero nunca, ningún gobierno, ni los pasados ni los de ahora, pudieron brindarles ese apoyo. La mayor parte de las denuncias recayó en nosotros, como familia, y con la solidaridad de los abogados, en eso ha quedado”.

Agrega que “es un fracaso el tema de las instituciones de justicia en el país. Al final, se perpetúa la impunidad y promueve que se repitan y se repliquen los ciclos de violencia hacia la gente, hacia los pueblos. ¿Qué mensaje manda el Estado mexicano manteniendo un caso como el de Bety y Jyri, con toda la presión internacional, con los pronunciamientos y la exigencia de justicia sin cumplir, sino todo lo contrario?”

Acusa que tres de los siete detenidos implicados están libres, entre ellos Rufino Juárez, identificado como el líder paramilitar que dio la orden de ataque a la caravana. “Al final, lo que se aprecia es que el tema de justicia es un gran fracaso en este país”.

Amenazas continuas

Luego del asesinato de su esposa, Esparza Zárate ha vivido en constante amenaza. Relata que en 2010 tuvo que salir del país, apoyado por integrantes de La Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Para 2015, volvió a huir de México, junto con su familia, tras momentos de acoso, vigilancia y hostigamiento en su contra.

Acusa que hace 3 años, la entonces Procuraduría General de la República reservó tres tipos de averiguaciones que se llevaban por de carácter federal por: “el tipo de armas utilizadas, por los delitos de delincuencia organizada, incluso por la tipificación de grupo paramilitar. Ninguna de esas tres averiguaciones concretó porque las mandaron a reserva sin decirnos el porqué”.

Actualmente, comenta, se mantiene abierto un diálogo con la embajada de Finlandia, y “hemos expuesto el porqué no hay ya condiciones en el país para poder seguir insistiendo. Además, desde que llegó la actual administración, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de hoy, hemos pedido una reunión con la Secretaría de Gobernación para tratar el temas de las medidas cautelares, situaciones de riesgo, el mismo caso. Buscamos una reunión con Alejandro Encinas y no hay absolutamente nada”.

Y advierte, “poner en libertad a los implicados en el asesinato de Bety Cariño nos pone en riesgo, no creo que esta gente que salga esté contenta de los años estuvieron en la cárcel”.

A 10 años del asesinato de Bety y Jyri, el líder de MAIZ el compromiso de los defensores de derechos humanos: “no sólo ha sido el sufrimiento de su pérdida, sino también el ejemplo de su compromiso con la vida, con la gente más pobre, la que es más golpeada todos los días por toda las situaciones que vivimos en el país”.

Leave a reply

Suscríbete a la lista de información sobre minería:

¿Quieres recibir las notas de prensa e información sobre el tema de minería en México?
Escribe a: inforema.mexico@gmail.com y te daremos de alta en nuestra lista de información.

Creative Commos, 3.5 No derivadas. Red Mexicana de Afectados por la Minera. 2010-2013

contador de visitas