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NO AL REORDENAMIENTO DEL TREN MAYA / 277

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

Comunidad Cuauhtémoc Cárdenas, Palenque, Chiapas. Foto: Hermann Bellinghausen

Comunidad Cuauhtémoc Cárdenas, Palenque, Chiapas. Foto: Hermann Bellinghausen

LOS PUEBLOS INDÍGENAS LO DETENDRÁN, ADVIERTE CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA DEL CNI

Los pueblos indígenas frenarán la pesadilla” del Tren Maya, advierte el abogado Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), en el marco del inicio de los trabajos de este megaproyecto planeado por el gobierno federal en cinco entidades del sur del país: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Lo que pase en la Península, señala, “no es un asunto sólo de los pueblos mayas, sino de todos los pueblos indígenas de México y de la humanidad entera”. Por eso, indica, las comunidades que conforman la red del CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya se han pronunciado y apoyarán la lucha contra este proyecto.

En una amplia explicación ofrecida durante el foro “Un tren contra los pueblos mayas”, organizado por la Red Universitaria Anticapitalista y trasmitido por Internet, González García, especialista en derecho agrario, señaló que el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces, llamado Fibra Tren Maya, anunciado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para financiar las estaciones del tren, implica un proceso acelerado de privatización de las tierras ejidales y comunales, piedra angular del neoliberalismo en México.

¿Qué está proponiendo Fonatur para que los indígenas y campesinos se integren al proyecto? “Un fideicomiso al cual las comunidades y ejidos van a aportar sus tierras para hacerse socios, a cambio de certificados que van a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores”. Pero como la ley agraria no establece que las tierras de ejidos y comunidades puedan ser aportadas a un fideicomiso, Carlos González describe tres posibles escenarios: 1) Que violen flagrantemente la ley e incorporen tierras ejidales al fideicomiso; 2) Que conviertan las tierras ejidales en tierras de pleno dominio (eso lo permite la ley), lo que equivale a que se sustraigan del régimen agrario ejidal o comunal, se conviertan en propiedad privada y se incorporen al fideicomiso; 3) Que modifiquen la ley agraria para permitir este tipo de operaciones. Pero en cualquiera de los tres casos, explica, “lo que estamos viendo es la privatización de la tierra social, ejidal y comunal”.

Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, ha dicho que el Fideicomiso es una garantía para que los campesinos no vendan sus tierras, sino que las aporten para que ellos sigan siendo dueños, “pero nada garantiza que ya constituido el Fibra y aportadas las tierras, éstas se mantengan bajo el dominio de los campesinos”, advierte el integrante del CNI. Y la historia se impone. “Lo que vivimos en este país desde el primer proceso de privatización de tierras, en el siglo XIX, es que los campesinos fueron arrinconados a la mayor pobreza y obligados así a vender sus tierras”. Como ahora.

Carlos González no duda: “El tren maya está inscrito en proyectos más generales y en una lógica neoliberal capitalista. El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no se aleja del paradigma neoliberal, aunque se refiera a este periodo como algo acabado”. Y esto, dice, “hay que señalarlo porque es fundamental para desnudar proyectos como el del Tren Maya, entre otros”.

En el ciberforo, en el que participaron Pedro Uc, Sara López y Ángel Sulub, voces del CNI de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, respectivamente, González desglosó los parámetros neoliberales del actual gobierno federal, entre los que destacó el respeto a la autonomía del Banco de México; la propulsión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), piedra angular de la política neoliberal; y la privatización de bienes y recursos colectivos, entre otros, que dan cuenta de un neoliberalismo vigente en este país.

De la misma manera, puntualiza, para este gobierno “son intocables los pilares de la corrupción neoliberal, tales como los empresarios Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Ricardo Salinas Pliego, los cuatro hombres más ricos de México, aliados y amigos del presidente y de su proyecto, que se hicieron millonarios al amparo de la corrupción neoliberal. Slim amasó su gran fortuna de los fraudes de las privatizaciones realizadas durante el gobierno de Carlos Salinas, específicamente con la venta de Teléfonos de México. Salinas Pliego por la venta de Imevisión, hoy TV Azteca; y Germán Larrea y Baillères crecieron por la metalurgia y la minería. Larrea, entre otras cosas, es acusado de no haber permitido el rescate de los mineros en Pasta de Conchos”.

¿Y quiénes han ganado las licitaciones para la construcción del Tren Maya?, se pregunta. “Para el primer tramo, la empresa portuguesa Mota-Engil en convenio con China Communications Construction Company. Motal-Engil tiene un gran consorcio inmobiliario en Nayarit, donde los campesinos han sido despojados de sus tierras de manera violenta. Y China Communications es poco transparente y ha sido señalada de cometer diversos fraudes”.

Y la construcción del segundo tramo del tren lo ganaron dos empresas: Operadora Cicsa, propiedad de Carlos Slim, y FCC Construcción, de la cual el mismo empresario tiene una participación accionaria mayoritaria. De tal manera que este tramo, acusa el abogado, “es el símbolo principal de la corrupción neoliberal de este país”.

Reordenamiento territorial. El Tren Maya, indica el miembro del CNI, está articulado con otros proyectos en el país: “el Corredor Transístmico (entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos) y el Proyecto Integral Morelos (PIM), y juntos integran lo que se conocía como el Plan Puebla Panamá o el Proyecto Mesoamérica, ambicionado por grandes empresas, por el gobierno de Estados Unidos y por los gobiernos neoliberales en turno de México. Estos proyectos pretenden reordenar los territorios del centro-sur del país, las migraciones y las fronteras, y obedecen a intereses geopolíticos de Estados Unidos, que tiene un interés fundamental en contener la migración de Centroamérica y del centro y sur de México. Adicionalmente, tienen la finalidad de sustraer el mayor número de recursos naturales que favorezcan a los grandes capitales”.

En resumen, señala González García, “tenemos un gran proyecto, no un trenecito, que busca redefinir fronteras, fijar la población en el centro-sur del país y generar nuevos procesos de despojo y explotación. Y junto con la ocupación de las tierras indígenas y campesinas y el saqueo de los recursos naturales, contempla también la explotación de la mano de obra local y la de migrantes centroamericanos”.

Desde que México se convirtió en nación independiente, explica, “nos han hablado de progreso y desarrollo”, pero “siempre que se construyen proyectos para el llamado progreso, quienes han ganado son unos cuantos a costa de la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas y a costa de la naturaleza, y es lo que se hace palpable en estos momentos de pandemia Covid-19, que se circunscribe en el capitalismo salvaje que está destruyendo la tierra y los ecosistemas”.

Por eso, sostiene, “estamos al límite. Y esto lo dicen no sólo la tierra y las comunidades, sino la ciencia misma. Se están agotando la condiciones de vida de la humanidad, en su relación con la naturaleza”.

Por todo esto, finaliza, los pueblos indígenas se organizan, pues “se tiene que frenar esta pesadilla”.

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